Exministro Luis Carranza advierte que el país debe ordenar sus finanzas públicas y priorizar la inversión para recuperar la estabilidad fiscal.

La eficiencia en el uso de los recursos del Estado será un factor determinante para el desempeño de la economía peruana en 2026. Actualmente, el país enfrenta un incumplimiento de las reglas fiscales que limitan el crecimiento del gasto público, especialmente del destinado al funcionamiento del Estado y al financiamiento de servicios y programas públicos. En este contexto, diversos especialistas advierten sobre la necesidad de ordenar las finanzas públicas y priorizar un uso más eficiente del presupuesto.

Según datos de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), el aumento de las planillas estatales entre 2023 y 2025 sumó cerca de S/ 5,900 millones. Este incremento ha reducido el margen fiscal para mejorar los servicios públicos y ejecutar proyectos de inversión pública con mayor impacto en la población.

Para el economista y exministro de Economía Luis Carranza, la prioridad debe centrarse en ordenar las finanzas públicas y recuperar la inversión. “Lo que hay que hacer es, primero, regresar a controlar el crecimiento del gasto corriente y permitir y fomentar la inversión […]. Necesitamos ser eficientes en la ejecución de la inversión pública”, afirmó al referirse a la gestión del presupuesto estatal.

Carranza también advirtió que, durante la última década, el país perdió claridad en su estrategia económica. “En la década de 2010 perdimos la brújula y confundimos las cosas. Empezamos a hablar de incluir para crecer, cuando las políticas para reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y promover el crecimiento no necesariamente son las mismas, y hay que trabajar en ambos frentes”, señaló.

Fuente: InfoActiva

El organismo utiliza inteligencia artificial para identificar contenidos falsos que buscan desacreditar el proceso democrático y a los candidatos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, a través de su Comité de Fact Checking, ha identificado más de 700 alertas de desinformación difundidas en plataformas digitales durante la actual campaña electoral. Jeanmarco Vila Solano, integrante de dicho comité, explicó que el monitoreo no solo detecta ataques entre candidatos, sino también mensajes malintencionados que buscan desacreditar la transparencia de los comicios. Según el especialista, estas prácticas generan polarización y desconfianza, advirtiendo que los contenidos falsos pueden compartirse hasta siete veces más que una noticia verificada en redes sociales.

Para enfrentar este fenómeno, el JNE emplea herramientas de inteligencia artificial que permiten rastrear patrones de noticias manipuladas y publicaciones que buscan infundir miedo en el electorado. Vila Solano precisó que, ante el vacío legal que impide tipificar la desinformación como un delito electoral específico, el principal mecanismo de control es el Pacto Ético Electoral, donde los partidos se comprometen a no usar IA para ataques. El especialista citó estudios donde el 55% de los peruanos afirma haber encontrado noticias falsas, y un preocupante 33% admitió haber creído en su veracidad inicialmente.

El organismo electoral enfatizó que la desinformación representa un riesgo crítico para la participación ciudadana, ya que debilita la confianza en las instituciones democráticas. Por ello, el JNE ha habilitado un correo institucional para que periodistas y ciudadanos reporten casos sospechosos, facilitando la elaboración de desmentidos y aclaraciones oportunas. El tribunal de honor del pacto ético tiene la facultad de emitir sanciones morales y exhortaciones públicas contra aquellas organizaciones que incumplan el compromiso de promover una campaña basada en información veraz y responsable.

Fuente: Infobae