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«Perú está viviendo, a nivel de represión estatal, su momento más feroz desde el 2000» – El Vocero Noticias

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Estudiosa afirma que lo más “probable“ es que Boluarte enfrente “por el resto de su vida“ las muertes ocurridas desde que asumió.

Jo-Marie Burt no quiere ver la muerte de personas inocentes, pero lo sigue haciendo por su trabajo. El último reportaje de IDL-Reporteros sobre la masacre en Ayacucho perpetrada por las fuerzas de orden la sobrecogió porque trabajó en la zona. Ella es académica y estudiosa de los años del conflicto armado interno (1980-2000). Fue investigadora en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y actualmente indaga juicios por delitos de lesa humanidad. Empezó en el Perú con Alberto Fujimori y ahora sigue con Guatemala. Nunca fue víctima directa o remota de la represión estatal o de algún grupo guerrillero, así que solo “acompaña» a los deudos como académica y defensora de los derechos humanos. Situada a más de 5.000 kilómetros, desde Washington DC, conversó con La República.

—En el Perú se ha quebrado la independencia de poderes y ese es un marco legal que sostiene los derechos humanos. La presidencia puede sindicar que las protestas están siendo financiadas por dinero ilegal, pero, en cambio, cuando se trata cuando de responsabilidades de las fuerzas del orden, dice que hay que esperar las investigaciones.

—Hay que recordar que la semana que la canciller estuvo en Washington, se reunió con el New York Times y le preguntaron qué evidencia tenía de que las manifestaciones estaban siendo financiadas por crimen organizado. Ella decía ‘pues no tenemos evidencia, pero estamos seguros’. Es un sin sentido. Una autoridad pública no puede decir eso.

—¿Qué supone el quiebre de balance de poderes para las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos en un país como este, donde todo parece estar coludido para el terruqueo?

—Muchas veces, en el imaginario popular, pensamos en democracia y pensamos en elecciones, pero hay otros elementos también. Un elemento fundamental es el balance de poderes. Tiene que haber autonomía entre los tres poderes del Estado, y cuando ese balance quiebra, como quebró durante el fujimorismo, cuando Alberto Fujimori hizo su autogolpe, cerró el Congreso y tomó control del Poder Judicial, ya existía mensualmente un Poder Ejecutivo que tomaba todas las decisiones. No es un modelo igual aquí, pero hay un problema de equilibrio de poderes muy fuerte que hace cuestionar hasta qué punto podemos llamar al Perú una democracia.

Otro elemento de la democracia es obviamente los derechos civiles, políticos y derechos humanos. Si se viola sistemáticamente los derechos humanos también es un elemento con el que uno puede empezar a cuestionar su nivel de democracia.

—En la situación actual hasta se ha terruqueado el apoyo no solo de los activistas, sino por ejemplo de estos dos investigados señores dirigentes, que como todo dirigente tuvieron que sacar cuentas, tuvieron que apuntar gastos. Yo no sé si rosa el totalitarismo.

—Creo que el terruqueo ha llegado a un nivel de histeria en el Perú, un poco como el macartismo en mi país (Estados Unidos) durante los años 50, donde claro, siempre hubo un cierto nivel de lo que en Perú se llama terruqueo, pero en los años 50 se convirtió en una campaña histérica liderada por un congresista, desde un poder del Estado, para limpiar personas que se consideraba agentes del comunismo. Muchos de ellos no tenían nada que ver. Creo que lo mismo está pasando en el Perú.

El terruqueo es una herramienta de larga data que se afinó durante el fujimorismo. Fue una forma de identificar cualquier opositor, cualquiera que cuestionaba al régimen, como terrorista; y si usted terrorista, entonces yo te puedo tratar como uno: te puedo detener, torturar, matar, desaparecer, violar. Eso es lo que pasó.

En democracia, uno podría suponer que esas prácticas ya no serían tan comunes, pero desde el gobierno de Toledo se practica el terruqueo. Escribí un artículo en 2005 hablando sobre cómo —no necesariamente el gobierno de Toledo, pero gente de la derecha— se utilizó ese recurso fácil de acusar a cualquier persona de terrorista para básicamente eliminarla en términos de capital social y político. Estigmatizar y aniquilar no físicamente, sino cultural, política y simbólicamente. Ahora que tenemos un Gobierno ya no democrático, híbrido si quieres, seudoautoritario si quieres, el terruqueo es su principal mecanismo de control social porque no tiene otro. Este es un gobierno que carece casi totalmente de legitimidad.

Siento que también perdió legitimidad para dialogar. El Gobierno constantemente llama al diálogo, ¿pero qué ha hecho ella (Dina Boluarte) para generar esos espacios? ¿Cómo pretendes generar confianza para tener diálogo cuando tú estás disparando y matando a la gente? ¿Con quién pretendes dialogar? No hay condiciones.

—Te pregunto por el rol que tiene en esta crisis el fujimorismo, uno de los pocos ‘partidos’ que restan.

—Creo que el papel del fujimorismo no ha sido adecuadamente tomado en cuenta en esta crisis. Todos estamos enfocados en que todo «comenzó» el 7 de diciembre con un desenlace violento y preocupante de desgobierno, de manifestación social masiva, de violencia policial inaceptable, de muertos inexplicables. Nos hemos olvidado un poco de cómo hemos llegado hasta aquí.

El problema comienza en el 2016 cuando Keiko Fujimori por segunda vez pierde las elecciones ante PPK y no reconoce su derrota. Entonces, ella decide (…) gobernar desde el Congreso. Sabemos que PPK renuncia, en parte por las acusaciones de corrupción que se destapan, pero principalmente porque sabe que lo van a vacar.

Entra Vizcarra y pasa lo mismo: choque entre el Ejecutivo y Congreso. Con las elecciones en 2021 llega a otro nivel. Por tercera vez Keiko postula y cree que ya no puede perder. Llega la segunda vuelta ante Pedro Castillo, un total desconocido, un profesor de Chota. Estoy segura de que ella y sus asesores estaban confiados de su victoria, y no ganó. Entonces, es como la misma película que volvemos a ver.

Esta vez decide no solamente no reconocer su derrota, sino retar la victoria de su contrincante con el discurso falso del fraude. Recordemos que en ese momento, en 2021, como parte de su intento de ‘comprobar’ que hubo fraude, envían abogados de las firmas más pudientes de Lima a la sierra a revisar los balotajes ¿De quiénes? De la gente más pobre, indígena, quechuahablante, de los «nadies». El cargo de racismo en ese hecho es muy fuerte.

Ver hoy a esos «nadies» levantarse y decir: ‘Basta de no tomarnos en cuenta, de discriminar contra nosotros, de tomar decisiones sin nosotros, por sobre nosotros’, es algo muy poderoso. No sabemos qué desenlace va a tener.

—¿Es el momento más crítico del país desde Alberto Fujimori?

—Yo creo que sí, sin duda. Solamente mirando la cantidad de muertos que tenemos, en democracia y desde el 2000, eso es inédito. El referente más similar que puedo recordar es el Baguazo donde murieron 10 indígenas y fueron heridos varios más. Ese fue un momento traumático para el país. Hasta ahora no hay ningún responsable político de esa masacre.

Pero desde el 2000, el momento que se está viviendo en Perú, con respecto a represión estatal, es el más feroz, con más muertos, en estos 22 años que se han vivido desde el retorno a la democracia. En solo ese sentido es un problema crítico, pero también tenemos un problema grave de desgobierno. Hay momentos en que la presidenta no aparece por días enteros y todo el mundo se pregunta dónde está. Un señor manifestándose en las calles de Lima es disparado en la cabeza con un cartucho de gas lacrimógeno por un policía y ella no sale a decir absolutamente nada al respecto. ¿Acaso no es peruano, acaso no es ciudadano?

Como hemos venido diciendo, está en grave peligro la institucionalidad democrática por la cual se peleó duramente a fines de los años 90. Creo que nunca, en los 22 años de democracia en Perú, se ha caído a un nivel en que se podría decir que ya no estamos en democracia. Ha habido un montón de problemas que te los puedo ir enumerando, pero el peligro a un giro autoritario es muy grave.

No hay que confundirnos que con elecciones salimos de esta. Pienso que las elecciones tempranas son necesarias para tratar de resolver el momento, pero para los problemas estructurales del sistema político, de la Constitución, del sistema electoral; ni hablar en los problemas sociales, de la exclusión, de la pobreza, de la informalidad, del racismo, los problemas históricos más grandes, se requiere un pacto social nuevo para tratar de lidiar y encontrar formas de resolver esto.

—Pienso que la asamblea constituyente es la única forma de integrar a esos «nadies» en la composición de un pacto. Eso es lo que están pidiendo, porque no hay representación.

—Es lo que están pidiendo. Si pensamos en los otros procesos constituyentes que ha tenido Perú, creo el único en el que pudo votar la gente mayoritariamente indígena ha sido el de 1979. En 1993 ocurren elecciones bajo un momento dictatorial, en donde existía cierta libertad de prensa, pero también mucha represión, censura y mucha violencia estatal. Vivía en Perú en esa época y no creo que fueran elecciones libres.

¿Por qué no un proceso en el que esos sectores tengan su representación? Siempre la cuestión estará en los detalles, en cómo garantizamos que, teniendo la posibilidad de una asamblea constituyente, no estará apoderada por los sectores antiderechos que existen en la derecha e izquierda. Ese creo que es el gran reto.

—¿Cuáles son los escenarios que se le vienen a Dina Boluarte desde una visión de derechos humanos? Ella ha sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

—Llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, es un camino muy largo. Típicamente, se demora una década para que un caso llegue en particular, y siempre es necesario que se agoten los recursos internos.

Sabemos también que la fiscal (Patricia Benavides) ha abierto una investigación a la presidenta, Otárola y otros ministros, pero entiendo también que hay dudas sobre su actuación. Hay muchas cosas que a mí me hacen recordar de la época de fujimorismo. Había una fiscal que fue fiel sirvienta de la dictadura de Fujimori, Blanca Nélida Colán. Yo no siento mucha confianza en la investigación de la fiscal, además, la figura de genocidio es muy difícil de comprobar. Muy fácilmente la podría haber acusado por homicidio culposo, homicidio agravado u otras figuras.

Si esa investigación no llega a ninguna parte, ahí se abriría tal vez la posibilidad de una investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay que recordar también que la CIDH no juzga a personas, juzga a los Estados. Determinan la responsabilidad del Estado y recomienda acciones concretas para remediar la violación ocurrida. Entonces, podría nombrar a Dina Boluarte como última responsable, pero no la va a juzgar porque no es su competencia.

Ahora, podrían denunciarla ante la Corte Penal Internacional (CPI), pero eso lo veo más remoto todavía. Está allí como posibilidad. Es muy probable que por el resto de su vida ella enfrente acusaciones por los hechos ocurridos en este tiempo.

—Hablemos sobre repercusión internacional. Desde Cancillería se alega de que desde el extranjero están desinformando lo que pasa «realmente» en el Perú.

—Cuando salió el hilo en Twitter de la Embajada de Perú en Estados Unidos de las ocho verdades —que viene desde la Cancillería— obedeció al mandato de tratar de imponer ese relato. Eso es lo que está pasando: hay una lucha por imponer un relato. La función del terruqueo en el Perú es imponer un relato de que los que están manifestando son violentistas, criminales y terroristas; por lo tanto, carecen de legitimidad y los puedo reprimir como quiero. A nivel internacional quieren también imponer una narrativa, quieren desconocer el derecho de la prensa de informar a su manera y quieren poner la narrativa de que el Gobierno es democrático y que se está defendiendo de manifestaciones violentas.

Una democracia que está matando a gente desarmada, que no representa un peligro a nadie, gente que solo está pidiendo una asamblea constituyente o elecciones tempranas, eso llama la atención a nivel internacional.

Lo que ellos quisieran es que el periodismo internacional voltee la mirada y se vayan a Ucrania y no miren lo que está pasando en Perú. ¿Por qué? La prensa en Perú —y todos lo sabemos— está concentrada en un gran sector como lo es El Grupo El Comercio. Ellos están dirigiendo un discurso muy afín al Gobierno.

Fuente: La Republica

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Política

AFP: Congreso de la República debatirá este jueves el retiro de 4UIT

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La Junta de Portavoces del Poder Legislativo llegó a un acuerdo para priorizar el debate del dictamen de los proyectos de ley 3585, 4201, entre otros. Ambas legislaciones proponen la autorización del retiro de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta 4 UIT. La sesión será en el Pleno este jueves 11 de abril.

El pasado 26 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 3 en contra, que faculta a los afiliados de las AFP retirar S/. 20 mil 600, que equivale a 4 UIT. 

De aprobarse y sin observaciones desde el Ejecutivo, este dictamen se convertiría en ley. La persona asociada a la AFP tendrá 90 días para envíar su solicitud.

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Hoy, Wilfredo Oscorima comparecerá ante la Comisión de Fiscalización por el caso Rolexgate

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Su abogado ha confirmado que el gobernador se presentará en el Palacio Legislativo a las 15:00 horas

Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, ha sido convocado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar detalles sobre los relojes Rolex entregados a la presidenta Dina Boluarte, quien está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la agenda, la sesión está prevista para este martes a las 15:00 horas y se llevará a cabo en formato semipresencial.

Humberto Abanto, abogado defensor del gobernador de Ayacucho, ha confirmado la asistencia de su cliente al Palacio Legislativo. El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), tiene la intención de indagar sobre los pormenores de la adquisición de los artículos de lujo, incluyendo fechas, lugares de compra, precios, comprobantes de transacciones y su declaración ante las instancias pertinentes, como Contraloría.

Durante esa reunión, se discutirá si presentará una solicitud para establecer una comisión investigadora sobre el caso conocido como Rolexgate. En una reunión previa a la que Boluarte fue convocada pero no asistió debido a un «estatus especial de inmunidad» que argumentó, se aprobó la presentación de la solicitud, aunque posteriormente se reconsideró.

También se ha convocado a declarar a Zósimo Cárdenas, gobernador de Junín, y a Werner Salcedo, gobernador de Cusco, para esclarecer si llevaron a cabo una recaudación de fondos para la presunta compra de un artículo de lujo de origen francés, con la intención de entregárselo a la mandataria a cambio de recibir beneficios en el presupuesto público.

Leer tambien:

Primera “Feria del taxista” tendrá lugar el próximo 11 de abril



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