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Embajadas condenan ataques a periodistas en Perú

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Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido exhortaron a las autoridades peruanas a que se garantice el correcto desempeño de la labor de la prensa.

A través de un comunicado conjunto, las embajadas en el Perú de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido expresaron su preocupación por los ataques registrados contra los periodistas nacionales e internacionales en el marco de las violentas “movilizaciones” antigubernamentales producto del autogolpe de Estado perpetrado por el vacado expresidente Pedro Castillo.

En ese sentido, las representaciones diplomáticas de dichos países condenaron cualquier intento de “impedir el desempeño de uno de los pilares fundamentales de la democracia” como la labor de la prensa.

“Como fuertes aliados de la democracia y los derechos humanos en el Perú, Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido muestran su preocupación por el aumento de amenazas y situaciones de violencia en general contra periodistas peruanos e internacionales”, se lee en el texto.

“En momentos como el actual, el diálogo es vital y los medios tienen el rol crítico de informar responsablemente sobre lo que sucede y alentar un debate constructivo y alturado. Para hacerlo, es necesario que se garanticen los derechos a la libertad de prensa, expresión y de acceso a la información pública”, dice el comunicado.

Cabe señalar que la Asociación Nacional de Periodista (ANP) reportó el pasado 3 de febrero que, desde que iniciaron las “protestas” hasta esa fecha, 150 periodistas habían sido agredidos, la mayoría de ellos en Lima.

Estas movilizaciones se han caracterizado por sus altos índices de violencia y actos subversivos como la destrucción de la propiedad pública, los constantes enfrentamientos con las fuerzas del orden, el intento de toma de aeropuertos, entre otros.

Entre las demandas de aquel grupo violentista están la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución, y la liberación y restitución de Pedro Castillo.

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Fortalecen capacidades de más de 6600 operadores de pesca y acuicultura en el primer semestre de 2025

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Se capacitó a un 21,23 % más de personas en 22 regiones del país, promoviendo la aplicación de buenas prácticas para garantizar la inocuidad y proteger la salud pública.

De enero a junio de 2025, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (SANIPES), capacitó a 6605 operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola, mediante 143 capacitaciones y asistencias técnicas sobre normativa sanitaria y buenas prácticas en la cadena de valor. Esta cifra representa un incremento del 21,23 % en beneficiarios respecto al mismo periodo de 2024.

“Estas capacitaciones son esenciales para garantizar que los productos hidrobiológicos que llegan a la mesa de los peruanos cumplan con los más altos estándares de calidad e inocuidad. La pesca y la acuicultura son motores de desarrollo y, a través de SANIPES, seguiremos fortaleciendo las capacidades de quienes participan en esta importante cadena productiva”, señaló el ministro de la Producción, Sergio González.

Las capacitaciones se desarrollaron en 22 regiones, siendo las de mayor número de participantes: Lima Provincia (1059), Lima Metropolitana (592), Piura (567), Arequipa (525), Loreto (466), Puno (439), Callao (438), Moquegua (434), Áncash (357), Madre de Dios (278), Ica (271) y Tumbes (218).

Proyecciones y antecedentes

Para el segundo semestre de 2025, SANIPES proyecta capacitar a cerca de 6000 operadores de la cadena productiva pesquera y acuícola, con el fin de asegurar la sanidad e inocuidad de los productos hidrobiológicos e impulsar una mayor proyección de la pesca y la acuicultura en el desarrollo económico nacional.

En 2024, SANIPES benefició a 16 968 operadores en 477 actividades de fortalecimiento y asistencia técnica. Desde su creación, ha capacitado a un total de 97 255 personas.

Desembarque pesquero

En el primer semestre de 2025, el desembarque pesquero alcanzó las 3741,2 mil TM, lo que representa un incremento del 16,2 % respecto al mismo periodo de 2024 (3220,8 mil TM). El crecimiento responde, principalmente, a un aumento del 43,6 % en desembarques para consumo humano directo, impulsado por la mayor extracción de recursos para la industria de congelados (+98,9 %), especialmente pota, jurel, langostino y atún. También se registró un incremento del 1,4 % en recursos destinados al consumo en estado fresco.

Asimismo, se observó un crecimiento del 9,6 % en desembarques de anchoveta para consumo humano indirecto, debido al aprovechamiento de saldos de la cuota de la segunda temporada de pesca de anchoveta 2024 en la zona norte-centro, y a la recuperación de la pesca en la zona sur durante la primera temporada de 2025.

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EL ESTADO QUE SE AGOTA: MILES DE OBRAS PÚBLICAS SIN AVANZAR Y CON SOBRECOSTOS

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Más de 11 mil proyectos públicos con presupuesto no han iniciado este año. Hay demoras, sobrecostos y falta de capacidad técnica.

Aunque la inversión pública en el Perú viene marcando cifras récord, sus resultados reflejan una profunda ineficiencia. Según datos del Consejo Privado de Competitividad, de casi 28 mil obras activas con presupuesto asignado, más de 11 mil no registran ningún avance en lo que va del año. Esta falta de ejecución no solo evidencia una planificación deficiente, sino también un uso desordenado y poco eficaz de los recursos públicos. 

«Estamos hablando de más de 11 mil proyectos que tienen presupuesto y no empiezan a operar», advirtió Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), quien subrayó que gran parte de estas obras inconclusas corresponden a municipios. A esto se suma el problema de los sobrecostos: el costo real de las obras públicas supera en promedio en 118 % al monto inicialmente presupuestado.

Otro indicador del agotamiento del Estado es el retraso en la ejecución. “Más de 8,000 proyectos presentan retrasos, con un promedio de 671 días”, alertó la economista de Redes. Esta situación no solo desacredita la gestión pública, sino que también limita la capacidad del Estado para atender emergencias, cerrar brechas y reactivar la economía con obras que realmente impacten en la vida de las personas.

Fuente: REDES

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