El caso de Díaz se conoció a finales de julio, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación sexual en un acto que habría cometido en las oficinas parlamentarias.

El caso de Díaz se conoció a finales de julio, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación sexual en un acto que habría cometido en las oficinas parlamentarias.

El Ministerio Público solicitó este miércoles nueve meses de prisión preventiva para el legislador Freddy Díaz, contra quien se formalizó una investigación preparatoria tras la denuncia por violación sexual a una extrabajadora de su despacho.

El pedido fue elevado al Poder Judicial por Zoraida Ávalos, titular en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Este jueves 12, desde el mediodía, el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, evaluará la medida cautelar en una audiencia virtual privada.

En su requerimiento de prisión, la fiscal Ávalos alerta de la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”, como videos, testimonios, el acta policial y las pericias ordenadas posteriormente por la Fiscalía.

También sostiene que la prognosis de pena privativa de la libertad contra Freddy Díaz es superior a los cuatro años por el delito de ultraje en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, como para el de violación sexual agravada, que alternativamente se le imputa.

En el último punto, la magistrada calcula una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación, de acuerdo con la resolución publicada por Epicentro TV. En la víspera, el pleno del Congreso rechazó el informe final que buscaba inhabilitarlo de la función pública por diez años.

Con 60 congresistas a favor, 2 en contra y 21 abstenciones, el hemiciclo no alcanzó los 66 votos necesarios para aprobar el informe que elaboró la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento y que acusaba a Díaz de haber hecho un “mal uso del poder” para “sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo”.

La sesión parlamentaria pasó a ser reservada por solicitud del congresista, quien ejerció su defensa ante el pedido de diez años de inhabilitación de la función pública en su contra.

La propuesta de la subcomisión, que preside la conservadora Lady Camones, obtuvo el respaldo de la mayoría de los congresistas de grupos de derecha, entre ellos Fuerza Popular, Avanza País y Alianza por el Progreso, que sufragaron casi en bloque a favor.

Los grupos de izquierda votaron más divididos a favor o en abstención y solo dos legisladores no agrupados se opusieron al informe, que finalmente se quedó a seis votos de ser aprobado y pasó al archivo.

Denuncia blindada por el Parlamento

El caso de Freddy Díaz se conoció a finales de julio, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación sexual en un acto que habría cometido en las oficinas parlamentarias.

El congresista, quien fue expulsado del partido Alianza para el Progreso, negó las acusaciones y siguió acudiendo con normalidad a las sesiones parlamentarias hasta septiembre, cuando el pleno aprobó su suspensión por 120 días.

En aquella ocasión, el propio Díaz, sobre quien pesa una orden judicial de impedimento de salida del país, votó a favor de su suspensión por considerar que cometió “un hecho lamentable” al ingerir alcohol en el Congreso.