Pese a alerta de Contraloría, entre los años 2021 y 2022. Gobierno Regional Piura no cuenta con stock suficiente de ayuda humanitaria para respuesta oportuna ni cobertura presupuestal

De 1,528 riesgos o alertas emitidas y notificadas a los gobiernos regionales y locales del país por la Contraloría General entre los años 2021 y 2022, principalmente debido a la falta de aprobación del Plan de Prevención y Reducción de Desastres, el 84% (1328) no han sido atendidas hasta el momento por 1,496 municipalidades provinciales y distritales del país.

A ello se suman otros incumplimientos por parte de un gobierno regional y otras entidades, lo que pone en riesgo las acciones de prevención ante desastres naturales y la reducción de situaciones de vulnerabilidad para los habitantes de sus jurisdicciones.

Como se conoce, el Perú es un país expuesto a riesgos de desastres naturales, como lluvias, sismos, sequías, entre otros. Por ello, la situación identificada contraviene la Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) por la cual los gobiernos regionales y locales deben fiscalizar y ejecutar los procesos que permitan identificar y reducir riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos ante situaciones de desastres.

Entre los años 2021 y 2022, el presupuesto destinado a la Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, asignados a los gobiernos locales y regionales, ascendió a 2,588 millones de soles (PIM), de los cuales se ha ejecutado el 69.8 %, de acuerdo a información del portal Consulta Amigable del MEF.

En departamentos

Los departamentos con mayor número de situaciones adversas alertadas por la Contraloría General, consideradas como No Corregidas debido principalmente a la falta de aprobación y posterior implementación del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, por parte de los gobiernos regionales, locales y otras entidades, son: Áncash (119), Lima Provincias (111), Cajamarca (97), Ayacucho (87), Junín (82), Arequipa (74), Huancavelica (73), Puno (73, incluido el Proyecto Binacional del Lago Titicaca), Amazonas (71), Apurímac (66), La Libertad (63), San Martín (60, incluida la Dirección Regional de Transportes), Huánuco (55), Loreto (45), Piura (48, incluido el gobierno regional), e Ica (35, incluida la Dirección Regional de Agricultura).

Otros departamentos con situaciones adversas alertadas son: Lambayeque (26), Pasco (19), Tacna (18), Cusco (16), Moquegua (13), Ucayali (12), Tumbes (11), Madre de Dios (10) y la Provincia Constitucional del Callao (4).

Dichas situaciones adversas fueron notificadas a las entidades involucradas por medio de 1582 informes de control simultáneo remitidas entre los años 2021 y 2022. Las situaciones adversas referidas a la falta de aprobación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres impiden identificar medidas, programas, actividades y proyectos que eliminen o reduzcan las condiciones de riesgo de desastres o que prevengan nuevas condiciones.

Lima Metropolitana

En el caso de Lima Metropolitana se identificaron 10 situaciones adversas sin corregir, por la no aprobación del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, correspondiente a las municipalidades distritales de Ancón, Chorrillos, Lurigancho, Magdalena del Mar, Barranco, San Miguel, Pucusana, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Luis, Cieneguilla y San Borja que no han aprobado el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.

En el caso del distrito de Comas, no programó actividades de prevención, lo que generaría el riesgo de no contar con estudios de amenazas y vulnerabilidades del distrito; y afectar el cumplimiento de las metas para la implementación de intervenciones.

De otro lado, se ha alertado que otras instituciones integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como el Instituto de Defensa Civil (INDECI), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mantienen 30 situaciones adversas no corregidas referidas a sus funciones.

Por ejemplo, en el caso del IGP, hay retraso en el avance de implementación de las estaciones y COER que no permite hacer pruebas de la infraestructura que utilizará el proyecto del Sistema de Alerta Sísmica Peruana (SASPE). Asimismo, en el INDECI hay carencia de planes de rehabilitación regional y local vinculada a declaratoria de emergencia o falta de adecuadas condiciones de almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria, entre otras, mientras que el Ministerio de Vivienda está referido en su mayoría a módulos de vivienda temporales que tienen deficiencias de diseño o de instalación.