En las últimas semanas, se ha reanudado la discusión acerca de una modificación parcial o total de la Constitución del Perú. Según una encuesta de Datum, el 56% de la población está de acuerdo con la propuesta de cambiarla, de los cuales el 12% da como razón para hacerlo una mayor intervención del Estado en la economía. ¿Cuáles son las diferencias en materia económica entre las dos Constituciones más recientes?
—El rol del Estado en la economía —
Las diferencias entre los regímenes económicos se evidencian desde el enfoque en sus principios generales. La Carta Magna de 1979, en su artículo 111, señala que el “Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio”. La Constitución de 1993, bajo economía social de mercado, establece que “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.
De manera similar, mientras que la Constitución de 1979 permite abiertamente la actividad empresarial del Estado, el actual régimen económico establece un rol subsidiario para este, de modo que pueda enfocarse en otras tareas de su competencia (justicia, seguridad, salud, educación, etc.). Vale recordar que, según el BCR, entre 1989 y 1991, las empresas estatales registraron pérdidas por más de US$5 mil millones, lo que en parte determinó que hubiera déficit fiscales aún mayores al que se espera este año de crisis.
La regulación económica también tiene diferencias. Si en la Constitución de 1979 “están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil”, en la de 1993 “el Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”.
Por otra parte, la actual Carta Magna otorga las mismas condiciones a la inversión nacional y la extranjera, a diferencia de la Constitución de 1979, la cual señala que esta última es complementaria a la nacional y que el Estado la “autoriza, registra y supervisa”. Este cambio fue relevante en un contexto en el que la inversión privada se desplomó entre 1980 y 1993, y se requería la entrada de capitales internacionales.
Así, la inversión extranjera directa anual se incrementó de un promedio de US$72 millones entre 1980 y 1993 a US$4.600 millones promedio desde entonces hasta el 2019.
En general, al respaldar las libertades económicas y un marco estable, luego del cambio de Constitución la inversión privada se quintuplicó entre 1993 y el 2019, al pasar de S/18.028 millones a S/101.002 millones a precios constantes 2007.
—Preservar la estabilidad macroeconómica —
Entre las principales modificatorias también destaca que, mientras que en el régimen económico de 1979 el BCR tenía permitido efectuar créditos “para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales del país”, en la actual Constitución el BCR tiene la prohibición expresa de financiar al sector público. La Constitución de 1993 fortaleció la autonomía del BCR.
Estos cambios tuvieron un efecto importante sobre la estabilidad de la moneda, más aún en un período en el que el Perú salía de un proceso hiperinflacionario. La reducción de emisión de billetes, sumada al levantamiento de los controles de precios y la adopción del esquema de metas de inflación en el 2003, ha contribuido a una significativa reducción de la inflación: entre 1983 y 1993, la inflación promedio anual fue de 358%, mientras que entre 1993 y el 2019, la inflación promedio ha sido de 4,5% anual. Dicho de otra forma, tan solo en 1990 los precios promedio de la economía se incrementaron más de cinco veces de lo que lo hicieron en los 27 años que han transcurrido desde 1993.
—Una mejora relativa —
El cambio constitucional permitió, en buena cuenta, sentar las bases para el crecimiento económico de los últimos años. El PBI per cápita del Perú se ha multiplicado 2,6 veces desde 1992, luego de haber caído 30% tan solo entre 1987 y 1992. De hecho, el país pasó de ser el último en Sudamérica en crecimiento promedio del PBI entre 1975 y 1992, a ser el primero entre 1993 y el 2018.
La discusión pendiente pasa por mejorar la calidad de los servicios públicos. En su artículo 7, la Constitución reconoce los derechos a la protección a la salud y en el artículo 11 se garantiza el acceso a prestaciones de salud y a pensiones.
Respecto de educación, la actual Constitución estipula que “es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica”.
Sin embargo, su sola garantía en la Carta Magna no es suficiente para que estos derechos y otros se cumplan a cabalidad en la práctica. Ello requiere la mejora en la eficiencia del sector público en la provisión de bienes y servicios, así como la implementación de reformas estructurales que impulsen la productividad del país. Muchas de estas no pasan por modificaciones constitucionales.
Las que sí deban seguir una enmienda constitucional pueden realizarse dentro de los propios mecanismos internos de modificación que la Constitución contempla. Iniciar un proceso de reforma total pondría en riesgo los pilares de la política económica que tanto tiempo ha costado en construir. (El Comercio).
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, expresó su plena confianza en que el Congreso de la República otorgará el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana.
Sus declaraciones se dieron tras presidir el taller “Adaptación de Intervenciones basadas en evidencia”, organizado por el MIMP, como parte del fortalecimiento institucional del sector.“Estamos seguros de que nos van a dar el voto de confianza. Este es un gabinete que promueve el diálogo con resultados. Es un gabinete muy cohesionado, que busca la unidad y también la articulación”, afirmó la ministra Montellanos, tras referirse a las reuniones sostenidas por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros con diversas bancadas parlamentarias.
Durante el evento, la titular del MIMP remarcó que su gestión se rige por dos ejes transversales fundamentales: la articulación y el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas. “Contamos con un convenio que nos permite aterrizar nuestras políticas y buscar no solamente más ciencia, sino más evidencia para transformar historias y vidas.
Ese es nuestro principal objetivo”, enfatizó.El taller, que forma parte de la implementación de la metodología IPV – Marco ADAPT+, busca fortalecer capacidades técnicas dentro del ministerio, promoviendo la adaptación de intervenciones basadas en evidencia científica.
Montellanos hizo un llamado al personal del MIMP a participar activamente en estos espacios de capacitación, que consolidan el enfoque técnico del sector.
Con el firme compromiso de seguir promoviendo la participación activa de la mujer en la vida política y democrática del país, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, bajo la dirección de la Dra. Milagros Salazar, organiza el Plenario Regional de Lima Metropolitana del Parlamento Mujer 2025, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo.
Durante dos jornadas, decenas de mujeres representantes de diversos distritos de Lima asumirán simbólicamente el rol de congresistas, debatiendo, proponiendo y aprobando iniciativas legislativas en un ejercicio democrático que fortalece su liderazgo y su presencia en el espacio público.
Esta experiencia única no solo visibiliza el potencial transformador de las mujeres, sino que también reafirma el compromiso del Congreso con la construcción de una ciudadanía activa, inclusiva y comprometida con el futuro del país.
“Con este programa, el Congreso abre sus puertas a las voces femeninas que, desde sus comunidades, lideran cambios reales y proponen soluciones concretas”, destacó la Oficina de Participación Ciudadana.
El evento incluirá espacios de formación, diálogo directo y reflexión colectiva, con el objetivo de inspirar a más mujeres a involucrarse activamente en los asuntos públicos.
