Resultado del operativo de control a establecimientos en todo el país. Una de cada tres ambulancias asignadas a estos establecimientos de salud, están inoperativas. Supervisión comprendió establecimientos a cargo del Minsa, EsSalud, Gobiernos Regionales, INPE, así como la Sanidad del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y PNP.
La Contraloría General de la República hizo público el Informe de Operativo de Servicio de Control Simultáneo N° 28729-2023-CG/SALUD-SOP con los resultados del operativo «Salud en los Establecimientos del Primer Nivel de Atención», que permitieron revelar las preocupantes condiciones en materia de infraestructura, equipamiento y asignación de recursos humanos que afrontan muchos establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención a nivel nacional.
En el país existen 9,012 establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención, de los cuales 7,855 (87.2 %) pertenecen a los Gobiernos Regionales, 425 (4.7 %) al Ministerio de Salud (Minsa), 318 (3.5 %) al Seguro Social de Salud (EsSalud), 144 (1.6 %) a la Sanidad del Ejército del Perú, 76 (0.8 %) a la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), 76 (0.8 %) a las municipalidades, 55 (0.6 %) al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 37 (0.4 %) a la Sanidad de la Marina de Guerra del Perú y 26 (0.4 %) a la Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
El despliegue de la Contraloría permitió visitar un total de 1,878 establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención, de los cuales se pudo supervisar y registrar información de 1,836 establecimientos, mientras que tres estaban desactivados y 39 se encontraban cerrados al momento de la visita de los auditores. Del total supervisado, 1,620 establecimientos corresponden a Gobiernos Regionales, 69 a EsSalud, 55 al Minsa, 30 a la Sanidad del Ejército del Perú, 20 a la Sanidad de la PNP, 16 a la Sanidad de la Marina de Guerra, 11 a las municipalidades, 8 al INPE y 7 a la Sanidad de la FAP. Según categorías, 835 establecimientos son categoría I-1, 565 son I-2, 347 son I-3 y 89 son I-4.
Principales hallazgos
El operativo permitió determinar que el 43 % (786) de establecimientos de salud del primer nivel de atención que han sido supervisados (1836) por los auditores de la Contraloría no cuentan con resolución de categorización vigente, lo cual es importante para clasificarlos en base a su nivel de complejidad y a características funcionales para responder a las necesidades de la población. De este total, la mayor cantidad (709) son adscritos a los gobiernos regionales, seguido de 31 del Minsa y 26 de EsSalud.
Asimismo, se determinó que el 54 % (990) de establecimientos de salud supervisados no publican el horario de entrega de citas de consulta externa, lo que genera el riesgo de limitar el derecho de acceso al servicio de salud por parte de la población. De ese total, tenemos que 920 establecimientos de salud que cometen este incumplimiento pertenecen a gobiernos regionales.
El operativo también permitió revelar que, del total de 621 ambulancias distribuidas en 489 establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 28 % (171) se encuentra inoperativas, lo que representa un riesgo para el oportuno traslado terrestre de los pacientes en situación de emergencia. La mayor cantidad de ambulancias inoperativas se encuentra en los establecimientos de salud adscritos a los gobiernos regionales (154) y los de la Sanidad de la PNP (10).
Otro hecho detectado por los auditores es que el 41 % (744) de los establecimientos de salud supervisados están ubicados a menos de 100 metros de edificaciones como grifos, colegios, mercados, entre otros, lo que genera el riesgo de contaminación e infecciones en los pacientes que acuden a dichos nosocomios.
Deficiencias en establecimientos de categoría I-4
La Contraloría determinó que el 43 % (38) de establecimientos de salud del primer nivel de atención con categoría I-4 que fueron supervisados, no cuentan con el servicio de radiología, lo cual significa un riesgo para el oportuno diagnóstico por imágenes de las patologías que presenten los pacientes que acuden a dichos nosocomios. Del total de establecimientos que incumplen la exigencia obligatoria de contar con el servicio de radiología, 37 están bajo el ámbito de gobiernos regionales.
Otra carencia detectada en los establecimientos de categoría I-4 es la incubadora de transporte en el Área de Atención al Recién Nacido, ya que el 36 % (32) de estos establecimientos no cuentan con dichos equipos, lo que genera un riesgo en la oportunidad, seguridad y calidad de la atención inmediata a los recién nacidos en estos nosocomios, de los cuales 26 pertenecen a los gobiernos regionales, dos a la Sanidad del Ejército del Perú, dos a EsSalud y dos al Minsa.
A esto se suma que el 20 % (89) de establecimientos de salud de los niveles I-3 y I-4 no cuentan con unidad dental completa, lo cual pone en riesgo la oportunidad, seguridad y calidad del servicio odontológico que se brinda a los pacientes que llegan a estos establecimientos. En este caso, 81 establecimientos del total de involucrados son de los gobiernos regionales.
Asimismo, el 38 % (34) de establecimientos de salud del nivel I-4 no cuentan con coche de paro cardio respiratorio, el 58 % (52) no tienen un electrocardiógrafo y el 54 % (48) no tienen un desfibrilador externo automático en el tópico de urgencias y emergencias, generándose así un riesgo en la atención inicial de los pacientes que acuden en estado crítico. A esto se suma que 33 % (29) tampoco cuentan con monitor fetal en la sala de dilatación de atención de gestantes en trabajo de parto.
Establecimientos con servicios básicos incompletos
Los auditores de la Contraloría también verificaron que el 37 % (675) de los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención que fueron visitados a nivel nacional no cuentan con la totalidad de los servicios mínimos básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe y/o alcantarillado), lo cual pone en riesgo la atención adecuada de necesidades básicas del personal de salud y la bioseguridad en los establecimientos. Este hecho se presenta en 655 establecimientos adscritos a los gobiernos regionales.
Lo más crítico es que 96 establecimientos de salud (5 % del total visitado) no cuentan con ninguno de los servicios mínimos básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe y/o alcantarillado). De ese total, 95 corresponden a gobiernos regionales y el restante a la Sanidad de Ejército del Perú.
Falta de salas y áreas en establecimientos de salud
El operativo también permitió comprobar que el 32 % (592) establecimientos no cuentan con sala de inmunizaciones, el 24 % (431) no tienen área de triaje. También se evidenció que el 19 % (17) de establecimientos de primer nivel atención I-4 no cuentan con almacén especializado de productos farmacéuticos, lo que representa un riesgo para la conservación de dichos productos en el tratamiento oportuno de los pacientes.
Además, quedó evidenciado que el 30 % (27) de los establecimientos I-4 no cuentan con sala de ecografía general y el 85 % (76) no cuentan con sala de mamografía digital, lo cual podría afectar el tratamiento oportuno de pacientes.
Finalmente, el 30 % (541) de establecimientos de salud visitados no tienen profesionales en enfermería que hayan sido capacitados en cadena de frío y oficializado por la coordinación de inmunizaciones. De ese total, existen 490 que están adscritos a los gobiernos regionales. Este hecho representa un riesgo para lograr un proceso de vacunación seguro en estos establecimientos de salud.
Esta problemática y carencias fueron comunicadas por la Contraloría a los titulares del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que adopten las acciones urgentes que correspondan para garantizar un correcto funcionamiento de los establecimientos de salud a su cargo y así garantizar la adecuada atención de los pacientes que los visitan.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su plena confianza en que el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana.
Sus declaraciones se dieron tras presidir el taller “Adaptación de Intervenciones basadas en evidencia”, organizado por el MIMP, como parte del fortalecimiento institucional del sector.“Estamos seguros de que nos van a dar el voto de confianza. Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados. Es un gabinete muy cohesionado, que busca la unidad y también la articulación”, afirmó la ministra Montellanos, tras referirse a las reuniones sostenidas por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros con diversas bancadas parlamentarias.
Durante el evento, la titular del MIMP remarcó que su gestión se rige por dos ejes transversales fundamentales: la articulación y el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. “Contamos con un convenio que nos permite aterrizar nuestras políticas y buscar no solamente más ciencia, sino más evidencia para transformar historias y vidas.
Ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó.El taller, que forma parte de la implementación de la metodología IPV – Marco ADAPT+, busca fortalecer capacidades técnicas dentro del ministerio, promoviendo la adaptación de intervenciones basadas en evidencia científica.
Montellanos hizo un llamado al personal del MIMP a participar activamente en estos espacios de capacitación, que consolidan el enfoque técnico del sector.
Con el firme compromiso de seguir promoviendo la participación activa de la mujer en la vida política y democrática del país, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, bajo la dirección de la Dra. Milagros Salazar, organiza el Plenario Regional de Lima Metropolitana del Parlamento Mujer 2025, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo.
Durante dos jornadas, decenas de mujeres representantes de diversos distritos de Lima asumirán simbólicamente el rol de congresistas, debatiendo, proponiendo y aprobando iniciativas legislativas en un ejercicio democrático que fortalece su liderazgo y su presencia en el espacio público.
Esta experiencia única no solo visibiliza el potencial transformador de las mujeres, sino que también reafirma el compromiso del Congreso con la construcción de una ciudadanía activa, inclusiva y comprometida con el futuro del país.
“Con este programa, el Congreso abre sus puertas a las voces femeninas que, desde sus comunidades, lideran cambios reales y proponen soluciones concretas”, destacó la Oficina de Participación Ciudadana.
El evento incluirá espacios de formación, diálogo directo y reflexión colectiva, con el objetivo de inspirar a más mujeres a involucrarse activamente en los asuntos públicos.
