Miniwa trae al mercado este producto, con el fin de simplificar la entrega y recojo de productos, facilitando el proceso para los emprendedores.   César Flores, dueño de Miniwa, explicó las funcionalidades de esta incorporación. “Disminuimos los costos de distribución, creamos una nueva experiencia en el recojo de los productos, y contribuimos a la reducción del monóxido de carbono”, explicó. Además, indicó que este producto está dirigido a las MYPES, pues se busca brindar la oportunidad a aquellos emprendedores que no tienen, necesariamente, una tienda física, ya que cumplirían la labor de presentar a la marca a través de puntos estratégicos como grifos o centros comerciales.   “Los Smart lockers son un complemento, no excluyente. Lo que queremos es reducir la complejidad en el delivery. Incentivamos al empresario a tener más ventas, lo cual significa más oportunidad de empleo”, aclaró el dueño de Miniwa, quien, por otro lado, resaltó los problemas que tiene como empresario con las importaciones. “Esta experiencia de importar, imagino que a muchos emprendedores les ha pasado, todavía no es 100 por ciento eficiente”, contó el dueño de Miniwa.   Finalmente, Flores hizo un llamado al Estado para que brinden el soporte adecuado. “Pido al gobierno, por favor, que siga apoyando a los emprendimientos, a través de ProInnovate, quienes han ayudado a los emprendedores. Hay que recordar que un gran porcentaje en el país son de MYPES y PYMES”, finalizó. Si desea adquirir los productos de Miniwa, puede buscarlos las redes sociales o llamar al número 945207490

Mediante una nota de prensa, la empresa dio a conocer los logros que han alcanzado tras la ayuda prestada para la inmunización en el Perú.  

En el escrito, indicaron que más del 90% de socios conductores han logrado volver a sus labores como parte de la reactivación económica. “El uso de la app ha aumentado gracias a nuestra estrategia de innovación y diversificación de nuevas opciones que entienden los nuevos hábitos de los usuarios. Una de estas nuevas alternativas es Uber Flash, para solicitar envíos de artículos, que a la fecha más de 150.000 personas han utilizado en Lima”, señaló Spencer Friedman, gerente general de la empresa para Perú.   Las aplicaciones de taxis y envíos se han convertido en una herramienta clave para el reinicio de las actividades económicas, ya que estas permiten que los conductores tengan flexibilidad e independencia para trabajar.

“La pandemia ha demostrado, como nunca antes, que tener acceso a oportunidades flexibles de ganancias es clave para la reactivación económica del país. Son miles las personas que perdieron su empleo o disminuyeron sus ingresos durante la C-19”, añadió Friedman.   Como parte de su compromiso de empoderar a las personas con una alternativa de movilidad a través de la innovación y la tecnología, Uber viene apoyando la vacunación en Perú a través de la donación de 62,000 viajes. Así, durante el periodo pico de la pandemia brindó apoyo económico por hasta 14 días para socios conductores diagnosticados con COVID-19 o puestos en cuarentena. A nivel global, ha dedicado más de USD 50 millones para la compra y reembolso de productos de protección contra el virus.

Según la consultoría, las medidas anunciadas por Mirtha Vásquez dan un mensaje contradictorio a lo dicho por el presidente Pedro Castillo en otras oportunidades.

“Este anuncio se dio pocas horas después de los discursos del presidente Pedro Castillo y del ministro de Economía, Pedro Francke, en la CADE 2021, en los cuales expresaron la voluntad del gobierno de promover la inversión privada y el empleo, respetando el estado de derecho y reconociendo el aporte del sector privado al crecimiento”, indicaron.   Con relación al pedido de facultades legislativas que ha realizado el poder Ejecutivo, APOYO indica que este debe negarse ya que han demostrado una inconsistencia entre sus dichos y acciones. “Consideramos que el Congreso no debería delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en ningún ámbito, pues, adicionalmente, se estaría poniendo a la economía en riesgo de que cualquier medida que se dicte no sea consistente con lo indicado en la exposición de motivos y lo explicado -hasta ahora- por algunos ministros”, puntualizan.   Por otro lado, la consultoría opinó que las acciones del gobierno muestran un desconocimiento del proceso productivo minero. “Los proyectos mineros pasan por cuatro fases: exploración, construcción, explotación-exploración y cierre de minas. Todos los proyectos mineros formales tienen que establecer una fecha de cierre de mina, que equivale a una licencia de funcionamiento para cualquier empresa”, explicaron mediante un comunicado.

El mercado recibió bien la apertura al diálogo del gobierno de Pedro Castillo, sin embargo advierten que los riesgos persisten.   Jefferies Group precisó mediante un informe que “las mineras de cobre no peruanas, como Antofagasta, son las claras ganadoras relativas si la producción de cobre en Perú se ve afectada por factores políticos”.

La inversión minera en Perú se está desacelerando, debido al riesgo político asociado al gobierno de Pedro Castillo, marco en el que se verían beneficiadas las mineras chilenas, de acuerdo al banco de inversiones estadounidense Jefferies.   El gobierno anunció el viernes pasado el cierre de cuatro minas en la región de Ayacucho, en la zona centro sur del país.

Esto con el objetivo de proteger “ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios”, según explicó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tras visitar la zona en cuestión y reunirse con sus comunidades.   “Si bien aún no hay evidencia real de una represión más amplia contra la industria minera nacional como resultado de preocupaciones ambientales, creemos que el riesgo de mayores impuestos mineros (como mínimo) en Perú conducirá a una menor inversión en nuevos proyectos mineros en el país”, sostuvo a la luz de los hechos el analista de Jefferies, Christopher LaFemina.

Son 25 los municipios de Lima que aún no invierten ni la mitad de su presupuesto en obras a pocas semanas de culminar el año 2021.   A más de 11 meses de iniciado el 2021, y a unas cinco semanas de terminar el año, las municipalidades de Lima Metropolitana aún no han ejecutado la mayor parte de su presupuesto destinado a obras, según datos de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Los distritos tienen pendiente la ejecución de S/ 700 millones que representan un 42.4% de los recursos.  

Los cinco distritos con menos avance en el uso de recursos son San Juan de Miraflores (22.2%), San Juan de Lurigancho (22.1%), Surco (21%), Breña (19.2%) y Punta Negra (18.9%). Solo en el caso de San Juan de Miraflores, la información del MEF indica que en 22 proyectos planteados para este año no se ha ejecutado ni S/ 1. En el caso de San Juan de Lurigancho, son 15 los proyectos que cuentan con recursos que no han sido ejecutados.  

Incluso en algunos distritos en los que se aumentó el presupuesto, la ejecución ha sido mínima, tal es el caso de Punta Negra. A este municipio se le duplicó el presupuesto de S/ 2.3 millones a S/ 4.7 millones, pero solo se ha usado un 18%. Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) está entre las que registran mayores avances en la ejecución del presupuesto para obras, empleando el 70% de recursos.

El gremio de bancos consideró que la reciente incertidumbre generada por un eventual cierre de minas en Ayacucho “afecta el patrimonio de ahorristas y aportantes”.   La Asociación de Bancos del Perú advirtió que la inestabilidad generada por los entredichos del Poder Ejecutivo tiene un impacto en el valor de los ahorros de sus clientes. “Las medidas anunciadas no respetan el Estado de Derecho y generan inestabilidad al desconocer el marco legal que rige la actividad minera. Esto tiene graves consecuencias económicas para todos los peruanos y peruanas, especialmente para las personas en situación de pobreza”, dijeron mediante un comunicado.   El gremio también aseguró que estas posibles medidas exponen al país a una rebaja de la calificación crediticia, lo que reduciría el crecimiento económico.

Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) descartó hoy que vaya a producirse un cierre de unidades mineras que cumplan con la ley, días después de que anunciara un eventual cese de operaciones de minas en Ayacucho.   “En relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes”, dijo la PCM mediante un comunicado difundido en redes.

El poder Ejecutivo reiteró que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar.   La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que durante la reunión entre miembros del Poder Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reafirmó su respeto a los derechos fundamentales al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa, en un contexto de estabilidad jurídica basado en el principio de predictibilidad para las inversiones privadas (pequeñas, medianas y grandes), y de mejora al entorno social y ambiental.  

Asimismo, recalcó que las “empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente”.

En tal sentido, precisó que serán las autoridades competentes las que evaluarán dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia.   La PCM reiteró que el actual gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia, a fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. “Este enfoque es un nuevo tratamiento de los conflictos sociales a fin de darles solución real y sostenible, generando paz social para un desarrollo armónico de la actividad empresarial”, sentenció.

El Gobierno expresó mediante un comunicado que las empresas mineras podrán solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar.   Tras reunirse con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la PCM señaló que las compañías mineras podrán explorar la zona, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

“Las autoridades competentes deberán evaluar dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia establecidos por ley”, indicó.   Mirtha Vásquez, en medio de la controversia por el anuncio del último viernes sobre el cierre de cuatro operaciones mineras, tuvo un encuentro bastante fructífero y aseguró que el Ejecutivo respeta la seguridad jurídica y las inversiones privadas en el país.

“Fue una reunión importante y hemos expuesto cada uno de nuestros puntos de vista, de nuestra parte hemos expresado toda nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica, las inversiones privadas y no caer en algún tipo de unilateralidades porque eso está descartado”, dijo a la prensa.   Después de anunciar que no habría “ninguna ampliación más” para la exploración y explotación de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho, la Premier acudió a conversar con comunidades en conflicto con las empresas Ares, Apumayo y Sami. Esto permitió que llegaran a un acuerdo en el que se anuncia la creación de una comisión que se encargará de negociar el inicio del plan de cierre.

El Poder Ejecutivo reiteró ante el Congreso que los sectores de mayor prioridad en el plan presentado para la ejecución del presupuesto del siguiente año son Salud y Educación.   El Pleno inició el debate sobre los dictámenes recaídos en la ley de endeudamiento, ley de equilibrio financiero y ley de presupuesto público para el año fiscal 2022, los cuales fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

El presupuesto para el 2022 supera ligeramente los S/ 197.000 millones, que es casi S/ 14.000 millones más respecto al presupuesto de este año.   La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, enfatizó ante el Parlamento que el sector Salud recibirá más de S/ 22.000 millones, un 6% más que 2021. Así, se dará continuidad a la contratación de personal en la primera línea de atención ante la COVID-19, así como el mantenimiento y equipamiento de las plantas de oxígeno medicinal y centros de atención UCI y aislamiento.  

Para la cartera de Educación se asignó poco más de S/ 35.700 millones, monto que representa casi la quinta parte (18,2%) de todo el presupuesto general y que supera en S/ 2.600 millones a lo establecido en 2021. Esta cifra se repartiría de la siguiente manera: S/ 570 millones para el incremento de la remuneración docente, S/ 930 millones para la continuidad de más de 50.000 becarios y hasta 14.000 nuevas becas; y S/ 7.400 millones para fortalecer la infraestructura y equipación de las instituciones educativas.

Tras el escándalo por la filtración del examen de la prueba única para el Nombramiento Docente, el Minedu indicó que la evaluación no se anulará, pero sí se suspenderá el proceso.  

La publicación de los resultados preliminares de la Prueba Única Nacional fueron suspendidos después de iniciar la investigación por la filtración del examen en tres regiones. Frente a esta situación, el Congreso de la República anunció que se consultará la admisión de la moción 1132 para interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo.  

Por su parte, el Sutep pidió la cancelación del examen de nombramiento y la renuncia de Carlos Gallardo, mostrándose en contra de la decisión del Ministerio de Educación por la suspensión del examen. Mientras tanto, en la región de Áncash, un grupo de profesores realizaron un plantón ante la Dirección Regional de Educación y recibieron el respaldo del director de la misma entidad.  

Paul Neira, especialista en políticas educativas, señaló que la suspensión del concurso compromete el reinicio de clases en marzo de 2022. “Me sorprende la decisión del Ministerio porque lo que estuvo comprometido fue un cuadernillo en algunas regiones en la evaluación de primaria. Inicial y secundaria han estado indemnes en este proceso. Entonces, si efectivamente el Ministerio de Educación y el ministro (Carlos) Gallardo tienen la intención real de abrir en marzo del 2022, claramente esta decisión compromete seriamente este proceso”, explicó.