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Política

Congreso persiste en la aprobación de la ley sobre el servicio de mototaxis

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El Congreso prosigue en la promulgación de la ley sobre el servicio de mototaxis, incluyendo las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo

El Congreso reiteró la aprobación de la ley que integra a los mototaxis en el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Rural.

El texto original de la ley fue objeto de observaciones por parte del Poder Ejecutivo en varios aspectos. La Comisión de Transportes, presidida por Eduardo Salhuana (APP), aceptó varias de estas observaciones.

Por lo tanto, el texto aprobado hoy establece que esta ley abarca a «vehículos automotores menores, categoría vehicular L5», lo que incluye a los conocidos como mototaxis.

Además, en respuesta a otra observación del Ejecutivo, se aclara que los que brindan servicios a través de estos vehículos son personas jurídicas o empresas.

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Supervisión del servicio

De la misma manera, se ha establecido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones será responsable de mantener el registro único de los proveedores de este servicio. Inicialmente, la versión observada de la ley asignaba esta responsabilidad a los municipios.

El control, fiscalización y aplicación de sanciones para el servicio de transporte mencionado recaerá en las autoridades locales, afirmó Salhuana.

El congresista subrayó que el propósito de la ley aprobada es asegurar que el servicio de transporte ofrecido en estos vehículos se realice de forma eficiente y segura.

La aprobación de este asunto contó con 109 votos a favor y una abstención.

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Ampliarán investigación contra miembros de JNJ

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Denuncian a Salas Arenas por permitir candidatura de Antauro

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El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por permitir la inscripción del partido liderado por Antauro Humala Tasso, quien estuvo 17 años en prisión por el “Andahuaylazo”.

Cavero señaló al titular del JNE como “responsable político” de “admitir a un actor antidemocrático en el sistema electoral” y consideró que, “al dar luz verde a la participación del movimiento del hermano de Ollanta Humala”, cometió una “infracción a la Constitución que merece un antejuicio político y su posterior destitución por el Pleno del Congreso”.

Según el parlamentario, la participación del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), “podría causar un profundo e irreparable daño al tejido democrático de nuestro país” y advirtió que “el Jurado ignoró evidencia que vincula a Antauro con la fundación, ideológica, funcionamiento, y liderazgo de este partido”.

Agregó que el eventual candidato presidencial, condenado por delitos de homicidio simple con dolo eventual, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, “no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento y ahora busca participar de la democracia para socavarla desde adentro”.

“Si creíamos que en el año 2021 corríamos un grave riesgo con Pedro Castillo, con Antauro en el 2026 nuestro país enfrentará un peligro aún más latente”, advirtió.

 



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Política

Congreso: proponen cadena perpetua para casos de corrupción

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El proyecto de ley contempla casos graves que perjudiquen las arcas del Estado

El congresista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de ley que propone imponer cadena perpetua para los casos graves de actos de corrupción.

Según el proyecto de ley, la iniciativa busca incorporar el artículo 425-A en el Código Penal, con el fin de aplicar esta pena en casos que involucren la gravedad del delito, el perjuicio al patrimonio del Estado y/o la afectación a la correcta administración pública.

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La máxima sanción se aplicaría a casos graves como abuso de autoridad, condicionamiento ilegal en la entrega de bienes y servicios, nombramientos o designaciones ilegales, concusión, cobro indebido, patrocinio ilegal, peculado, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho, corrupción pasiva, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“El funcionario público tiene la confianza de la población en que protegerá adecuadamente los recursos que sirven para la garantía de los derechos fundamentales de todos, a través de una adecuada y suficiente prestación de los servicios públicos”, menciona.

Aumento en casos de corrupción

Pariona fundamenta su propuesta destacando la magnitud del problema de la corrupción en el Perú. De acuerdo con estimaciones de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, la corrupción ha superado los 24 millones de soles y hay más de 40 mil procesos relacionados con corrupción en trámite desde diciembre de 2022.

 





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