A pesar de todas las facilidades, los gobiernos subnacionales son incapaces de ejecutar los planes de prevención para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Hay tragedias que no avisan. Un potente terremoto, por ejemplo, puede devastar ciudades en un abrir y cerrar de ojos, y su llegada se sabe con apenas unos pocos segundos de anticipación. La falta de certeza sobre cuándo efectivamente ocurrirá cualquier sismo explica que las autoridades inviertan poco o nada en mitigar los daños que ocasionaría.

Sobre el fenómeno de El Niño actual no se puede decir lo mismo. Se trata, posiblemente, del desastre climático más anunciado, repetido y analizado del que se tenga memoria en el Perú. A diferencia de otro tipo de fenómenos y eventos naturales, en este se conoce con relativa precisión sus tiempos y proceso de desarrollo (queda por definir su magnitud). De hecho, como señala este Diario hoy, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) oficializó esta semana la presencia de El Niño global, un evento del Pacífico central cuyo impacto, según los especialistas, se dejará sentir en diferentes ámbitos de la vida de los peruanos (desde la agricultura hasta la educación o la mayor presencia del riesgo por ciertas enfermedades). Según el Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN), actualmente ya se siente en el país El Niño costero, frente a las costas peruanas del sur y centro, y duraría hasta finales del verano del 2024. Las posibles lluvias en el norte y sequías en el sur llegarían en los siguientes meses.

Es justamente por esta relativa claridad que resulta inconcebible que los gobiernos regionales y locales hayan avanzado tan poco en su presupuesto para emergencias por desastres naturales. Llegado julio, los primeros registran un nivel de ejecución de 24,9 %; los segundos, de 31,8 %. La situación es incluso más grave si se analiza la sección del presupuesto destinada a inversión pública. En esa métrica, los gobiernos subnacionales no llegan ni al 20 % de ejecución, y algunos como los de Loreto, Lima Metropolitana, Lima región, Arequipa y Tacna no han alcanzado ni siquiera el 1 %. Se trata de defensas ribereñas, control de desborde e inundaciones, maquinaria pesada especializada, ampliación de canales y otros proyectos de inversión que pueden salvar vidas y que debieron estar listos hace meses. Algunos llevan pendientes años.

Es cierto que los alcaldes y gobernadores regionales llevan apenas siete meses en el cargo, pero eso no debería significar que los eventos climáticos globales deben procurar calzar con el cronograma político nacional o, de lo contrario, no hay nada que se pueda hacer al respecto. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dispuesto de recursos y facilidades para invertir de forma más rápida en la preparación para las potenciales lluvias, y se han aprovechado poco hasta ahora.

La diferencia fundamental con otros proyectos de inversión pública es que en este caso existe una fecha límite inexorable para llevarla a cabo. Por lo general, si la carretera o el hospital se retrasan en su construcción, siempre es posible volver a empujar el proyecto en el siguiente período, con los costos que ello implique. Con el fenómeno de El Niño, las lluvias y sequías –que afectarán diversos sectores productivos y la infraestructura nacional– están en el calendario para finales de este año e inicios del siguiente. Inversiones preventivas posteriores a tal período serían casi totalmente inútiles.

De cierto modo, esta debería ser una prueba ácida de capacidad resolutiva del aparato estatal. Si con recursos fiscales, facilidades de implementación, apoyo político, tiempo suficiente y una amenaza inminente encima el sistema operativo del sector público –estructurado a través de la descentralización política– sigue siendo incapaz de ejecutar planes de prevención mínimos, ¿de qué vale mantenerlo en su actual conformación? ¿En qué circunstancias entonces sí podría funcionar? Se le ha dado esta vez todo lo que podría requerir. No habrá excusas.

Editorial de El Comercio – Domingo 9 de julio 2023