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Defensoría del Policía realiza visitas de supervisión a bases policiales de Junín, Arequipa y Loreto

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Verificó la atención en salud que reciben los agentes y sus familiares en la Sanidad Policial de estas zonas.

Con el fin de fortalecer las coordinaciones de trabajo en beneficio de los derechos humanos del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que labora en las regiones Junín, Arequipa y Loreto, y de sus derechohabientes, la defensora del Policía, Rossana Di Natali Suárez, visitó las bases policiales, así como las sedes de la Sanidad Policial ubicadas en estos lugares.

Durante una semana, la funcionaria de este organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter) acudió a las sedes de la VI Macro Región Policial Junín, la IX Macro Región Policial Arequipa y la IV Macro Región Policial Loreto, además de las comisarías y locales donde funciona la Sanidad Policial en estas regiones.

En estos lugares, conversó con los jefes de cada base policial y supervisó las condiciones en las que laboran sus efectivos, además de constatar que cuenten con todos los recursos logísticos necesarios para cumplir sus funciones.

En las sedes de la Sanidad Policial, Rossana Di Natali Suárez verificó la labor que realizan los especialistas en salud en favor de los agentes destacados en estas bases policiales, además de sus familiares asegurados. En estos lugares también dialogó con los efectivos y sus parientes para recoger sus apreciaciones acerca de la atención en estos establecimientos.

Tras realizar estas diligencias, la defensora del Policía manifestó a los mandos policiales y suboficiales, la preocupación permanente del ministro del Interior, Vicente Romero, para que cuenten con todas las facilidades y condiciones adecuadas para el cumplimiento eficiente de sus labores en materia de seguridad ciudadana.

Visita a policías heridos durante protestas

Además de visitar las sedes policiales y de sanidad, Rossana Di Natali Suárez, acompañada de un equipo de especialistas, se comunicó con algunos agentes que resultaron heridos durante las protestas que se iniciaron en diciembre del año pasado, para reiterarles el compromiso que tiene la entidad que dirige para garantizar sus derechos humanos.



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Simplificación de trámites es clave para destrabar proyectos mineros

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Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.

Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.

En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.

El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.

Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Fuente: Rumbo Minero

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PwC advierte incertidumbre sobre continuidad de Petro-Perú tras pérdidas por US$774 millones en 2024

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Auditoría revela que la estatal enfrenta riesgos como empresa en marcha por fallas recurrentes en su planta de Flexicoking y competencia en el mercado de combustibles.

Petro-Perú registró una pérdida neta de US$774 millones en 2024, según sus Estados Financieros auditados por PwC, que cuestionan su viabilidad como «empresa en marcha». La auditoría atribuyó el resultado a la baja producción de la Refinería de Talara (NRT) y a la venta de residuales por fallas en la planta de Flexicoking (FCK), clave para procesar crudos pesados. «La FCK ha estado paralizada 8 de los últimos 16 meses», detalló el informe.

Expertos como César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, anticipan otro año negativo: «Podrían perder US$230 millones en 2025». Fernando de la Torre, exgerente financiero, destacó que el rescate del MEF evitó la insolvencia, pero criticó que no se ajustara el valor contable de la NRT pese a sobrecostos documentados por la Contraloría.

PwC sugirió evaluar unidades como el Oleoducto Norperuano (ONP), afectado por atentados, y priorizar la reestructuración corporativa. «Sin cambios, la dependencia del Estado seguirá», advirtió Erick García, experto en hidrocarburos.

Fuente: El Comercio

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