El ingeniero Rafael López Aliaga se presentó ante el Tribunal Constitucional para exponer sus argumentos sobre la demanda de habeas corpus contra Rutas de Lima que busca la eliminación de los cobros abusivos en contra de la población que más necesita de Lima Norte.

En audiencia pública el burgomaestre presentó hechos que defienden su posición:

– La señora Susana Villarán ha reconocido públicamente que ha recibido coima de Odebrecht y otras empresas más para firmar el acuerdo de concesión de Rutas de Lima.
– Es un hecho público también, que su gerente general José Miguel Castro se ha acogido a colaborador eficaz.
– También hay un reo en cárcel ya sentenciado, el señor Arzubialde, el gerente de promoción a la inversión privada de la MML.
– Odebrecht es la mayor organización criminal en la tierra. En EE. UU. más de 10 países.
– La fiscalía ha acusado y ha pedido 29 años de cárcel para Villarán.
– La justicia de EE. UU. ya cobró una multa de inicial de 2 600 millones de dólares a Odebretch por sus actos de corrupción en Perú y en otros países más, y después ha cobrado mil millones de dólares más.

Asimismo, expresó el malestar y afectación económica que genera a más de 2 millones de habitantes tanto en Lima Norte como en Lima Sur. “El 9 febrero de 2013, la Municipalidad de Lima con la señora Villarán al frente, firma este contrato entrecomillas porque para mí no es un contrato, un contrato tiene que tener fin lícito, tiene que tener voluntad lícita y representar, no es la señora Villarán buscando plata, está representando a toda la población que la eligió”.

Agregó también que “el contrato de concesión fue modificado 33 veces, o sea se rompió el equilibrio económico 33 veces. Sin aprobación del MEF y la Contraloría”. Odebrecht no invirtió ningún centavo, el 10 % lo vendió por 37 millones de dólares y es lo que ellos habían invertido.

El alcalde destacó que ha habido un incremento desproporcional en los peajes que iniciaron con S/2.11 ahora S/6.50 pero ya enviaron su carta que subirán este año a S/7.50 y el próximo año a S/8.50 y según su algoritmo iría hasta S/16.70.

Concluyó su discurso señalando que lucha por llevar comida, agua, internet y educación a los más pobres. Resaltó que “la corrupción mata la inversión honesta y afecta a los más vulnerables”.

De otro lado, los magistrados emitirán sus votos y anunciarán su fallo.

También que se declare nula toda la investigación

El ex mandatario Pedro Castillo Terrones compareció ante el Tribunal Constitucional (TC) con el propósito de solicitar que se le conceda la libertad de manera inmediata y se restituya la situación previa a su detención el 7 de diciembre de 2022.

Durante su intervención ante el pleno del TC, Castillo Terrones sostuvo que su arresto se llevó a cabo bajo la acusación de haber cometido un delito en flagrancia. No obstante, afirmó que su única intención era llevar a su familia a la embajada de México para resguardar a sus hijos y esposa. Posteriormente, aseguró que tenía la intención de regresar al Palacio de Gobierno.

«En ese momento he sido apresado y violentado en mis derechos constitucionales como es el derecho a la libertad y a un debido proceso dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, hoy se demuestra con los hechos es una líder de una presunta organización criminal, que ha planeado con altos mandos de la policía y cierto grupo de congresistas para acabar con mi gobierno y mi gestión porque no pertenezco, según ellos, a esta élite, por no estar de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia», expresó.

El ex presidente afirmó que ha sido tratado injustamente por el Ministerio Público y pidió que se anulen y declaren sin validez todos los procesos legales, administrativos y acciones llevados a cabo después de su arresto.

«Claro está ha habido un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional», aseveró.

La intervención de Castillo Terrones se produce durante una sesión del TC destinada a revisar un recurso de hábeas corpus presentado por su equipo legal con el objetivo de lograr su liberación.

En este contexto, después de la declaración del expresidente, el abogado Eduardo Pachas Palacios tomó la palabra, solicitando la anulación de la detención preventiva de su representado, acusado de presunta rebelión (o alternativamente, conspiración para rebelión) en perjuicio del Estado.

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Pachas Palacios también puso en duda la validez del proceso de destitución llevado a cabo en el Congreso de la República, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales necesarios para su presentación y aprobación. En la audiencia, también participó el abogado representante del Parlamento.

Por otro lado, en el Poder Judicial, estaba prevista una audiencia para revisar la posibilidad de levantar la prisión preventiva a Pedro Castillo por cargos de rebelión y otros delitos. No obstante, a solicitud de la defensa del ex presidente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha decidido posponer la audiencia.

Actualmente, Pedro Castillo se encuentra bajo prisión preventiva en el Penal de Barbadillo.