El delito no paga, pero sí cobra.

Por: Dr. Miguel Pérez Arroyo/Abogado penalista, Director General de INPECCP-CENALES.

Hace dos días, en una entrevista en medios, pude anticipar, que Alejandro Toledo estaría llegando a Perú sin mediar plazo de dilación, como mucho, dijimos, entre sábado y domingo. Mucho mucho el lunes, comenté en RPP. Además de establecer por lo suigéneris del caso que era posible que USA no esperara a que alguna autoridad policial peruana llegara a recoger al expresidente sino que incluso, podría enviarlo con funcionarios de policía especial del departamento de justicia (los Marshall), en vuelo comercial o conforme convenga con las autoridades peruanas. Ello ha sucedido conforme lo dicho.

Como peruanos no nos alegra que un expresidente nuestro vaya a detención en cárcel. En absoluto. Eso demuestra por un lado la orfandad moral de nuestras autoridades y que, como ya se ha dicho más de una vez, el camino más corto a la cárcel, hoy por hoy, en el Perú, es la política. Una realidad que nos entristece aún más.

Las autoridades que nos representan no debieran, en su mayoría, ser imputados, acusados y encarcelados. Debieran ser ejemplos de suficiencia ética y profesional para mirarnos a todos y decirnos cuales fueron sus aciertos, sin maculas en su haber y sin destinos carcelarios por medio. En ningún país de Latinoamérica y quizás del mundo entero existe otro país con tres expresidentes en cárcel y alguno otro por llegar a compartir edificio con él. Somos por tanto ¿el país más corrupto del mundo? Me niego a creerlo.

Lo cierto es que sí somos un país delictivizado e institucionalmente corrompido en todas sus estructuras. El hacer o dejar de hacer conforme las normas preceptivas funcionariales y en infracción al deber que corresponde o, hacerlo a cambio de dádivas, promesas o peticiones de ventajas, se ha vuelto una exigencia imperceptible por quienes detentan el poder y confunden el quid pro quo político con actos típicos de corrupción, cometiendo delitos a mansalva y que, en grado de contagio, trascurre a toda la sociedad en su conjunto. Es corrupto el de abajo, el del medio y el de arriba. Y nadie tiene legitimidad de pararlo, de detenerlo, de hacer lo que corresponda para que esto acabe en beneficio del pais y de todos los peruanos.

La Ley permite la colaboración eficaz del líder de la organización criminal. Del cabecilla, criminológicamente hablando. Pero sin posibilidad de eximirse de pena sino solo de rebajarla y de ser benevolentes en su situación procesal penal. Quien proteste inocencia a pesar de las pruebas en su contra, jamás podrá ser beneficiado con la colaboración. Y solo podrán ser pasibles de dichos beneficios si quien los pretende, rebaja sus pretensiones de libertad a cambio de nada, por el hecho positivo y proactivo de entregar información: sensible, efectiva e inédita, respecto de sus nexos con el poder corrupto en el país. Un poder corrupto que es transversal a todas las instituciones en la política y en las altas instituciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y Ministerio Público (de lo último ya lo pudimos ver en 2018, pero aún es insuficiente). El expresidente tenía y tiene información sensible respecto de todo ese entorno, es posible que sea así.

Esperemos que pronto nos diga algo, algo que al menos nos permita recordarle como el expresidente que delinquió pero que tambien colaboró con la justicia moral del país.