Caos, aglomeración de personas y peligro – Diario UNO

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Un terreno heredado de sus padres y conservado con empeño a lo largo de toda una vida se convirtió de un momento a otro en un verdadero vía crucis para un litigante de 89 años de edad debido a que el lugar fue invadido por una pare­ja de esposos que sigue en posesión gracias a un rosa­rio de decisiones del Poder Judicial que permiten que la legalidad sea superada por el delito.

El denunciante de ini­ciales, E.A.M (89), indicó que todo ocurrió en el año 2008 cuando su propiedad ubicada en la provincia de Yauyos, al este de Lima, fue invadida por Eladio Castro Castillo y su esposa Olinda Romero de Castro. En ese año hizo la denuncia por la vía penal en la Corte Su­perior de Cañete pero luego de 4 años las autoridades dis­pusieron que el caso pase a la vía civil.

“Tengo conocimiento que los invasores de mi propiedad no se han presentado al Juz­gado de Paz Letrado de Mala por un periodo aproximado de dos años. Considero que esto es un abandono dentro del proceso ya que pese a que estas personas (demandadas) fue­ron citadas por el juzgado en mención, no se presentaron”, señala el denunciante.

Dos años después, el 27 de noviembre del 2014, el Juz­gado de Paz Letrado de Mala realizó la inspección judicial en el terreno, diligencia en la que se midió el terreno con la presencia de ambas partes, el perito judicial y la jueza. La sentencia favoreció al deman­dante E.A.M señalando que la pareja estaba usurpando el terreno.

CONSIDERADOS REBELDES

La sentencia fue apelada y regresó a la Corte Superior de Cañete que ordenó que se haga una nueva inspección judicial. Sin embargo, esta corte no tuvo en cuenta que el demandante es adulto mayor, vive en Lima ciudad y ha presentado todos los documentos que acreditan la propiedad mientras que los invasores viven muy cerca de la zona que invadió y no presentaron documentos que acrediten que adquirieron el terreno.

Pero hay más, al inicio del presente proceso, por el año 2012, Teófilo Castro y su esposa fueron declara­dos rebeldes por el Juzgado de Paz Letrado de Mala en razón de no acreditar nin­gún documento o título de propiedad que de acuer­do a Ley deben presentar pero esto no ha sucedido. Con la paralización de las actividades del Poder Ju­dicial por el COVID-19, el demandante espera que le den prioridad a su caso y se haga justicia.

 

ALGO MÁS

PRIORIZAN JUICIOS DE ADULTOS MAYORES. El 2016 la Corte Suprema y las 33 cortes superiores de justicia del país indicaron que brindarían atención preferente a los procesos judiciales que involucran a adultos mayores, con la implementación de un sistema informático presentado por el Poder Judicial, sin embargo ello no ha ocurrido.

 

ALEJANDRO ARTEAGA
Editor Actualidad



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