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Política

Procuraduría denuncia a Vizcarra por cohecho activo transnacional

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Acusa a ‘lagarto’ de soborno en caso de vacunas chinas

La Procuradoría General del Estado ha presentado ante la Fiscalía una solicitud a fin de que ingrese el delito de cohecho activo transnacional dentro de las pesquisas que se realizan en contra del expresidente Martín Vizcarra Cornejo por el escándalo de las vacunaciones irregulares que se aplicaron durante la pandemia del coronavirus en el 2020, caso que es conocido como el Vacunagate.

La Procuradoría acusa a Vizcarra de cohecho (soborno), cuya pena es entre cinco a ocho años de cárcel, por presuntamente haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

“Habría prometido de manera directa o indirecta a través de medios diplomáticos (funcionarios de la Embajada del Perú en China, funcionarios del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores), una posible ventaja o exclusividad”, señala la institución respecto a la responsabilidad del exmandatario en este asunto.

“Esto habría resultado en un beneficio propio del expresidente y de otras personas de su entorno, que sería la inoculación de las denominadas ‘vacunas de emergencia’”, agrega la denuncia de la Procuraduría.

En el pedido también se solicita que se incluya como autoras de este delito a la entonces jefa de EsSalud, Pilar Mazzetti, así como a Elizabeth Astete Rodríguez, exministra de Relaciones Exteriores; quienes también figuran como investigadas en el escándalo de las vacunaciones con Sinopharm de autoridades del Ejecutivo y un reducido grupo de la ciudadanía con el más alto acceso en el Minsa y la Cancillería.

Los otros ilícitos por los que la Fiscalía de la Nación denuncia a Vizcarra y a otros funcionarios involucran tráfico de influencias, colusión y cohecho. Además, desde el Congreso, ya se dictó una inhabilitación contra el ex jefe de Estado por este caso.

El exmandatario aún cuenta con el antejuicio político y, por ello, su investigación se encuentra en una fase preliminar.

El Parlamento tendría que levantarle el antejuicio solo si la Fiscalía presenta una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra. De esta forma, la investigación preliminar pasaría a una etapa preliminar.

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Política

Supuesto extorsionador de Guerrero vinculado a partido de Acuña

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Edwin Moya Salazar, alias ‘Cabezón’, además de estar vinculado a actividades criminales, se ha afiliado a APP desde el 27 de febrero de 2014

El caso de extorsión al famoso futbolista Paolo Guerrero sigue provocando reacciones que trascienden el ámbito deportivo.

Después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) informara sobre la captura de los miembros de la banda de extorsionadores que enviaron mensajes amenazantes a Petronila Gonzales, madre del futbolista ‘Depredador‘, un nuevo acontecimiento destaca en el contexto de este suceso, involucrando ahora la esfera política.

Según el diario El Comercio, uno de los arrestados es afiliado al partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña.

Edwin Moya Salazar, de 36 años y conocido como ‘Cabezón‘, es uno de los detenidos. Además de estar vinculado a actividades delictivas, está afiliado a APP desde el 27 de febrero de 2014, según información del portal Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Leer aquí:

PNP capturó a extorsionadores de la familia de Paolo Guerrero

APP asegura no conocer a militante extorsionador

En relación con la afiliación de Moya Salazar con APP, el partido declaró a través de Latina que «es un militante que no tiene actividad con nosotros«, negando cualquier conocimiento o asociación con él tanto en Trujillo como en Lima.

Mientras tanto, la Policía Nacional ha informado que Salazar fue detenido el 19 de febrero junto a Diego Fernando Mendoza Alvarado (22), conocido como Orejón, y Geraldine Chunga Timoteo (22), apodada ‘China‘. Los tres son sospechosos de ser parte de ‘Los Cachacos de Yolin‘, una banda presuntamente involucrada en diversas actividades ilegales.

El general PNP José Zavala, quien encabeza la III Macrorregión Policial La Libertad, ha explicado que Mendoza y Salazar fueron arrestados después de que se presentaran denuncias de extorsión por parte de dos familias, mientras que Chunga fue puesta en libertad bajo medidas restrictivas.

Estos individuos fueron sorprendidos mientras recogían un pago de extorsión de 100 mil soles destinado a una familia en el distrito trujillano El Porvenir. La acción fue el resultado de un seguimiento que permitió intervenir en flagrancia.

Durante la operación, se descubrió evidencia crucial en el celular de uno de los delincuentes, en concreto un chip con un número telefónico usado para intimidar a la madre de Paolo Guerrero, lo que agrava las acusaciones contra el trío.

Banda que extorsionó a Guerrero vinculada a los temibles ‘pulpos’

La Policía ha especificado que Los Cachacos de Yolin, la banda en la que operaban los tres detenidos vinculados al caso de extorsión de Paolo Guerrero, estaría relacionada con Los Pulpos.

Según informes policiales, Los Pulpos es considerada la banda criminal más violenta del norte del país, que ha extendido sus actividades de extorsión, especialmente en la región La Libertad. Se les atribuyen varios secuestros en los cuales someten a sus víctimas a torturas, llegando incluso a la mutilación de partes del cuerpo, con el objetivo de presionar a sus familiares para que paguen el rescate exigido.

En este contexto, la situación de Guerrero ganó atención mediática una vez que se revelaron las amenazas dirigidas a su madre, Petronila Gonzales, conocida como ‘Doña Peta‘.

Estas denuncias condujeron a un acuerdo con el presidente del club Universidad César Vallejo, Richard Acuña, garantizando protección para el futbolista y su familia. A pesar de la situación tensa, se confirmó la participación de Guerrero en la Liga 1 con el equipo.

Leer aquí:

Penas por disturbios: entre 6 y 35 años de cárcel para barristas





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Política

Poder Judicial autorizó inicio de juicio oral contra Daniel Salaverry

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró procedente el inicio de juicio oral contra Daniel Salaverry Villa, expresidente del Congreso, para quien la Fiscalía pide 8 años de prisión y S/ 119 577.80 soles de reparación civil, por el delito de peculado doloso.

La disposición fue firmada por el magistrado Juan Carlos Checkley y será la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la que fije fecha para instalar el juicio.

El ex legislador es acusado por la fiscalía de apropiarse para sí mismo de más de S/ 10 mil que le fueron asignados por el Parlamento para gastos de semanas de representación.

Se le acusa de haber presentado informes fraudulentos para sustentar actividades realizadas en la semana de representación de enero, febrero, noviembre y diciembre del 2017 y enero, febrero y marzo del año 2018.



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