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El gobierno en medio de los medios de comunicación

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El gobierno anunció recientemente su deseo por tener el 10% de la programación de los medios de comunicación. La razón no es otra que la pretensión de difundir diversos contenidos contra todo tipo de violencia. A este segmento, el Estado lo ha denominado «franja educativa». Esta iniciativa, en la actualidad, ya es una ley promulgada, por ello, múltiples medio han alzado su voz contra esta medida.

La razón principal por la que gran parte de los medios de comunicación se muestran en contra de esta política es porque va en contra de su autonomía, en otras palabras, vulnera la independencia editorial. Sin embargo, también es cierto que la llamada «franja educativa» podría instrumentalizarse para difundir narrativas o informaciones ajenas a la lucha contra la violencia y, más bien, con la finalidad de apoyar al Ejecutivo o al Congreso en sus intereses particulares. Y no sería extraño que las entidades gubernamentales culminen usando esta franja de tal forma, pues hoy día de lo que menos gozan es de legitimidad. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen una aprobación nacional de apenas un dígito.

Es importante precisar que desde esta tribuna no nos oponemos en lo absoluto a las políticas que luchan contra la violencia, de hecho, nos parece positivo que los medios de comunicación fomenten este tipo de buenas prácticas. No obstante, resulta imperativo mostrar preocupación por la ejecución de esta norma y su posterior fiscalización. La norma recién aprobada alcanza tanto a los canales de televisión, emisoras radiales y prensa escrita. En ese sentido, será de suma importancia que la «franja educativa» se ejecute de forma óptima y sin cabos sueltos.

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Inversión pública avanza en 2025, pero persisten retos en calidad del gasto

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Especialista de Redes advierte que, pese al aumento presupuestal, se requiere una reforma estructural para lograr mayor eficiencia e impacto en la población.

La inversión pública en el primer semestre de 2025 alcanzó un avance cercano al 40 %, superando el promedio histórico, según el análisis de la economista Mónica Muñoz-Nájar, de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). Si bien el dato representa una señal positiva, la especialista advierte que el avance sigue siendo frágil y que el reto principal no es solo cuánto se gasta, sino en qué y con qué resultados. “Ya estamos alrededor del 40 %, lo cual es positivo, sobre todo cuando pensamos que el Estado es lento para gastar”, señaló.

Muñoz-Nájar explicó que el Gobierno continúa liderando la ejecución presupuestal, seguido por regiones como Junín, Arequipa y Amazonas. Sin embargo, en el ámbito local persisten limitaciones: seis municipalidades, ubicadas en Áncash y Cajamarca, no han ejecutado ni un sol de su presupuesto. Esto evidencia las brechas de capacidad técnica en ciertos gobiernos subnacionales.

En ese sentido, la economista remarcó que no basta con ejecutar el presupuesto, sino que es fundamental enfocarse en la calidad del gasto: “A veces se gasta la plata y no hay resultados. Cuando se ven buenos resultados, se puede mejorar el acceso a servicios públicos como agua, salud, educación o transporte, que tienen un efecto multiplicador en la economía”, sostuvo.

Finalmente, indicó que, para que la inversión pública se traduzca en bienestar real, es necesario impulsar una reforma institucional que profesionalice el servicio civil, simplifique los trámites y priorice proyectos con impacto tangible en la ciudadanía.

Fuente: RPP                

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Gasto en remuneraciones de gobiernos subnacionales crece el doble que la inversión pública

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Según el IPE, mientras la inversión pública aumentó 65% desde 2016, el gasto en salarios casi se duplicó. Municipalidades ejecutan proyectos «atomizados» que no cierran brechas.

Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que el gasto en remuneraciones de gobiernos regionales y municipales se duplicó en términos reales desde 2016, frente a un crecimiento del 65% en inversión pública. «Solo en 2024, las planillas subieron 29.6%, el mayor incremento registrado», precisa el informe.

Aunque la inversión pública creció 9.9% en el primer semestre de 2025, el IPE proyecta una desaceleración al 4.1% anual. El problema, señala, radica en la falta de capacidad para ejecutar proyectos estratégicos: «30% de los proyectos en Puno, Lima Provincias y Huancavelica son ‘atomizados’ (menores a S/500,000), lo que limita su impacto».

El documento destaca que entidades con directivos de Servir mejoraron su eficiencia, pero urge fortalecer capacidades: «Se necesitan funcionarios capacitados y metas claras para que el gasto en personal no compita con la inversión».

Fuente: GestiónInversión

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