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Política

Fiscalía inició investigación preliminar contra Alberto Otárola

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Premier será investigado por ser presunto instigador del delito de colusión

La Fiscalía ha comenzado una investigación inicial contra el primer ministro Alberto Otárola por supuestamente estar implicado en la comisión de los delitos de colusión simple y agravada en detrimento del Estado, debido a su presunta participación en la contratación irregular de Rosa Rivera Bermeo por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Este organismo está bajo la jurisdicción de la Presidencia del Consejo de Ministros, que él dirige.

Según los informes, la investigación se extiende a Carlos Figueroa Henostroza y Martín Villafuerte Kanemoto, quienes ocupan los cargos de presidente ejecutivo y gerente general de Devida, respectivamente.

Asimismo, se les señala como posibles responsables de colusión simple y agravada, al igual que a Rivera Bermeo, quien es sospechosa de estar involucrada en los mismos delitos.

Sin embargo, el proceso de indagación fiscal no abarca a Yaziré Pinedo, una amiga más del jefe del gabinete, quien al igual que Rivera recibió, órdenes de servicio de Devida por S/27,000 cada una, justo después de reunirse con Otárola, según lo informado por el programa Panorama.

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Después de la denuncia, el primer ministro negó cualquier implicación en actividades corruptas y ahora debe esclarecer este asunto ante las autoridades judiciales.





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Denuncian a Salas Arenas por permitir candidatura de Antauro

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El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por permitir la inscripción del partido liderado por Antauro Humala Tasso, quien estuvo 17 años en prisión por el “Andahuaylazo”.

Cavero señaló al titular del JNE como “responsable político” de “admitir a un actor antidemocrático en el sistema electoral” y consideró que, “al dar luz verde a la participación del movimiento del hermano de Ollanta Humala”, cometió una “infracción a la Constitución que merece un antejuicio político y su posterior destitución por el Pleno del Congreso”.

Según el parlamentario, la participación del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), “podría causar un profundo e irreparable daño al tejido democrático de nuestro país” y advirtió que “el Jurado ignoró evidencia que vincula a Antauro con la fundación, ideológica, funcionamiento, y liderazgo de este partido”.

Agregó que el eventual candidato presidencial, condenado por delitos de homicidio simple con dolo eventual, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, “no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento y ahora busca participar de la democracia para socavarla desde adentro”.

“Si creíamos que en el año 2021 corríamos un grave riesgo con Pedro Castillo, con Antauro en el 2026 nuestro país enfrentará un peligro aún más latente”, advirtió.

 



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Política

Congreso: proponen cadena perpetua para casos de corrupción

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El proyecto de ley contempla casos graves que perjudiquen las arcas del Estado

El congresista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de ley que propone imponer cadena perpetua para los casos graves de actos de corrupción.

Según el proyecto de ley, la iniciativa busca incorporar el artículo 425-A en el Código Penal, con el fin de aplicar esta pena en casos que involucren la gravedad del delito, el perjuicio al patrimonio del Estado y/o la afectación a la correcta administración pública.

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La máxima sanción se aplicaría a casos graves como abuso de autoridad, condicionamiento ilegal en la entrega de bienes y servicios, nombramientos o designaciones ilegales, concusión, cobro indebido, patrocinio ilegal, peculado, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho, corrupción pasiva, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“El funcionario público tiene la confianza de la población en que protegerá adecuadamente los recursos que sirven para la garantía de los derechos fundamentales de todos, a través de una adecuada y suficiente prestación de los servicios públicos”, menciona.

Aumento en casos de corrupción

Pariona fundamenta su propuesta destacando la magnitud del problema de la corrupción en el Perú. De acuerdo con estimaciones de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, la corrupción ha superado los 24 millones de soles y hay más de 40 mil procesos relacionados con corrupción en trámite desde diciembre de 2022.

 





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