El JNE no debió permitir candidatear a los congresistas del Parlamento disuelto

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La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de permitir que quienes fueron congresistas del Parlamento disuelto constitucionalmente pudieran postular en enero del 2020 constituye un error sustantivo imperdonable.

El argumento no es jurídicamente consistente y su error está en circunscribirse a una exclusiva interpretación positiva o literal de la norma jurídica, un yerro muy común en los magistrados y, en general, en muchos hombres del Derecho. Si el Derecho fuera solamente lo que la norma jurídica dice, entonces debemos tirar al tacho a las demás fuentes del Derecho, esto es, costumbre, principios generales, jurisprudencia y doctrina. El Derecho no es solo la norma jurídica escrita. Los que así lo creen son aquellos que asumen que el Derecho es “papelito manda”. ¡Qué craso error! Lo voy a explicar.

La norma jurídica constitucional contempla la disolución del Congreso de la República cuando este ha negado la cuestión de confianza a dos consejos de ministros. Esa decisión jurídico-política despoja de iure a los parlamentarios de esa condición, convirtiéndolos en excongresistas.

El Derecho y la Ciencia Política asumen que los parlamentarios del Congreso disuelto han sido castigados con el despojo de sus investiduras y la disolución materializa la censura y el repudio social porque no han contribuido con la gobernanza estatal, a la que contrariamente pusieron muchos obstáculos en el camino.

La disolución no es general. Impacta de manera individual, con todos sus efectos, en cada uno de los congresistas defenestrados, arrancándoles todas las prerrogativas que el soberano -el pueblo- les concedió mediante el acto del sufragio universal.

Los parlamentarios disueltos, entonces, cómo es posible que hayan sostenido que la prohibición de postularse para una reelección sólo corresponde al proceso electoral de 5 años. Esa es una visión muy limitada del sentido ontológico del Derecho y del espíritu de la norma. La postulación de quienes fueron despojados de su calidad congresal constituye un oprobio al sentido común de la norma y a lo que finalmente quiere el Derecho, que es lo correcto y lo justo.

Por: Miguel Ángel Rodríguez Mackay

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Texto e imágenes de: La Noticia Renovada
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