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Política

Proponen elecciones anticipadas solo para la presidencia

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Propuesta legislativa busca aclarar el artículo 115 de la Constitución para garantizar la continuidad de los Parlamentarios

En el ámbito parlamentario se está promoviendo una iniciativa con el objetivo de restringir la convocatoria de elecciones anticipadas únicamente para los cargos de presidente y vicepresidente de la República, en caso de que el presidente del Congreso de la República asuma funciones presidenciales.

Esta propuesta se refleja en el Proyecto de Ley N° 05707/2023-CR, presentado por el congresista Oscar Zea del Bloque Magisterial, el cual busca ampliar las disposiciones establecidas en la Ley 27375. Dicha ley interpreta y aborda el contenido del artículo 115 de la Constitución.

Lee aquí:

Complot contra las Fuerzas Armadas

La iniciativa plantea la convocatoria inmediata de elecciones una vez que el presidente del Congreso asuma la posición de jefe de Estado en caso de surgir un impedimento permanente en la línea de sucesión presidencial.

La sucesión se encuentra estructurada de la siguiente forma: primer vicepresidente > segundo vicepresidente > presidente del Congreso.

Para que el presidente del Parlamento asuma la Presidencia de la República, el presidente en ejercicio debería ser destituido por incapacidad moral permanente o fallecimiento, y además no contar con vicepresidentes capacitados para asumir dicha responsabilidad.

Cumplimiento del período presidencial
La propuesta también establece que la persona elegida como presidente completará el período constitucional del presidente destituido.

En este sentido, en caso de ser aprobada esta propuesta, la ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución establecería que «las elecciones a las cuales el Presidente del Congreso está obligado a convocar en caso de un impedimento permanente en la línea de sucesión serán únicamente para el Presidente y los Vicepresidentes, con el propósito de concluir el período constitucional del presidente destituido».

Lee aquí:

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Política

Otárola confirma que se aplicarán estrategias del Plan Bukele

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El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que el Gobierno buscará replicar las estrategias “más importantes” aplicadas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele en materia de seguridad y sistema penitenciario.

Otárola Peñaranda calificó “eficiente y moderna” la infraestructura carcelaria que ha implementado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos. “Si funcionan estos penales bien en otros países, pues hay que traer la experiencia y, lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla al Perú”, manifestó.

El premier agregó que es necesario evaluar qué estrategias son aplicables en nuestro país. “Desde luego que sí. No todas, pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener”, señaló. Sostuvo que el Gobierno quiere “penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos”.

Además, justificó el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a El Salvador para intercambiar experiencias sobre políticas públicas en materia de seguridad y lucha contra el crimen.



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Política

Relatora de la ONU rechaza el intento de destituir a la JNJ

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Margaret Satterthwaite expresó preocupación por los “persistentes esfuerzos” del Parlamento para disolver la JNJ

Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, manifestó su inquietud por los reiterados esfuerzos del Congreso para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Comparto la preocupación expresada por muchos ante los persistentes esfuerzos por destituir a la JNJ, una institución encargada de tomar decisiones clave para la integridad del sistema judicial peruano y de su sistema electoral”, fue el primer mensaje de un largo hilo que compartió Satterthwaite en X (antes Twitter).

La relatora especial destacó que la JNJ desempeña principalmente el papel de un Consejo de la Judicatura, encargado de supervisar el desempeño adecuado de los magistrados (jueces y fiscales en el caso de Perú) en sus funciones. Según Satterthwaite, esta función asegura la independencia judicial y la separación de poderes.

El derecho a un juicio justo requiere de un juez imparcial, estrechamente vinculado a la actuación libre e independiente de la JNJ, y es por ello que lo que está ocurriendo hoy en Perú nos preocupa a todos. Cualquier mecanismo de rendición de cuentas de los operadores de justicia, en un sistema democrático, debe ser respetuoso de las garantías de independencia judicial”, añadió.

Leer aquí:

Congreso destituirá e inhabilitará a los miembros de la JNJ

El comunicado de la relatora especial de la ONU llega en un momento en que el informe final, que sugiere destituir e inhabilitar por 10 años a los consejeros, está próximo a ser votado en el Pleno del Congreso. Además, en la agenda del pleno de este viernes 1 de marzo se encuentra una moción para remover de inmediato a los miembros de la JNJ por la suspensión de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Una administración de justicia independiente es la primera línea de protección de los derechos humanos de todos y garantiza el derecho a exigir justicia. Respetar el Estado de Derecho y fomentar la separación de poderes y la independencia de la justicia son requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la democracia”, confirmó Margaret Satterthwaite.

Más pronunciamientos

Las organizaciones civiles Transparencia y Proética emitieron comunicados instando al Congreso a abstenerse de promover acciones que pudieran comprometer la separación de poderes, especialmente en lo que respecta a la eventual destitución de la JNJ.

Si bien es cierto que el Congreso de la República tiene la facultad de destituir a sus miembros por falta grave, la sanción propuesta es manifiestamente desproporcionada a la supuesta falta. Estas acciones revisten especial gravedad, pues parte de las responsabilidades de la JNJ consiste en sancionar jueces y fiscales y en seleccionar el liderazgo de los organismos electorales”, se lee en el comunicado de Transparencia.

Los asociados de Proética tienen diferentes evaluaciones sobre el desempeño de la JNJ, pero coincidimos en que una decapitación exprés de sus miembros, como se propone en ciertos sectores del Congreso de la República, puede empeorar las falencias de la justicia peruana, y convertirse en un acto más de politización del sistema”, alegó Proética.

Proética también se opuso al proyecto de ley presentado por Perú Libre para declarar en emergencia el Ministerio Público y suspender de manera arbitraria a todos los fiscales supremos.

Leer aquí:

“Bancadas aliadas del Gobierno arrastran al Congreso en su caída”





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