EL COSTO DE LA INFORMALIDAD (FINAL) – VALOR.PE

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Por: Abraham Rivas Lombardi

La respuesta de un Estado medianamente organizado habría permitido mitigar las terribles consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, como ocurrió con países más pequeños que el Perú como Costa Rica o Uruguay, similares como Colombia, Chile o más grandes como Argentina. El sistema de salud habría reaccionado tras el obvio desconcierto inicial, los procedimientos de compras públicas permitirían dotar al país del equipamiento necesario para afrontar la emergencia, los bonos sociales del gobierno habrían llegado a los más necesitados, las actividades económicas claves como la minería funcionarían y las disposiciones para la reactivación habrían logrado ralentizar el frenazo económico de las empresas que generan el empleo masivo.

Lamentablemente, eso no ocurrió en el Perú. Ya habrá tiempo para evaluar a profundidad las decisiones del Presidente de la República, su Gabinete y equipo asesor en esta contingencia. Empero, ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿Cómo la informalidad coadyuvó a la expansión de la pandemia y la paralización de nuestra otrora expectante economía, poniendo al Perú en una estacada similar a 1883 y 1990?.

En primer lugar, ya hemos descrito el colosal tamaño de la economía informal y su correlato en el mayoritario empleo  no formal o independiente imperantes en el Perú[1]. En este contexto irresuelto por los sucesivos gobiernos la emergencia sanitaria dejó en el desamparo a millones de empresarios y trabajadores al ser cortadas sus actividades manu militari por la cuarentena rígida del gobierno. Una gran porción de la sociedad que vivía el día a día quedó sin sustento como consecuencia del pánico del gobierno respecto de la irrupción del COVID-19.

En segundo lugar, la ausencia de una data real en los Ministerios de los sectores sociales desvirtuó la iniciativa gubernamental de paliar los efectos de la cuarentena en la población vulnerable con bonos dedicados a cubrir sus necesidades más urgentes. Los veinte años de políticas sociales bajo control de la izquierda burocrática ha revelado su clamoroso fracaso. Lo mismo ha ocurrido con la data social poco confiable de las Municipalidades, que convirtieron mucha de la ayuda en ineficiente y fuente de corrupción.

Luego, está la escasa bancarización de la población, producto de la hostil política del sistema bancario hacia sus clientes durante décadas y el deliberado desinterés de los sucesivos regímenes. Así el acceso a los apoyos económicos del gobierno se desveló no solo parcial por una data irreal, sino además como una fuente de contagio por la aglomeración de ciudadanos en las instalaciones bancarias.

En cuarto lugar, nuestra indisciplina social tuvo indudable impacto en las consecuencias de la pandemia. Aquí una precisión ineludible, durante las primeras semanas – claves para la contención – una minoría significativa desobedeciendo las instrucciones oficiales burló la cuarentena y contribuyó a la expansión del virus en Lima, el norte y el oriente del país. Este fenómeno deberá ser materia de estudio en el futuro pues el incumplimiento de las normas explica la esencia misma de nuestra informalidad, conjuntamente con la irracionalidad normativa del aparato estatal.

Por el contrario, la desobediencia social a la cuEstablecer la imagen destacadaarentena durante las últimas semanas ha sido la inexorable consecuencia del fracaso del conjunto de medidas diseñadas y ejecutadas por el gobierno y su aparato estatal. Un régimen responsable debe asumir los costos políticos de sus errores y no echarlos encima de ciudadanos que luchan por subsistir.

Finalmente, las evidencias de corrupción pública y privada a la sombra de la emergencia sanitaria han expuesto lo más denigrante del ser humano. Desde altos oficiales comprando porquería que luego costaría la vida de sus colegas, hasta pseudo empresarios vendiendo equipamientos sin calidad mínima y a precios exorbitantes, han mostrado una realidad que debe ser castigada con la mayor rigurosidad. Nuestro inefable Congreso debió modificar el Código Penal duplicando las penas por delitos cometidos durante la emergencia, en lugar de perderse en leyes populistas que el TC enviará al archivo en su oportunidad.

Concluimos señalando que la pandemia del COVID-19 debe servir para sentar las bases de políticas públicas de formalización de la economía y el empleo, construcción de una data social confiable y de un sistema de salud pública razonablemente eficiente en calidad y cobertura. De lo contrario, dejaremos pasar de largo otra oportunidad para el Perú.

[1] Antes de la pandemia, estimaciones de Empleo formal: 4.7 millones, Empleo informal: 12.2 millones (Fuente: INEI, 2019, tomado por Actualidad Laboral, 2020). Hasta Abril de 2020 se perdieron solo en Lima Metropolitana 1.3 millones de empleos formales y para Mayo la proyección de empleos informales perdidos es de 4.8 millones a nivel nacional (Misma fuente).





Fuente: EL COSTO DE LA INFORMALIDAD (FINAL) – VALOR.PE

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