Los árbitros de Odebrecht en la mira

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En la edición del domingo 26 de marzo de 2017, este medio alertó de una serie de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUPC) que fueron aliados importantes de la constructora brasileña Odebrecht.

De la misma manera, en la publicación del viernes 8 de febrero de 2019 titulada “Así se negociaban los arbitrajes de Odebrecht”, se ratificó una vez más el rol importante que jugaron los árbitros hoy investigados por presuntamente integrar una organización ilícita dedicada a beneficiar a las empresas brasileñas a cambio de millonarias sumas de dinero.

Luego de más de dos años de la primera publicación, recién el Ministerio Público allanó cerca de 14 inmuebles de los investigados, que se habrían concertado previamente con los representantes de Odebrecht para que los fallos le sean favorables a la constructora.

De acuerdo con la información publicada en febrero de 2019 por EXPRESO, el exfuncionario de Odebrecht Ronnie Loor Campoverde ofreció a Horacio Cánepa el 1% del total de 13 arbitrajes bajo las premisas de que el 1% sea del monto bruto sin incluir IGV y la segunda que hayan sido pagadas por el MTC, a cambio de que realice su mayor esfuerzo a fin de que Odebrecht sea favorecido en dichos procesos arbitrales.

De los 13 laudos arbitrales, 10 salieron a favor y 3 en contra de Odebrecht. Cánepa Torre hizo los proyectos de los laudos arbitrales con excepción de tres procesos, que fueron los expedientes hechos por Emilio Casina Rivas.

Cabe resaltar también que, de acuerdo a lo publicado, entre octubre y noviembre de 2012, Loor Campoverde llamó por teléfono a Cánepa Torre para reunirse en las oficinas de Odebrecht y fue cuando le mencionó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le había abonado los primeros laudos y la única manera que tenía de pagarle era a través del Banca Privada de Andorra.

A fines del 2013, Cánepa Torre buscó a Randol Campos Flores a fin de proponerle el pago de dinero a cambio de favorecer a Odebrecht en los procesos arbitrales que tenía a su cargo. Después del primer pago, Randol Campos Flores conoció a Ronnie Loor Campoverde, con quien empezó a tener reuniones de manera directa en las oficinas de Odebrecht.

Cánepa Torre también “entregó dinero a los árbitros Luis Pebe Romero, US$ 30,000 por el expediente Nº 3072 y Luis Pardo Narváez US$ 20,000 por el expediente Nº 2083”.

EVALÚAN PRISIÓN PREVENTIVA
Hoy el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluará el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Germán Juárez Atoche para los 16 abogados que habrían favorecieron a la Constructora Odebrecht con US$ 254 millones en diversos arbitrajes en perjuicio Estado peruano.

Entre los afectados con esta medida se encuentran Humberto Abanto, abogado del exdirigente de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama; así como Fernando Cantuarias, Franz Kundmuller, Mario Castillo y Marcos Espinoza.

También están Alfredo Zapata, Daniel Linares, Alejandro Álvarez, Randol Campos, Emilio Cassina Rivas, Emilio Cassina Ramón, Luis Pardo, Richard Martín Tirado, Luis Pebe, Weyden García y Ramiro Rivera.

De acuerdo a lo detallado en el requerimiento fiscal, Abanto Humberto Abanto habría solicitado un bono de US$106 mil a cambio de influir con su voto en un laudo por la carretera Interoceánica Norte. Dicho pago también habría involucrado al árbitro Alejandro Álvarez Pedroza, y a los ex ejecutivos de Odebrecht Roger Llanos Correa y Ronny Loor Campoverde.

El documento detalla que el abogado también solicitó un monto de S/305,244, cuando solo debió cobrar S/169,881, según la tabla de honorarios del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Cabe mencionar que los arbitrajes en los que Humberto Abanto votó a favor de Odebrecht son los de IIRSA Norte (06(09/1013), IIRSA Norte (19/12/2012) e IIRSA Sur Tramo 3 (17/08/2013).

En el caso de Espinoza Rimachi habría recibido S/875,924 en forma de bono extraordinario a sus honorarios por el arbitraje en un caso de la carretera San José de Sisa; mientras que Cantuarias Salaverry es acusado de recibido S/105,000.

CASO GAMARRA ROIG
Todo empezó cuando en el cambio de gobierno de Alan García al de Ollanta Humala, en julio de 2011, el ejecutivo de Odebrecht, Antonio Martorelli, le habría propuesto al abogado peruano Celso Gamarra Roig ubicarlo en un puesto clave en el MTC en el nuevo gobierno humalista para que apoye a Odebrecht a conseguir proyectos o agilizar trámites de obras de ingeniería civil.

HORACIO CÁNEPA
Entre las medidas restrictivas solicitadas por la Fiscalía también se encuentra la de comparecencia restringida e impedimento de salida del país contra los investigados Horacio Cánepa Torre, Celso Gamarra Roig, Sergio Calderón Rossi y Héctor García Briones.

Cánepa es visto como uno de los abogados favoritos de la constructora brasileña, y los representó en reiteradas oportunidades para los procesos arbitrales de la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y en los de la Interoceánica Sur Tramo 3.

SELECTIVOS
Para el ex integrante de la Comisión Lava Jato del Congreso, Jorge Castro, las medidas dictadas por la Fiscalía demuestran el “desarrollo de un proceso selectivo” al no dictar presión preventiva contra Horacio Cánepa que, según detalló, jugaba un rol principal para Odebrecht.

“Horacio Cánepa era sumamente importante, la colaboración eficaz se le podía pedir a personas con un rol secundario. Por ese lado no se ha medido bien porque Cánepa participaba en cada proceso y es el que ha sacado mayores cantidades”, acotó Castro.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía debería inclinarse por las personas más relevantes de cada caso, pero resaltó que desde que se inició el proceso los fiscales están liberando de “total responsabilidad” a los “ejes centrales”.

“Si yo soy el que investigo, obviamente escojo los casos más relevantes, donde saben que con ellos se va a tomar la batuta y obtener mayores beneficios económicos. Ese es un rol que debe determinar, pero lamentablemente están viviendo al revés el proceso de investigación y eso no puede ser permisible”, añadió.

Castro lamentó la “reacción tardía” de la Fiscalía, porque dicho caso se dio a conocer por la Comisión Lava Jato hace dos años; y aseguró que el Equipo Especial en lugar de investigar está esperando que a través de la colaboración eficaz, los implicados se declaren responsables.

En esa línea, dijo que los colaboradores “nunca van a decir la verdad completa”, por el contrario siempre buscarán beneficiarse con sus propias declaraciones. Recordó en dicho caso la figura de Jorge Barata, quien en diferentes oportunidades negó el pago de sobornos al expresidente Alan García, mientras que Luis Nava desmintió dichos comentarios.

“Ellos están esperando conocer toda la verdad pero eso es falso, nunca van a decir la verdad, el proceso de investigación debe determinar el ámbito en que ellos han trabajado. Porque con la colaboración resultan diciendo solo la novela”, agregó.

POR: SCARLET REYES V.

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Texto e imágenes de: La Noticia Renovada
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