“Mientras la respuesta se limite a mediáticos estados de emergencia, lo más probable es que nos vayamos acercando al horror visto en Guayaquil la tarde del martes”.
La complicadísima situación de inseguridad que enfrenta Ecuador todavía es vista desde el Perú en tercera persona. Pero, si se mantiene la negligente mirada que ha primado en los últimos años en el liderazgo político nacional, estar en la misma realidad parece solo cuestión de tiempo.
Es que, como bien señala Juan Carlos Tafur, “tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto PNP como FF.AA.) y del sistema de justicia, eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados” (Sudaca, 10/1/2024).
Desde una mirada más especializada, debe citarse el trabajo de Nicolás Zevallos, Jaris Mujica y Christian Campos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, que –citando otros autores– describe al Perú como un país en el que, “además de existir múltiples estructuras de producción de cocaína, oro y madera ilegal, estas organizaciones pueden asociarse a dinámicas de transporte y contrabando de bienes lícitos e ilícitos, tráfico de terrenos o invasiones a proyectos de irrigación” (Prosegur Research, 2023).
¿Suena familiar? Todo lo que se menciona es parte del día a día de una amplia porción del territorio. Los medios llevan lustros reportando sobre el tema y las autoridades, un plazo similar desentendiéndose de este. El monopolio de la represión que debe ejercer todo Estado democrático resulta una mera aspiración teórica.
Por lo demás, lo que se ve en Ecuador no parece representar un caso muy particular. De hecho, el trabajo de Zevallos, Mujica y Campos identifica algunos patrones que vale la pena no perder de vista. En primer término, en la actualidad, el sistema de organizaciones criminales “se compone de una estructura de segmentos. Cada interacción de estos segmentos produce redes logísticas, cadenas de suministro y comercio asociadas a economías ilícitas”. Cuando tal interacción se da, se genera “un amplio, pero difuso, tejido de red”.
También debe notarse la inexistencia de una cabeza visible, lo que no significa que carezcan de jerarquía. “Aunque el sistema tiende a mostrarse acéfalo […], las organizaciones criminales tienden a mantener estructuras jerárquicas locales de tipo vertical o piramidal, que buscan controlar una porción limitada del territorio”. La interacción entre células jerarquizadas produce “un sistema criminal de amplio espectro”.
Tercero, el control territorial es algo fundamental para las organizaciones criminales, que tienden a buscarlo “para realizar actividades en la cadena de suministro”, aunque esta termina segmentándose, pues, “dado que no todas las fases productivas de una cadena de suministro tienen lugar en el mismo territorio, es poco probable que las células criminales ejerzan el control de toda la cadena”.
Cuarto, hay una tendencia a no especializarse. En cambio, las organizaciones criminales administran “parcelas, segmentos y algunas actividades de diversas dinámicas delictivas en el mismo territorio”, tanto en la cadena de suministros de economías ilegales como en actividades delictivas que permiten el control territorial y otros negocios ilícitos locales que generan una economía cotidiana.
Finalmente, y aunque puede resultar menos novedoso, las cárceles tienen un rol fundamental. En ellas “se han generado lógicas de agrupación que han permitido permear el sistema de control formal para desarrollar espacios de coordinación, liderazgos y dinámicas operativas relacionadas con las actividades criminales fuera de la prisión”.
Con varias de las dinámicas mencionadas por los especialistas percibidos como historias propias, ¿debe seguir viéndose como lejana la realidad ecuatoriana? Parece haber poco espacio para ello. Mientras la respuesta se limite a mediáticos estados de emergencia o coordinaciones en el terreno sin resultado cierto, lo más probable es que nos vayamos acercando al horror visto en Guayaquil la tarde del martes.
Fuente: El Comercio – José Carlos Requena Analista político
