La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su plena confianza en que el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana.

Sus declaraciones se dieron tras presidir el taller “Adaptación de Intervenciones basadas en evidencia”, organizado por el MIMP, como parte del fortalecimiento institucional del sector.“Estamos seguros de que nos van a dar el voto de confianza. Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados. Es un gabinete muy cohesionado, que busca la unidad y también la articulación”, afirmó la ministra Montellanos, tras referirse a las reuniones sostenidas por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros con diversas bancadas parlamentarias.

Durante el evento, la titular del MIMP remarcó que su gestión se rige por dos ejes transversales fundamentales: la articulación y el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. “Contamos con un convenio que nos permite aterrizar nuestras políticas y buscar no solamente más ciencia, sino más evidencia para transformar historias y vidas.

Ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó.El taller, que forma parte de la implementación de la metodología IPV – Marco ADAPT+, busca fortalecer capacidades técnicas dentro del ministerio, promoviendo la adaptación de intervenciones basadas en evidencia científica.

Montellanos hizo un llamado al personal del MIMP a participar activamente en estos espacios de capacitación, que consolidan el enfoque técnico del sector.

El Congreso de la República aprobó, en primera votación, una iniciativa del congresista Ilich López Ureña, representante de Junín por Acción Popular, para modificar el cálculo de reparto de utilidades. Cabe recordar que López ha sido vinculado al grupo parlamentario conocido como “Los Niños”, señalado por presuntos acuerdos políticos a cambio de favores durante el gobierno de Pedro Castillo.

La medida, que se presentó con el pretexto de reducir desigualdades, en realidad beneficiará a un reducido grupo de alrededor de 7,000 trabajadores del sector eléctrico —en su mayoría empleados de empresas estatales— que ya cuentan con ingresos elevados. Con este cambio, podrían llegar a recibir hasta 28 sueldos anuales por todo concepto. Este ajuste tendría un impacto directo en los más de 30 millones de usuarios del servicio eléctrico en el país, quienes verían un incremento estimado del 5% en sus tarifas.

Cambios en la fórmula de reparto y mayor impacto en costosEl proyecto de ley modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, duplicando el porcentaje de utilidades para los trabajadores del sector eléctrico, de 5% a 10%, y cambiando la fórmula de distribución: ahora, el 75% se calcularía en función de los días laborados y solo el 25% según el nivel de remuneración. Las empresas —en su mayoría del Estado pero bajo régimen privado— se verán obligadas a trasladar este mayor costo laboral a los usuarios finales, afectando directamente las tarifas.

Además, el incremento en el gasto operativo reducirá los recursos disponibles para reinversión en infraestructura, limitando la expansión de redes eléctricas, la mejora del servicio y programas sociales como “Electricidad al Toque” del Ministerio de Energía y Minas.

Reacciones y repercusiones

Si bien la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú ha saludado la iniciativa, calificándola como un acto de justicia para su sector, expertos del rubro advierten que la medida aumentará los costos de peaje y la tarifa de usuario final, perjudicando a hogares, comercios e industrias.

Próximos pasos

El proyecto continúa su trámite legislativo, aunque las críticas sobre su verdadero impacto económico y su cuestionada autoría han abierto un debate que pone en tela de juicio los intereses detrás de esta iniciativa. La ciudadanía, por su parte, deberá asumir las consecuencias en su recibo de luz.

2 de abril de 2025