Más de mil iniciativas declarativas en menos de dos años dan la medida de la calidad del trabajo de este Congreso.
Las iniciativas declarativas que los congresistas presentan y el pleno eventualmente aprueba son exactamente eso: meras declaraciones. Exhortaciones y pedidos a otras entidades del Estado que no configuran –felizmente– obligación alguna para estas. A pesar de ello, la formulación de esas piezas de nula utilidad consume una parte considerable del tiempo que los miembros de la representación nacional dedican a las labores que les competen. Ya en el pasado otras conformaciones parlamentarias han cultivado la práctica a la que nos referimos, pero, de acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario, ninguna llegó a los extremos inauditos a los que ha llegado la actual.
En menos de dos años, en efecto, este Congreso ha producido 1.100 proyectos de ley de este tipo, superando con largueza, por ejemplo, los 325 que se produjeron entre el 2011 y el 2013, o los 774 que se produjeron entre el 2016 y el 2018. La pregunta que esto levanta es evidente: ¿Por qué tanto legislador se entrega de manera creciente a esta ocupación vana? Pues una lectura posible es que tales declaraciones constituyen una forma de burlar, aunque sea de forma retórica, ciertas prohibiciones que pesan sobre ellos, como las de crear distritos o disponer la construcción de determinadas obras en sus regiones de origen. Si no pueden imponer una ley que ordene tales cosas, parecen pensar ellos, por lo menos pueden demandar que estas sean declaradas de “interés nacional” y, con eso, ‘ganarse alguito’ entre sus electores.
El problema, sin embargo, no se agota ahí. A esas exhortaciones etéreas hay que sumarles los proyectos de ley sin calidad técnica: otro género al que nuestras distintas representaciones parlamentarias han recurrido con frecuencia. Recientemente, se publicó en las páginas de este Diario una nota que daba cuenta de iniciativas como la que pretende proscribir los saleros de las mesas de los restaurantes, la que busca llenar de requisitos absurdos la venta de huevos cocidos y pelados de codorniz o gallina en la vía pública o la que intenta promover la difusión de la Constitución a través de la telefonía móvil. Todas ellas sin un análisis costo/beneficio que sustente su racionalidad y, más bien, atentatorias contra el ejercicio de determinadas actividades económicas. Pero, por pintorescos que suenen, esos casos son apenas un botón de muestra de la morralla normativa que permanentemente se cocina en la plaza Bolívar.
Hay que señalar, no obstante, que esta vorágine de proyectos sin norte no es responsabilidad de todos y cada uno de los 130 legisladores. Si bien hablamos de un penoso hábito que no hace distingos ni por ideología ni por bancada, es innegable que tiene en el hemiciclo ciertos cultores esmerados. El congresista Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular, por ejemplo, es el parlamentario que más proyectos de ley ha presentado en lo que va de este período legislativo. Pero, al ser visto bajo una luz crítica, el récord que ostenta se revela deleznable. De sus 225 iniciativas, solo 30 se han convertido en leyes. Y, por añadidura, más del 50% de estas son declarativas. Investigado por el caso de ‘Los Niños’, señalado por un reportero en Puno de haberle ofrecido S/100 para que lo entrevistase a él en lugar de a un colega, envuelto en medio de una controversia por haber viajado –junto a varios legisladores– a China con pasajes y viáticos pagados por una empresa privada y exhibido recientemente presionando a trabajadores de su despacho para que cumplieran con entregarle parte de sus sueldos y bonos, Flores Ancachi se ha convertido en el epítome de mucho de lo que la población reprueba en esta conformación parlamentaria.
Por supuesto que la responsabilidad de lo que ocurre es compartida por los asesores de cada despacho congresal. Forzados con frecuencia a someter entre seis y ocho proyectos de ley al mes a sus empleadores, ellos optan por presentar iniciativas de las características señaladas. Pero, al final, los que tienen que responder ante la ciudadanía por la calidad de su trabajo son los congresistas. Y es a ellos a quienes debemos pasarles la cuenta de esta auténtica hojarasca legislativa.
Fuente: Editorial El Comercio
