La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó por mayoría un nuevo dictamen sobre regulación de la publicidad estatal, en el cual se establece, entre otros, la exigencia a las entidades públicas de contratar con medios de comunicación locales en pro de una supuesta “descentralización” de la información y recursos. El tema ya pasó a manos del Pleno, la última instancia.
En el texto, aprobado el miércoles por el grupo de trabajo que preside el legislador Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), se establece que queda prohibido “excluir” a medios que operen en los distritos, provincias y regiones.
Para ello, en el caso de la radio y la televisión, se establecen porcentajes a cumplir, “bajo responsabilidad del titular del pliego”.
Así, en caso de que los mensajes sean dirigidos a nivel nacional, y sean contratados por una autoridad de competencia nacional, el 30% como mínimo deberá ser adjudicado a medios locales.
Asimismo, cuando los mensajes sean dirigidos a una determinada localidad, y sean contratados igualmente por una autoridad nacional, el 50% de la distribución deberá ir a los medios locales.
Y cuando se trate de mensajes dirigidos para un distrito, provincia o región, y estos sean contratados por una autoridad local, el 70% como mínimo deberá ir a los medios de la zona.
Entre los otros cambios planteados está la eliminación de la intervención obligatoria de las centrales de medios y otros, por lo que se fomenta a que los medios locales contraten directamente con las entidades de los tres niveles de gobierno. Esto representa claramente un direccionamiento político del dinero del Estado.
“Queda prohibido que las empresas especializadas en elaborar la pauta de los avisos (centrales de medios u otros) cobren porcentajes o pago adicional alguno”, se indica.
El dictamen tiene deficiencias, pues incluso usa falsos cuadros adjuntos en donde se consigna como “pagos por publicidad estatal” a medios, lo que en realidad se trata de préstamos a través del programa Reactiva.
Todo esto no es un tema nuevo y, de hecho, ya había sido observado al término del anterior gobierno, al advertirse una serie de falencias y cuestionamientos como la libertad de empresa, el principio de competencia. El proyecto fue desempolvado y puesto nuevamente sobre el tapete en el nuevo Congreso.
Fuente: Perú 21 Foto: Comunicaciones del Congreso
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