Acusan a la Autoridad del Tren Eléctrico y Sedapal – Diario UNO

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La Contraloría remitió un informe de auditoría a la Procuraduría Pública para iniciar acciones penales en contra de siete funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), por presuntas irregularidades detectadas en la gestión de trabajos de reubicación de redes primarias de alcantarillado, en el distrito de San Juan de Lurigancho, correspondientes a la interferencia con la Línea 1 Tramo 2 del Metro de Lima, que ocasionaron en enero del 2019 el colapso de las tuberías en el tramo Pirámide del Sol que afectó a decenas de viviendas.

De acuerdo al Informe de Auditoría N° 9498-2020-CG/VICOS-AC, la actuación de los funcionarios ha causado a la fecha perjuicios económicos por US$ 2 677 368.48 por el tramo Pirámide del Sol, y S/ 16 827 563.34 por los tramos Bayóvar – Santa Rosa y Caja de Agua. Sin embargo estos montos se incrementarían, por encontrarse aun en ejecución los trabajos para la reposición integral de las tuberías de alcantarillado reubicadas en estas zonas del distrito.

La Contraloría precisa que dos funcionarios de la AATE habrían favorecido al Contratista Consorcio Tren Eléctrico, conformado por Odebrecht S.A. y GyM S.A, al permitirle que contrate directamente a una tercera empresa (IVC Contratistas Generales SRL) sin contar con marco legal, y cuya propuesta económica aprobó “extemporánea e indebidamente”, para que ejecute los trabajos de reubicación de interferencias con las redes primarias de agua potable y alcantarillado.

El órgano de control detectó que los funcionarios de la AATE dispusieron el pago al consorcio por los citados trabajos, por el monto de S/ 71 626 583.72, sin exigir el sustento técnico ni administrativo. Además, no gestionaron la contratación de la supervisión, conforme exigía la normativa de contrataciones y de presupuesto.

Ello ocasionó la ausencia total de controles técnicos, indispensables dada la magnitud de la obra, especialmente en las redes primarias de alcantarillado, cuya ejecución no se ciñó al expediente técnico aprobado cuatro meses después de iniciados los trabajos.



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