“El escenario político actual no puede entenderse sin la inexistencia práctica de una oposición política organizada”.
La contradicción más viva, con mayor potencial para aglutinar políticamente hoy en el Perú, es aquella que divide las corrientes autoritarias que privilegian el orden y la concentración del poder, de las que ponen énfasis en los derechos de las personas y en la separación de poderes. La primera se expresa con claridad en el Congreso; la segunda, a través de diversos –y dispersos– sectores de oposición democrática.
En este contexto, es inexacto que se haya establecido un régimen parlamentarista en lugar del clásico presidencialismo peruano. Un régimen parlamentarista, como la mayoría de los regímenes europeos, se rige por una Constitución democrática representativa y está claramente sometido a la división de poderes. Por el contrario, en el Perú hay un Parlamento autoritario que hace uso y abuso de sus atribuciones, espacio privilegiado de actuación política de grupos conservadores y autoritarios, al mismo tiempo que sustento principal del oficialismo.
Pero el escenario político actual no puede entenderse sin la inexistencia práctica de una oposición política organizada. Los resultados de las encuestas, tan desfavorables al Gobierno, carecen de un correlato políticamente organizado. Movimientos sociales como los de la región sur del país, siendo vigorosos, alcanzan una representación política solo local o regional. Este vacío permite que el Congreso, a pesar de su enorme precariedad, tenga la iniciativa de la que hace alarde.
Mientras tanto, el fujimorismo oscila entre distanciarse ya-ya del Gobierno o esperar sigiloso hasta el 2026. Habrá en su interior quienes sostengan que apoyar a la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato no es el mejor camino, puesto que, como Fuerza Popular, tendrán que asumir sobre todo el pasivo. ¿Se convertirá, entonces, en una oposición al interior del oficialismo? ¿En una fuerza que gane iniciativa y juegue sus cartas unas veces con el Gobierno y otras en contra? ¿Acabará por convertirse en una oposición abierta fuera del oficialismo?
Las recientes declaraciones de Keiko Fujimori presionando por un cambio de ministros parecen indicar su interés por una mayor independencia de cara al Ejecutivo; y el sí o sí de la presidenta Boluarte hasta el 2026 – “Ese tema de adelanto de las elecciones está cerrado” (El Comercio, 15/6/2023)– puede leerse no solo como una declaración contra las posibles movilizaciones del sur, sino también como un mensaje a la lideresa de Fuerza Popular.
Para las diferentes izquierdas democráticas y las diversas centroderechas –cada mini grupo por su lado– la apuesta de fondo parece ser evitar una práctica política que concrete redes, alianzas o pactos hasta que comience el proceso electoral, con la esperanza de aprovechar una ola que los catapulte hacia el estrellato, como sucedió en su momento con Fujimori y Castillo. Es evidente la falta de iniciativas conjuntas –¿por debilidad organizativa o por falta de interés? – que aglutinen a uno y otro espectro alrededor de sus respectivos programas. Pareciera que prefieren no arriesgar, por temor a desgastarse o por un recelo interno paralizante hacia aquellos que podrían tener más proyección.
La consecuencia práctica de este escenario es que las fuerzas mayoritarias del Congreso tienen la iniciativa y manejan la agenda del debate público. Lo que no sería tan grave si no estuvieran dejando normas y hábitos políticos que tendrán un efecto desestabilizador para cualquier próximo gobierno. La irresponsabilidad y el cortoplacismo del actual Congreso dejarán una pesada herencia.
Fuente: El Comercio – Santiago Pedraglio
