A menos de año y medio de las elecciones generales de 2026, se puede confirmar que, al menos, cuatro de los posibles candidatos voceados y con un número de seguidores alto en el país se encuentras fuera de la contienda. Ellos son Hernando de Soto, Antauro Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

Más allá de si la razón que hoy los mantiene imposibilitados de postular tiene que ver con una inhabilitación, algún delito cometido o el no haber llegado a un acuerdo con los dueños del partido político por el que esperaban postular, es relevante resaltar que los seguidores de estos personajes ahora tendrán que tomar nuevas decisiones. Soto, que ya había postulado el 2021, parecía muy cerca a encabezar la lista de un partido nuevo en la ONPE; sin embargo una desavenencia con el líder de su ex organización política le hizo dar un paso al costado. En el caso de Antauro Humala, su organización política A.N.T.A.U.R.O. está declarada como ilegal por el Poder Judicial y su nueva inscripción en el partido Juntos por el Perú tampoco le permite ser candidato presidencial por haber empezado su militancia fuera del plazo establecido. Martín Vizcarra la tiene más complicada que todos, pues posee diversas inhabilitaciones por el Congreso de la República. Finalmente, lo de Pedro Castillo ya era un hecho: no podría postular, pues se mantiene en la cárcel con prisión preventiva.

Hay quienes cuestionan el por qué estos personajes hoy no podrán postular si vivimos en una democracia. No obstante, es necesario hacer entender a quienes tienen esa idea que vivimos en un estado de derecho con normas y reglas que la sociedad debe respetar aún si no nos agradan. Vizcarra, por ejemplo, ha liderado casi todas las últimas encuestas, sin embargo ya no es más una opción. Tanto él como los demás tienen en este momento la responsabilidad de guiar a quienes iban a votar por ellos por un camino sensato por el bien del país.

El gobierno anunció recientemente su deseo por tener el 10% de la programación de los medios de comunicación. La razón no es otra que la pretensión de difundir diversos contenidos contra todo tipo de violencia. A este segmento, el Estado lo ha denominado «franja educativa». Esta iniciativa, en la actualidad, ya es una ley promulgada, por ello, múltiples medio han alzado su voz contra esta medida.

La razón principal por la que gran parte de los medios de comunicación se muestran en contra de esta política es porque va en contra de su autonomía, en otras palabras, vulnera la independencia editorial. Sin embargo, también es cierto que la llamada «franja educativa» podría instrumentalizarse para difundir narrativas o informaciones ajenas a la lucha contra la violencia y, más bien, con la finalidad de apoyar al Ejecutivo o al Congreso en sus intereses particulares. Y no sería extraño que las entidades gubernamentales culminen usando esta franja de tal forma, pues hoy día de lo que menos gozan es de legitimidad. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen una aprobación nacional de apenas un dígito.

Es importante precisar que desde esta tribuna no nos oponemos en lo absoluto a las políticas que luchan contra la violencia, de hecho, nos parece positivo que los medios de comunicación fomenten este tipo de buenas prácticas. No obstante, resulta imperativo mostrar preocupación por la ejecución de esta norma y su posterior fiscalización. La norma recién aprobada alcanza tanto a los canales de televisión, emisoras radiales y prensa escrita. En ese sentido, será de suma importancia que la «franja educativa» se ejecute de forma óptima y sin cabos sueltos.