“Los partidos se hacen responsables de la administración del dinero público bajo un marco legal insuficiente”.
Los gastos del dinero público que se les entrega a los partidos políticos han sido puestos en cuestión en los reportajes elaborados por Daniel Yovera y Christopher Acosta. Hacer política cuesta y sin dinero no se puede hacer nada. El problema para un partido político es cómo conseguirlo y cómo gastarlo. Esto no es tarea fácil.
Hace mucho que aquí y en el mundo los partidos no se sostienen con los recursos de sus miembros, que pagan sus cuotas tarde, mal o nunca. Si escasea el dinero y hacer política resulta cada vez más costoso, la brecha se amplía y el partido debe extender la mano a quienes ostentan el dinero. El que aporta desea recibir más tarde una retribución, pues en política no existe la filantropía. De esta manera, había partidos que recibían mucho dinero y otros que ingresaban casi nada. Limitar el ingreso y el uso de esta fuente privada de dinero no era suficiente, pues este es escurridizo, difícil de supervisar, adquiere formas diversas de evadir la ley –como tapers, maletines, paneles, etc. – y puede tener un origen lícito o ilícito.
Así, aparece el financiamiento público con el propósito de equilibrar, en parte, la desigualdad producto del ingreso del dinero privado y fortalecer la caja de los partidos para hacerlos menos vulnerables al dinero de las corporaciones o el mal habido. Esta situación se ahonda en países como el Perú, en donde los partidos son altamente precarios. Se trataba, pues, de fortalecerlos. Con esta lógica fue pensada la figura en la ley de partidos políticos del 2003, aun cuando esta solo se hizo efectiva a partir del 2017.
Se dispuso, luego, que ese dinero debía ser usado de la siguiente manera: la mitad en gastos ordinarios y la otra mitad en capacitación, información e investigación. Lo que ha ocurrido, según los reportajes periodísticos mencionados anteriormente, es que, con ese dinero, se han pagado consultorías muy costosas, favoreciendo a militantes o allegados, desembolsado dinero a personas sin el perfil necesario para la prestación de los servicios, así como sufragado estudios de posgrado. Es más que seguro que las propias militancias no estaban ni enteradas. Así no se fortalece a los partidos, que requieren a gritos formación de sus cuadros, sino más bien a personas, cuando no a sus bolsillos.
El dinero se entrega al partido político con representación en el Parlamento por el quinquenio del mandato. De esta manera, desde el 2017 y hasta el 2026, se han entregado y se entregarán 138 millones de soles (más de 33 millones de dólares) a los partidos, siendo Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso los mayores beneficiados. El dinero se entrega al partido y no a las bancadas.
El problema es que un partido puede haber logrado un buen apoyo electoral, consiguiendo inicialmente una bancada parlamentaria, pero al final del mandato esta puede haberse reducido considerablemente, como sucedió con Peruanos por el Kambio (PPK) o el Frente Amplio.
Los partidos se hacen responsables de la administración del dinero público bajo un marco legal insuficiente. La ley es muy genérica y no le provee a la ONPE los instrumentos y mecanismos suficientes para indagar sobre los gastos, bajo un catálogo suficiente de sanciones para poder cumplir adecuadamente sus funciones.
Lo único que va a provocar el mal uso de los fondos públicos es la indignación ciudadana y la demanda para que se supriman. Con esto, solo se conseguiría sería regresar a la fuente única de financiamiento de origen privado, donde esperan, con entusiasmo, lo detentadores del dinero que tanto quieren y necesitan para hacer dependientes a los políticos.
Fuente: El Comercio – Fernando Tuesta Soldevilla
