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Política

Plantean salir de Corte IDH e implantar la pena de muerte en Perú

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Presentan ley para castigar a violadores de menores, sicarios y extorsionadores

El congresista Luis Ángel Aragón Carreño presentó un proyecto de Ley para incorporar la pena de muerte a violadores de menores de edad, sicarios, extorsionados y traficantes de menores, además propone que el Perú se retire de los tratados internacionales que impiden aplicar esta pena, entre ellos alejarse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El P.L N° 6279/ 2023- CR plantea modificar el artículo 140° de la Constitución Política del Perú, el cual está referido a la aplicación de la pena de muerte en el Perú a efecto de incorporar la pena máxima a las personas que cometan dichos delitos.

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Aragón propone incorporar la cuarta disposición transitoria especial en la Constitución para que el Estado realice los procedimientos establecidos por ley y los instrumentos normativos internacionales para retirarse de los tratados internacionales vinculantes.

Se busca colocar una disposición complementaria modificatoria, a efecto de concretar en el Código Penal la aplicación de la pena de muerte en caso de violación de menores de edad de 14 años de edad.

La actual Constitución en su artículo 140, establece los supuestos en los casos que puede aplicarse la pena de muerte: “Artículo 140. La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.”

“En ese sentido, podemos afirmar que nuestra carta magna actual si recoge la aplicación de la pena de muerte, y en consecuencia supuestos en los cuales el derecho a la vida pueda ser ponderado y superado por salvaguardar otros bienes y derechos fundamentales. En ese sentido, extender la pena capital en los referidos casos es posible a nivel constitucional más aún si se toma en cuenta que nuestra actual constitución establece dicha medida para otros casos”, argumentó Aragón.





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Política

Denuncian a Salas Arenas por permitir candidatura de Antauro

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El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por permitir la inscripción del partido liderado por Antauro Humala Tasso, quien estuvo 17 años en prisión por el “Andahuaylazo”.

Cavero señaló al titular del JNE como “responsable político” de “admitir a un actor antidemocrático en el sistema electoral” y consideró que, “al dar luz verde a la participación del movimiento del hermano de Ollanta Humala”, cometió una “infracción a la Constitución que merece un antejuicio político y su posterior destitución por el Pleno del Congreso”.

Según el parlamentario, la participación del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), “podría causar un profundo e irreparable daño al tejido democrático de nuestro país” y advirtió que “el Jurado ignoró evidencia que vincula a Antauro con la fundación, ideológica, funcionamiento, y liderazgo de este partido”.

Agregó que el eventual candidato presidencial, condenado por delitos de homicidio simple con dolo eventual, secuestro agravado, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, “no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento y ahora busca participar de la democracia para socavarla desde adentro”.

“Si creíamos que en el año 2021 corríamos un grave riesgo con Pedro Castillo, con Antauro en el 2026 nuestro país enfrentará un peligro aún más latente”, advirtió.

 



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Política

Congreso: proponen cadena perpetua para casos de corrupción

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El proyecto de ley contempla casos graves que perjudiquen las arcas del Estado

El congresista Alfredo Pariona ha presentado un proyecto de ley que propone imponer cadena perpetua para los casos graves de actos de corrupción.

Según el proyecto de ley, la iniciativa busca incorporar el artículo 425-A en el Código Penal, con el fin de aplicar esta pena en casos que involucren la gravedad del delito, el perjuicio al patrimonio del Estado y/o la afectación a la correcta administración pública.

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La máxima sanción se aplicaría a casos graves como abuso de autoridad, condicionamiento ilegal en la entrega de bienes y servicios, nombramientos o designaciones ilegales, concusión, cobro indebido, patrocinio ilegal, peculado, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho, corrupción pasiva, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

“El funcionario público tiene la confianza de la población en que protegerá adecuadamente los recursos que sirven para la garantía de los derechos fundamentales de todos, a través de una adecuada y suficiente prestación de los servicios públicos”, menciona.

Aumento en casos de corrupción

Pariona fundamenta su propuesta destacando la magnitud del problema de la corrupción en el Perú. De acuerdo con estimaciones de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, la corrupción ha superado los 24 millones de soles y hay más de 40 mil procesos relacionados con corrupción en trámite desde diciembre de 2022.

 





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