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Política

Remigio Hernani rechaza afirmaciones de Dina Boluarte

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El exministro del Interior, Remigio Hernani, cuestionó las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró, desde Estados Unidos, que el Perú es un país en paz respecto a las movilizaciones sociales, pese a que la criminalidad va en aumento.

“No es cierto que estemos viviendo en paz, porque hay una zozobra constante de la población. Hay una amenaza directa de delincuentes extranjeros y confrontaciones; no puede decirse que hay paz… Más bien hay temor en la población. Antes ha habido delincuencia, pero era más controlable, pero con el incremento de venezolanos, con el gota a gota y cupos, es más difícil el control. La Policía no tiene los recursos ni los medios para hacerles frente”, declaró.

Hernani sostuvo que lo que se debe hacer para enfrentar esta situación es reforzar la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Policía pues, dijo que esta unidad es la llamada a combatir “esta lacra”. Detalló que, se tiene que formar esta división, que tiene más 200 hombres y no se da abasto para atender a todo Lima. Igualmente, propuso la conformación de una División de Investigación de Secuestros en las zonas norte, sur, este y oeste de Lima y en el Callao. Señaló que de tomar estas medidas, en seis meses se vería la solución porque se desplegaría la inteligencia.

De otro lado, el exministro criticó la propuesta del Poder Ejecutivo para crear la categoría de Policía de Orden y Seguridad ante el déficit de al menos 40,000 efectivos. Señaló que esto empeoraría la situación pues, a su juicio, no tendrán la preparación necesaria.



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La tercera liberación de Alberto Fujimori en 16 años

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El exmandatario, sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, salió del centro penitenciario de Barbadillo el 6 de diciembre

Alberto Fujimori salió del centro penitenciario de Barbadillo tras la resolución del Tribunal Constitucional en presencia de sus seguidores y sus hijos, Kenji y Keiko Fujimori. No obstante, esta no constituye su primera liberación como expresidente de la República, sino que representa su tercera excarcelación.

Hasta el momento, el gobierno de Dina Boluarte no ha emitido comunicado oficial desde ningún ministerio, pero la Procuraduría General del Estado ha aclarado que el exmandatario adeuda al Estado peruano 57 millones de soles. Esta situación parece desestimar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este contexto, el organismo internacional indicó que la administración de Dina Boluarte no debería acatar la liberación, dado que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los casos de ‘La Cantuta’, ‘Barrios Altos’ y otros delitos.

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Durante la celebración navideña en 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski dirigió un mensaje a la Nación anunciando su decisión de otorgar un indulto humanitario a Fujimori. Sin embargo, se sugiere que esta decisión estuvo vinculada a una ‘negociación’ entre el hermano menor de los Fujimori y el Ejecutivo.

En sus palabras, PPK expresó: ‘Conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori, antes de continuar, quiero compartir mis sentimientos. Quizás esta haya sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ya ha cumplido 12 años de condena’.

Desde entonces, se abrió un camino que culminaría en la liberación actual. No obstante, en octubre de 2018, el Poder Judicial revocó el indulto y ordenó su retorno al centro penitenciario.

A pesar de que el regreso se retrasó debido al estado de salud del exmandatario, quien fue hospitalizado, en enero de 2019 volvió a ser recluido en Barbadillo. En marzo de 2020, se presentó un nuevo recurso: un habeas corpus liderado por Gregorio Parco Alarcón, el cual fue aceptado por el Tribunal Constitucional, solicitando la reinstauración del indulto humanitario de 2017. Sin embargo, esta resolución fue criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a los crímenes cometidos por Fujimori.

Ahora, el 6 de diciembre, previo a las festividades navideñas, el expresidente, recordado también por el autogolpe de 1992, salió nuevamente del penal en compañía de sus hijos, gracias a la decisión del Tribunal Constitucional. Esto sucedió después de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica devolviera el caso al máximo intérprete de la Constitución.

El órgano judicial ordenó la liberación para el martes 5 de diciembre, pero debido a cuestiones administrativas, no se logró llevar a cabo.

Alberto Fujimori ha obtenido la libertad, pero según el abogado Carlos Rivera Paz, no se está honrando el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, información revelada por la investigación de IDL Reporteros indica que la familia del expresidente, condenado por crímenes de lesa humanidad, ya expresaba su deseo de apartarse del órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos.

La pronta liberación del exmandatario nos hace recordar los chats conocidos como ‘La Botica’, divulgados en octubre de 2018. En uno de los intercambios por Telegram, se evidencia que Keiko solicitaba a los miembros de Fuerza Popular retirarse específicamente de esta instancia internacional.

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Política

Poder Judicial declara infundado pedido de PPK para viajar a los Estados Unidos

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El Poder Judicial declaró infundado el pedido presentado por la defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para viajar a los Estados Unidos por razones médicas.

La solicitud fue presentada a mediados de noviembre por Julio Midolo, abogado del exmandatario, para que su patrocinado pueda trasladarse a Minnesota (EE.UU.) desde el 11 hasta el 18 de diciembre, pero el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Jorge Chávez, se pronunció en contra.

Además, el juez señaló que el impedimento de salida del país no implica que el exmandatario no pueda recibir una atención médica adecuada en el Perú.

Kuczynski actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por una investigación de presunto delito de lavado de activos, por los supuestos sobornos a empresas brasileñas (caso Lava Jato), además de su participación en el caso que involucra a la empresa Westfield Capital.

El exjefe de Estado, quien renunció a dicho cargo, se declara inocente de todos los cargos.



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