“Cada gobierno asume que los medios estatales son de ‘su’ propiedad”.

Desde que me dedico a este oficio (más de tres décadas), leo, veo y escucho el recurrente debate sobre el rol de los medios de comunicación del Estado, sobre su nivel o no de autonomía, sobre su gobernanza, etc.

Tan recurrente como el mal uso o el uso político que los sucesivos gobiernos les han dado, convirtiéndolos en órganos oficiales de turno en vez de plataformas para abordar los temas país y el despliegue de los retos que como nación afrontamos; estos últimos, dicho sea de paso, son de plena actualidad y relevancia (la modernización del Estado, la crisis de la descentralización, la reforma de la educación y la salud, la pluriculturalidad, la inseguridad ciudadana, la violencia de género, los derechos de las minorías, etc.)

En un escenario ideal, estos y otros temas deberían ser abordados constantemente desde diferentes perspectivas, incluyendo todos los ángulos posibles, sin escatimar la posibilidad (y la necesidad) de criticar al gobierno de turno.

Pero no es así. Resulta que cada gobierno asume que los medios estatales son de “su” propiedad, y que su carácter oficial es una patente de corso para privilegiar su agenda.

Parto por reconocer que durante el gobierno de Ollanta Humala se hizo una importante inversión en la modernización de la infraestructura y equipamiento de TV Perú. Quienes asistíamos al tradicional local de Santa Beatriz, ya sea para conducir algún espacio o como invitados hasta antes del 2011 o el 2012, éramos testigos de la penosa situación del canal del Estado; hoy, Canal 7 está en capacidad de competir con cualquier otro medio de señal abierta.

El debate recurrente al que aludo va desde si deben existir o no medios estatales, a si se debe o no invertir en ellos, entre otros temas. Mi posición: claro que deben existir medios estatales, competitivos y bien equipados, pero para cumplir el rol de “medios de todos los peruanos” al que hago mención. La referencia (“benchmark”) al formato de la BBC en el Reino Unido es correcta.

Y en cuanto a su gobernanza, se precisa una norma que modifique la constitución del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en el que deberían estar representados todos los órganos con autonomía constitucional y las facultades de comunicación de universidades públicas y privadas. Este colectivo sería el encargado de elegir a su presidente en un período no coincidente con las elecciones generales.

Fuente: El Comercio – Mario Saldaña / periodista