Cerca de 19 millones de peruanos enfrentan dificultades para cubrir su alimentación diaria. Lideresas de comedores piden reformas para garantizar el abastecimiento y Videnza propone fortalecer la coordinación con el Estado.

En el Perú, 4 de cada 10 personas no consumen las raciones mínimas recomendadas al día, según la Food and Agriculture Organization (FAO). La situación se agrava por la existencia de 9,2 millones de personas en situación de pobreza y 10 millones en condición de vulnerabilidad, lo que significa que cerca de 19 millones de peruanos enfrentan dificultades para cubrir su alimentación diaria. Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y directora de Videnza Instituto, explicó que la inseguridad alimentaria leve implica que “una o más comidas del día no han podido ser consumidas por necesidad”. Resaltó la importancia de mantener la coordinación con las organizaciones sociales entre distintos gobiernos, para dar continuidad a las políticas públicas y reforzar el trabajo territorial.

Por su parte, Nelly Miranda, presidenta del comedor La Melchorita, advirtió que el apoyo estatal no cubre el 100 % de los insumos: “La otra parte la teníamos que poner los que nos íbamos a servir”, lo que obliga a aportes de los propios beneficiarios y limita el acceso de los más vulnerables. Rosa Castillo, coordinadora de la Asociación de Clubes de Madres del Perú, señaló que el subsidio directo a los comedores populares sería la mejor solución, ya que los procesos de licitación gestionados por municipalidades han generado desabastecimientos prolongados.

Finalmente, la directora de Videnza sostuvo que la articulación con las organizaciones sociales debe ser transversal y constante, y subrayó que el nuevo Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario debe diseñarse con participación activa, contar con presupuesto propio, articularse entre sectores y garantizar mecanismos de rendición de cuentas.

Fuente: Propuesta del Bicentenario

Los gremios formales del sector acatarán la medida por 24 horas en protesta por la inoperancia del Estado frente a la ola de extorsiones y ataques criminales.

El próximo 21 de agosto, los principales gremios de transportistas de Lima y Callao paralizarán sus actividades en protesta por el aumento de extorsiones y asesinatos que sufren a diario. Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, calificó la situación de insostenible y advirtió que «no hay un paso más atrás, ni un paso más adelante, el siguiente paso es el abismo». El dirigente agregó que si el Estado no reacciona, el paro de 24 horas será el último antes de una huelga indefinida.

Miguel Ángel Palomino, presidente de la CNTC, denunció que las autoridades «no han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano» a pesar de los compromisos firmados en abril. Por su parte, Martín Valeriano, de la Anitra, afirmó que “más del 80 % de las empresas están pagando extorsiones o cobros de cupo”.

Fuente: Infobae