Bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú señalaron que la propuesta es inconstitucional y propusieron una nueva Constitución.
El Congreso de la República aprobó ayer en primera votación la norma propuesta por la Comisión de la Constitución, que regula la facultad que tiene un ministro y el presidente de concejo de ministros para invocarla, solo puede estar referida a materias de competencia del poder del Estado y no a reformas constitucionales.
Foto: Congreso de la República
Fueron 74 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones que tuvo el dispositivo legal promovido por la comisión presidida por la fujimorista Patricia Juárez. Se exoneró de una segunda votación con 80 votos a favor, 40 votos en contra y ninguna abstención.
La norma aprobada modifica el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Tuvo el rechazo de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú.
¿Qué plantea?
En su único artículo, plantea que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.
En sus disposiciones complementarias finales, indica que la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso.
¿Qué sigue?
El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de la decisión. Los alcances de la presente ley no tienen consecuencias o impacto retroactivos y rigen a partir del día siguiente de su publicación.
La Junta de Portavoces del Poder Legislativo llegó a un acuerdo para priorizar el debate del dictamen de los proyectos de ley 3585, 4201, entre otros. Ambas legislaciones proponen la autorización del retiro de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta 4 UIT. La sesión será en el Pleno este jueves 11 de abril.
El pasado 26 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 3 en contra, que faculta a los afiliados de las AFP retirar S/. 20 mil 600, que equivale a 4 UIT.
De aprobarse y sin observaciones desde el Ejecutivo, este dictamen se convertiría en ley. La persona asociada a la AFP tendrá 90 días para envíar su solicitud.
Su abogado ha confirmado que el gobernador se presentará en el Palacio Legislativo a las 15:00 horas
Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, ha sido convocado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar detalles sobre los relojes Rolex entregados a la presidenta Dina Boluarte, quien está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
Según la agenda, la sesión está prevista para este martes a las 15:00 horas y se llevará a cabo en formato semipresencial.
Humberto Abanto, abogado defensor del gobernador de Ayacucho, ha confirmado la asistencia de su cliente al Palacio Legislativo. El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), tiene la intención de indagar sobre los pormenores de la adquisición de los artículos de lujo, incluyendo fechas, lugares de compra, precios, comprobantes de transacciones y su declaración ante las instancias pertinentes, como Contraloría.
Durante esa reunión, se discutirá si presentará una solicitud para establecer una comisión investigadora sobre el caso conocido como Rolexgate. En una reunión previa a la que Boluarte fue convocada pero no asistió debido a un «estatus especial de inmunidad» que argumentó, se aprobó la presentación de la solicitud, aunque posteriormente se reconsideró.
También se ha convocado a declarar a Zósimo Cárdenas, gobernador de Junín, y a Werner Salcedo, gobernador de Cusco, para esclarecer si llevaron a cabo una recaudación de fondos para la presunta compra de un artículo de lujo de origen francés, con la intención de entregárselo a la mandataria a cambio de recibir beneficios en el presupuesto público.
