La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo formalizó investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016) y otros cuatro exmiembros del Ejército Peruano por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 1992, durante el conflicto armado interno.

La investigación, a cargo de la fiscal provincial Marita Barreto, incluye los presuntos delitos de homicidio calificado (ejecuciones extrajudiciales) y desaparición forzada, perpetrados durante la permanencia de Humala como jefe del Batallón Contrasubversivo 313 en la base militar Madre Mía, ubicada en Huánuco.

Imputaciones contra Humala y exmilitares por violaciones a los derechos humanos

Además de Humala, están incluidos en la investigación los exmilitares Tobías Huaringa (alias Huaringa), Nicanor Guerra (Rambo), Amílcar Gómez (Chicho) y Russel Vela (Livio). Todos ellos habrían actuado bajo el mando de quien entonces era conocido con el seudónimo de “Capitán Carlos”, nombre de guerra atribuido a Ollanta Humala durante su paso por la zona de emergencia en 1992.

Según el Ministerio Público, los imputados formaron grupos de patrullaje en sectores aledaños al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, en la provincia de Marañón (Huánuco), donde se habrían cometido actos de tortura, asesinato y desaparición de campesinos señalados arbitrariamente como colaboradores terroristas.

Víctimas identificadas y hallazgos forenses

El expediente incluye el asesinato de Edgardo Isla, ocurrido el 25 de junio de 1992, y el de Nemer Acuña, ambos atribuidos a subordinados de Humala en el caserío de Yanajanca. Los restos óseos de las víctimas fueron recuperados e identificados recientemente, lo que permitió fortalecer los elementos de convicción en la etapa preliminar.

Asimismo, la Fiscalía investiga la desaparición forzada de:

• Luis Izaguirre, el 25 de junio de 1992, en Yanajanca.
• Nelson Hoyos, el 5 de junio de 1992, en el caserío La Morada.
• Hermes Estela, el 6 de junio de 1992, en el mismo caserío.
• Yander Leandro, el 23 de septiembre de 1992, en el caserío Alto Pucayacu.

Estos hechos se enmarcan dentro de una práctica sistemática de persecución y represión militar durante el conflicto armado interno, motivo por el cual la Fiscalía ha determinado que los crímenes constituyen delitos de lesa humanidad.

Fiscal Marita Barreto asume la investigación

La fiscal Martia Barrera, reconocida por liderar equipos especiales de investigaciones tal es el caso como el Eficcop y otros dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra los cinco exmilitares.

El proceso fue declarado complejo debido a la cantidad de diligencias necesarias, la magnitud de los hechos y el carácter transnacional de algunas pruebas. Por ello, el plazo de la investigación fue ampliado por ocho meses, hasta mayo de 2026.

Entre las diligencias ordenadas se incluyen:

• La toma de declaraciones de los investigados y testigos directos.
• La recepción de testimonios de familiares de las víctimas.
• Solicitudes de información al Ministerio de Defensa y a los archivos militares de la época.
• Análisis de peritajes forenses y documentos desclasificados vinculados a operaciones contrasubversivas.

El retorno del caso Madre Mía tras años de archivamiento

El caso Madre Mía es uno de los episodios más controversiales en la carrera política de Ollanta Humala. En 2009, un expediente inicial fue archivado por falta de pruebas, luego de que testigos clave se retractaran repentinamente de sus declaraciones.

Años después, diversas investigaciones periodísticas revelaron presuntas compras de testigos y presiones políticas para encubrir los hechos. Ello motivó que la Fiscalía reabra el caso en 2023, bajo el nuevo marco legal que considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Los avances forenses y testimoniales recientes, sumados a los nuevos análisis del Equipo Forense Especializado en Derechos Humanos, habrían aportado evidencias que sustentan la formalización actual.

El fiscal superior Rafael Vela reveló en entrevista con IDL-Radio que cuando se enfrentaba su proceso de suspensión en el Ministerio Público el nombre del ahora presidente de la República, José Jerí, figura dentro de las coordinaciones que se habrían realizado en su despacho como integrante del Parlamento Nacional.

En ese sentido, sostuvo que estas coordinaciones se dieron en dicho espacio donde personajes como el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí, los entonces asesores de la fiscal Patricia Benavides y el propio José Jerí para resolver el recurso de apelación que su persona había presentado ante la Fiscalía para que no sea suspendido.

“Inclusive hasta en mi caso cuando yo fui ilegalmente suspendido en funciones también figura el presidente Jerí porque dentro de su despacho se realizaron algunas coordinaciones finales para que se pueda notificar la resolución que resolvía el recurso de apelación yo había planteado ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público”, sostuvo en entrevista con IDL- Radio.

“En algún momento cuando se toma la decisión que es coordinada entre la señora Patricia Benavides, un grupo de sus exasesores y el señor Fernández Jerí, todos ellos deciden reunirse en el Congreso de la República para intercambiar las presiciones de esta decisión y se reunen en el despacho del congresista José Jerí en ese momento”, precisó.

Rafael Vela: Todas esas coordinaciones terminan en el Congreso de la República

Vela Barba indicó que Patricia Benavides buscaba a través de un discurso sostener que si determinada persona o grupo estaba en contra de su gestión, no iban a ser sancionados. Sin embargo, a su consideración, estos hechos no fueron de esta manera, ya que a través del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público se sancionaban a sus críticos.

“Entonces Patricia Benavides buscaba a través de un discurso que ella entendía como potente decir de que nadie que estuviera en contra de su gestión finalmente no iba a ser sancionado en términos absolutamente ilegales, pero también como demostración de poder con Fernández Jerí.

Rafael Vela manifestó que la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, precisó estas informaciones de que los mencionados se reunían en el Congreso para realizar estas coordinaciones presuntamente ilícitas.

“Todas esas coordinaciones terminan en el Congreso de la República, porque ahí es donde se reunen, porque entiendo yo que también es un territorio entre comillas donde pueden hacer todo tipo de coordinaciones, inclusive ilícitas de esa naturaleza. Y eso está incluido en la historia apartir de la precisión de cargos que hizo la doctora Delia Espinoza en el mes de setiembre poco tiempo antes de que la suspendan”, agregó.