Investigan a fiscales del caso bunker de Chaclacayo – Diario UNO

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El Ministerio Público dispuso una investigación a las dos fiscales que liberaron de los 66 detenidos en el llamado “Bunker de Chaclacayo” donde la Policía encontró armas de fuego, licor y extranjeros con antecedentes penales.

La excarcelación cayó como agua fría en la Policía que señaló que los detenidos, en su mayoría venezolanos, estarían implicados en delitos como tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, trata de personas, e incluso asesinatos.

“La Oficina Descentralizada de Control Interno Lima-este del Ministerio Público abrió investigación preliminar por 30 días a la fiscal provincial Ada Marina Gotuzzo Ortiz y a la fiscal adjunta provincial, Carmen Elena Alva García, por presunta infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones”, señala un comunicado emitido ayer.

La investigación a ambas fiscales también dispuso que presenten un informe de hechos, en un plazo de 5 días hábiles, sobre la imputación que se les hace (infracción administrativa).

PENALISTAS A FAVOR

El penalista César Nakasaki consideró correcta que la investigación a los implicados se realice e libertad debido a que no se tratarían de delincuentes de alta peligrosidad. “Dado que estamos en un estado de pandemia y que los penales están hacinados, yo considero correcto que no se opte por la detención, salvo que se trate de organizaciones criminales o delincuentes de alta peligrosidad, pero por el incumplimiento de medidas de bioseguridad no me parece que ahora la opción sea la detención o las cárceles”.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio opinó en el mismo sentido pero agregó que la liberación no significa que no sean denunciados.

“El hecho que se les haya liberado no significa que no vayan a ser denunciados. Habría que ver porque delitos se les detuvieron, si el hecho de estar reunidos en una fiesta amerita una detención preliminar con miras a formalizar una investigación preparatoria y solicitar una detención preventiva. Entonces ahí lo que están haciendo es abrir una investigación administrativa para conocer las razones, si justificaban o no la liberación o no de estas personas”.



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