“DISOLVER CONSTITUCIONALMENTE…” – VALOR.PE | Los mejores columnistas del Perú

0
176


Por: Abraham Rivas Lombardi

El pasado 30 de Setiembre se cumplió un año de la disolución del Congreso de la República por el presidente Martín Vizcarra, acto sobre el cual ya nos referimos meses atrás[1]. En enero de este año y con las Elecciones Extraordinarias ad portas un estrecho fallo del Tribunal Constitucional desestimó la demanda competencial del Congreso disuelto y sobre su contenido señalamos en aquella ocasión que: “… queda claro que la división ideológico-política en el TC fue determinante, por encima de las consideraciones jurídicas. Ledesma y su mayoría (4-3) le han dado al próximo presidente radical/autoritario el obús con que destruirá la separación de poderes y la democracia en la década que estamos comenzando.”

 

Dicha opinión sobre el contenido y trascendencia de la sentencia que brindó oportuna supervivencia política al señor Vizcarra no ha variado. Un año después, una desapasionada lectura de la Sentencia N° 006-2019-CC/TC nos lleva a la siguiente conclusión: la decisión a priori de la mayoría (4-3) era salvar la disolución y construyeron los argumentos para lograrlo. Es decir, el camino al revés. Por eso demoraron su resolución hasta el 14 de enero, doce días antes de los comicios, buscando escudarse en los hechos consumados.

 

Sobre los argumentos del voto de la mayoría algunos aspectos inolvidables. En primer lugar, ha dejado abierta la puerta para que el Gobierno haga cuestión de confianza sobre cualquier materia, así sea competencia constitucional de otros Poderes u Órganos Constitucionalmente Autónomos. Luego, convirtió el ejercicio de una facultad constitucional del Congreso – elegir a los magistrados del TC – en una materia opinable incorporando a la Defensoría y la CIDH a la discusión. Asimismo, desechó sin pudor que ya existía un procedimiento constitucional y legal para la elección de los magistrados, con dos modalidades normadas y una alta mayoría de 2/3 para la elección, con la implícita excusa que como la oposición tenía mayoría el procedimiento debía ser revisado.

 

La cereza del fallo es el considerando 183, donde reclamaron transparencia y dotar a la elección “… de un mayor escrutinio público sobre quiénes serán los futuros magistrados de este Tribunal…” ¿Y el artículo 201° de la Constitución? ¿Y el artículo 8° la Ley Orgánica del TC modificado por Ley N° 29926? Aparentemente no contaban si la oposición tenía la mayoría parlamentaria.

 

Así, en el considerando 184 la mayoría se brincó la separación de Poderes y la atribución de competencia constitucional al Legislativo para elegir a los magistrados del TC, sosteniendo que el PL de Reforma de la Ley Orgánica del TC estaba dentro de las competencias del Ejecutivo y podía alterar un procedimiento de elección en su fase final. Nuevamente, ¿Y el artículo 201° de la Constitución? ¿Y el artículo 8° la Ley Orgánica del TC modificado por Ley N° 29926?.

 

Decididos como estaban a sostener a Vizcarra, fue fácil atar este último argumento con la cuestión de confianza y pese a que formalmente la confianza fue otorgada al Gabinete Del Solar por el Congreso, salir avalando la denegatoria “fáctica” de la misma y convalidando la disolución del Poder Legislativo.

 

El precedente es tan grave que corresponderá entonces al nuevo Parlamento legislar sobre el procedimiento de disolución del Congreso, tal vez a nivel constitucional, de forma tal que el siguiente autócrata – que vendrá tarde o temprano – no pueda deshacerse de éste con tanta facilidad y romper el equilibrio constitucional con la anuencia de los miembros del TC.

 

Empero, pese a los escándalos que rodean a su entorno más cercano, el presidente Vizcarra puede estar tranquilo, está blindado por el TC, el Ministerio Público, el alto mando de las Fuerzas Armadas – próximo a renovarse – la concentración de medios, opinólogos varios y la torpeza del Congreso que engendró… hasta el 28 de Julio de 2021. Luego, los actores políticos de la disolución y sus ocasionales adláteres con cargo público deberán rendir cuentas antes el nuevo Congreso y el nuevo Tribunal Constitucional, como ya ocurrió con varios de sus antecesores.

 

Mientras tanto, los ciudadanos seguiremos “disfrutando” de las consecuencias de la disolución convalidada por el actual TC. Un Congreso improvisado, mediocre y agresivo desde su impericia, que actúa en función del calendario electoral, pero que es incapaz de fiscalizar al Poder Ejecutivo o concertar con éste una agenda legislativa post pandemia en el ámbito de la relación Parlamento-Gobierno, más allá de las bravatas de la vacancia presidencial y la negación de confianza al Gabinete Cateriano.

[1] “DISOLUCIÓN: UNA VALORACIÓN POLÍTICA” publicado en Valor.pe el 17.10.2019, “DISOLUCIÓN: UNA VALORACIÓN POLÍTICA (II)” publicado en Valor.pe el 24.10.2019, “TC: ENFRIAR EL PARTIDO” publicado en Valor.pe el 12.11.2019 y “26 DE ENERO: MÁS DUDAS QUE CERTEZAS” publicado en Valor.pe el 17.01.2020.





Fuente: “DISOLVER CONSTITUCIONALMENTE…” – VALOR.PE | Los mejores columnistas del Perú

Comentarios

comentarios

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here