Las comunidades indígenas de Colombia han sido guardianas de las especies nativas de vegetales hace generaciones. Sin embargo, igual que sus custodios, las semillas enfrentan amenazas que ponen en riesgo su pervivencia. Para mantener el conocimiento ancestral y para combatir la desnutrición entre las comunidades originarias, la Organización Nacional Indígena de Colombia trata de preservar y comercializar las semillas nativas del país. Un equipo de France 24 estuvo con ellos.
Publicado: 22 de julio de 2020 | 23:42 p. m.
En un grano de maíz cabe un mundo. Así es para Myriam Martínez Triviño, del pueblo indígena muisca, originario del lugar donde en la actualidad se erige Bogotá, la capital colombiana. “Para nosotros, la semilla es la semilla humana, la semilla de la naturaleza, la semilla animal. El universo todo es semilla”, cuenta a France 24.
Es por eso que Myriam dedica trabajo a recuperar y cuidar las semillas nativas colombianas, custodiadas durante generaciones por las más de cien etnias indígenas que habitan en uno de los países más biodiversos del mundo.
“Es una manera de pervivencia y de mostrar el origen que nosotros tenemos como pueblos indígenas”, recuerda, mientras reparte semillas a los asistentes del décimo congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Myriam forma parte del proyecto Semilla Nativa de la ONIC, la principal organización de gobernanza de los pueblos originarios a nivel nacional de Colombia. Reunidos a finales de junio en La Delfina, un resguardo indígena en el sur del país, más de 1.000 personas de distintas etnias se encontraron en este Congreso para elegir a sus representantes y decidir los lineamientos políticos de la organización para los próximos cuatro años.
Durante el encuentro, cada delegación de las organizaciones indígenas se llevó una bolsa de semillas nativas de maíz, papa, frijol, arroz, entre otros. Así, a su regreso, las sembrarán en sus territorios para seguir manteniendo las tradiciones de sus alimentos ancestrales.
Sembrar semillas propias así cueste más
El proyecto Semilla Nativa, que funciona desde hace más de una década, se dedica precisamente a preservar las especies de alimentos originarias de Colombia que, con el tiempo, han quedado relegadas. Diego Chiguachi, uno de los responsables del proyecto, explica a France 24 que, con ese propósito, la ONIC compra las semillas a los resguardos indígenas para luego venderlas a quienes las estén buscando.
“En el campo, las semillas se están perdiendo, el conocimiento tradicional se está perdiendo”, lamenta. “Producir un kilo de maíz en Colombia cuesta 12.000 pesos (unos tres dólares), pero comprar un kilo de maíz argentino sale por 400 pesos (un céntimo de dólar). La gente ha dejado de sembrar maíz”, explica.
Para contrarrestarlo, la ONIC compra ese maíz por un valor mayor, para así incentivar la siembra de las especies nativas colombianas, además de asesorar a los campesinos indígenas y proveerlos con casas de semillas para almacenarlas y tratarlas.
Ahora ya hay 17 redes de semillas nativas en el país, que guardan y hacen circular las especies colombianas de papas, frijoles, maní, arroz. Solo de maíz, han registrado más de 600 variedades en el país.
La economía internacional, en contra de la preservación de especies nativas
Tanto para Diego como para Myriam, es importante mantener las semillas nativas porque “las convencionales son muy dependientes de agroquímicos, no son tan resistentes ni tan adaptables al cambio climático”, resalta Diego.
Sin embargo, su pervivencia se ha visto amenazada por muchos factores. Para empezar, las mismas dinámicas económicas, que no hacen rentable el trabajo agrícola en Colombia y menos con las especies nativas.
Además, las organizaciones indígenas y campesinas de Colombia y del mundo denuncian el llamado “robo de semillas” perpetrado por empresas occidentales y amparado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización transnacional con sede en Suiza.
Diego Chiguachi explica que, durante años, las empresas acudieron a países latinoamericanos para recoger semillas que luego patentaron como propias. Eso significa que, a partir de ese momento, se tenía que pagar para usar esas semillas. “Esa es la apropiación del patrimonio colectivo”, asegura.
La pervivencia de las semillas también depende de la propia pervivencia de los pueblos indígenas, cuyas tradiciones y culturas viven en un riesgo constante.
Su defensa del territorio suele ponerlos en la mira de los grupos armados. La organización Indepaz cifra en 47 los asesinatos a líderes indígenas durante el 2020, unos crímenes que quedaron en la impunidad, en su mayoría.
Además, según los datos públicos, más de la mitad de los indígenas en Colombia vive en pobreza. Una de las caras más crueles de este flagelo que afecta a la población indígena colombiana es la desnutrición infantil. Según datos del Gobierno colombiano de 2016, el porcentaje de desnutrición crónica en niños indígenas fue del 29,5 %, más del doble de la media nacional.
“Si nosotros tenemos tierras fértiles, aguas, bosques, población joven, es incomprensible que estemos pasando hambre”, reclama Diego.
Por eso, el ejercicio de recuperar y repartir semillas nativas es también un ejercicio de soberanía alimentaria. “Esa semilla la debemos cuidar, igual que el animal, la montaña y la misma alimentación. Debemos promover la sostenibilidad alimentaria de los pueblos indígenas”, reivindica Myriam.
Con ese objetivo, se dedica a “promover el trabajo intergeneracional entre los mayores y los niños, que los niños aprendan cómo se manejan los cultivos para que se traspasen los conocimientos ancestrales”.
Así ha sucedido durante generaciones: “El maíz antes era un pasto. Para pasar de un pasto al maíz como lo tenemos hoy fueron 900 generaciones de trabajo acumulado, sobre todo de mujeres”, recuerda Diego.
Un trabajo que vuelve a florecer bajo el cuidado de los pueblos indígenas colombianos.
La Junta de Portavoces del Poder Legislativo llegó a un acuerdo para priorizar el debate del dictamen de los proyectos de ley 3585, 4201, entre otros. Ambas legislaciones proponen la autorización del retiro de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta 4 UIT. La sesión será en el Pleno este jueves 11 de abril.
El pasado 26 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 3 en contra, que faculta a los afiliados de las AFP retirar S/. 20 mil 600, que equivale a 4 UIT.
De aprobarse y sin observaciones desde el Ejecutivo, este dictamen se convertiría en ley. La persona asociada a la AFP tendrá 90 días para envíar su solicitud.
Su abogado ha confirmado que el gobernador se presentará en el Palacio Legislativo a las 15:00 horas
Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, ha sido convocado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar detalles sobre los relojes Rolex entregados a la presidenta Dina Boluarte, quien está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
Según la agenda, la sesión está prevista para este martes a las 15:00 horas y se llevará a cabo en formato semipresencial.
Humberto Abanto, abogado defensor del gobernador de Ayacucho, ha confirmado la asistencia de su cliente al Palacio Legislativo. El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre), tiene la intención de indagar sobre los pormenores de la adquisición de los artículos de lujo, incluyendo fechas, lugares de compra, precios, comprobantes de transacciones y su declaración ante las instancias pertinentes, como Contraloría.
Durante esa reunión, se discutirá si presentará una solicitud para establecer una comisión investigadora sobre el caso conocido como Rolexgate. En una reunión previa a la que Boluarte fue convocada pero no asistió debido a un «estatus especial de inmunidad» que argumentó, se aprobó la presentación de la solicitud, aunque posteriormente se reconsideró.
También se ha convocado a declarar a Zósimo Cárdenas, gobernador de Junín, y a Werner Salcedo, gobernador de Cusco, para esclarecer si llevaron a cabo una recaudación de fondos para la presunta compra de un artículo de lujo de origen francés, con la intención de entregárselo a la mandataria a cambio de recibir beneficios en el presupuesto público.
