Después que el Operador político del IDL, Gustavo Gorriti hizo público el video en el que Jorge Barata lo menciona, se desató una situación altamente comprometedora para el fiscal José Pérez Gómez. Resulta que su propio despacho había afirmado que él era el único en posesión de dicho material, ¡pero resultó ser todo lo contrario! Este incidente ha llevado al polémico miembro del Equipo Lava Jato a enfrentar una queja funcional, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación y las posibles consecuencias que enfrenta.

Según el recurso legal presentado por el Abogado Luis Alberto Pacheco Mandujano, Pérez y sus adjuntos, Walter Villanueva y Eddie Velásquez, habrían infringido el Código Procesal Penal en relación al principio de reserva.

“¡Estamos hablando de una violación a las normas legales que rigen su función como fiscales! “

Además, se alega que también habrían actuado en contra del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público. Estas acusaciones son serias y plantean interrogantes sobre la integridad y ética de estos funcionarios.

Lo más sorprendente es que, a pesar de haber citado al litigante para entregarle el video de la declaración de Jorge Barata, Pérez firma una disposición negándose a entregar el material. ¡Es una contradicción impactante y desconcertante! Para añadir más controversia al asunto, dos días después, el video aparece tanto en el portal IDL como en el diario La República. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cuál es la verdad detrás de esta situación?

El abogado Pacheco Mandujano argumenta de manera contundente que recurrir a operadores políticos que disfrazan sus actividades partidarias bajo el cariz de periodismo implica una intencionalidad que va más allá de lo puramente judicial. ¡Estamos hablando de una supuesta manipulación de información con fines políticos!

En su recurso, no solo pide apartar a los fiscales del caso, sino que también sugiere su destitución ante la Junta Nacional de Justicia. Estas demandas reflejan el grado de indignación y preocupación ante lo ocurrido.

Es importante recordar el trabajo de José Domingo Pérez en el caso Lava Jato, el cual ha abarcado un extenso período de más de 7 años. Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado acusaciones formales como resultado de dicha investigación. Resulta curioso y, a la vez, irónico que ahora esté buscando una plaza como juez, lo que podría interpretarse como un intento de alejarse de la fiscalía donde no ha obtenido ningún éxito.

Existen críticos que sugieren que la actuación de Domingo Pérez en la fiscalía tiene como único propósito favorecer a la mafia vinculada a la empresa corrupta Odebrecht. Es relevante mencionar que esta empresa también cuenta con el respaldo de inefable Gustavo Gorriti.