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Política

Juicio oral contra Toledo inicia el 11 de setiembre

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«Pero no es obra del equipo lava jato», aclaran

El Segundo Juzgado Penal Colegiado programó para el lunes 11 de setiembre, a las 09:00 a.m., instalación de la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y otros 6 acusados, por los delitos de colusión y lavado de activos, por el caso de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

En las redes sociales del Poder Judicial se anunció que la audiencia se realizará mediante la plataforma Google Meet.

El colegiado es presidido por la jueza especializada Zaida Pérez Escalante, y está integrado por sus colegas Ricardo Manrique Laura y Juan Roldan Ponte.

Junto al exmandatario Toledo Manrique están acusados Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós. Para todos ellos, el Ministerio Público pide se imponga 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad.

En tanto que, para los acusados Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco – Font y Avraham Dan On solicitó 9 años, y para Gonzalo Ferraro Rey 11 años y 6 meses.

El abogado penalista Julio Rodríguez dijo que el juicio oral contra Toledo no es obra del Equipo Lava Jato, integrada por Rafael Vela y José Domingo Pérez.

«Lo que sí es clarísimo es que ese caso está llegando a juicio, pero no es obra del Equipo Lava Jato. Esto ya se venía haciendo desde antes. No eran ellos los fiscales encargados», manifestó el abogado.

Señaló que Alejandro Toledo podría recibir hasta 15 años de prisión. «Estamos hablando de muchos años. No solo es el caso que se menciona, está el famoso escándalo de la compra de las acciones de las cerveceras», expresó.

Agregó que «en el caso Toledo ha habido cosas alucinantes, en cuanto a movimientos de dinero absolutamente irregular».

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Política

Otárola confirma que se aplicarán estrategias del Plan Bukele

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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que el Gobierno buscará replicar las estrategias “más importantes” aplicadas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en materia de seguridad y sistema penitenciario.

Otárola Peñaranda calificó “eficiente y moderna” la infraestructura carcelaria que ha implementado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos. “Si funcionan estos penales bien en otros países, pues hay que traer la experiencia y, lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla al Perú”, manifestó.

El premier agregó que es necesario evaluar qué estrategias son aplicables en nuestro país. “Desde luego que sí. No todas, pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener”, señaló. Sostuvo que el Gobierno quiere “penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos”.

Además, justificó el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a El Salvador para intercambiar experiencias sobre políticas públicas en materia de seguridad y lucha contra el crimen.



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Política

Relatora de la ONU rechaza el intento de destituir a la JNJ

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Margaret Satterthwaite expresó preocupación por los “persistentes esfuerzos” del Parlamento para disolver la JNJ

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, manifestó su inquietud por los reiterados esfuerzos del Congreso para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Comparto la preocupación expresada por muchos ante los persistentes esfuerzos por destituir a la JNJ, una institución encargada de tomar decisiones clave para la integridad del sistema judicial peruano y de su sistema electoral”, fue el primer mensaje de un largo hilo que compartió Satterthwaite en X (antes Twitter).

La relatora especial destacó que la JNJ desempeña principalmente el papel de un Consejo de la Judicatura, encargado de supervisar el desempeño adecuado de los magistrados (jueces y fiscales en el caso de Perú) en sus funciones. Según Satterthwaite, esta función asegura la independencia judicial y la separación de poderes.

El derecho a un juicio justo requiere de un juez imparcial, estrechamente vinculado a la actuación libre e independiente de la JNJ, y es por ello que lo que está ocurriendo hoy en Perú nos preocupa a todos. Cualquier mecanismo de rendición de cuentas de los operadores de justicia, en un sistema democrático, debe ser respetuoso de las garantías de independencia judicial”, añadió.

Leer aquí:

Congreso destituirá e inhabilitará a los miembros de la JNJ

El comunicado de la relatora especial de la ONU llega en un momento en que el informe final, que sugiere destituir e inhabilitar por 10 años a los consejeros, está próximo a ser votado en el Pleno del Congreso. Además, en la agenda del pleno de este viernes 1 de marzo se encuentra una moción para remover de inmediato a los miembros de la JNJ por la suspensión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Una administración de justicia independiente es la primera línea de protección de los derechos humanos de todos y garantiza el derecho a exigir justicia. Respetar el Estado de Derecho y fomentar la separación de poderes y la independencia de la justicia son requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la democracia”, confirmó Margaret Satterthwaite.

Más pronunciamientos

Las organizaciones civiles Transparencia y Proética emitieron comunicados instando al Congreso a abstenerse de promover acciones que pudieran comprometer la separación de poderes, especialmente en lo que respecta a la eventual destitución de la JNJ.

Si bien es cierto que el Congreso de la República tiene la facultad de destituir a sus miembros por falta grave, la sanción propuesta es manifiestamente desproporcionada a la supuesta falta. Estas acciones revisten especial gravedad, pues parte de las responsabilidades de la JNJ consiste en sancionar jueces y fiscales y en seleccionar el liderazgo de los organismos electorales”, se lee en el comunicado de Transparencia.

Los asociados de Proética tienen diferentes evaluaciones sobre el desempeño de la JNJ, pero coincidimos en que una decapitación exprés de sus miembros, como se propone en ciertos sectores del Congreso de la República, puede empeorar las falencias de la justicia peruana, y convertirse en un acto más de politización del sistema”, alegó Proética.

Proética también se opuso al proyecto de ley presentado por Perú Libre para declarar en emergencia el Ministerio Público y suspender de manera arbitraria a todos los fiscales supremos.

Leer aquí:

“Bancadas aliadas del Gobierno arrastran al Congreso en su caída”





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