La ministra de Cultura instó al congresista de Renovación Popular a presentar las supuestas pruebas en su contra en las instancias correspondientes.

La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, comentó las recientes declaraciones que realizó el congresista de Renovación Popular, José Cueto, en las que el legislador se mostró en desacuerdo con su nombramiento por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, debido a que, afirma, cuenta con “informes de inteligencia que hablan de otra cosa” sobre la nueva integrante del Consejo de Ministros que preside Mirtha Vásquez.

“Me parece irresponsable que hable de ‘otras denuncias’, de ‘otras investigaciones’. Bueno, pues, dejemos de ser cómplices de terroristas y pongamos la denuncia en la instancia que corresponde, que es el Ministerio Público”, declaró Ortiz en entrevista con Sálvese quien pueda.

La titular del Mincul, quien ingresó al Poder Ejecutivo en reemplazo de Ciro Gálvez, recordó que desde que fue designada como portavoz de las víctimas de la masacre en La Cantuta recibe “ese señalamiento público y mediático”.

 “Y ese (cuestionamiento) tiene un afán por supuesto de silenciarnos, que ya no sigamos con la denuncia y que ya no participemos. También de cosificar de alguna manera a los propios familiares y nos hace blanco no solo de críticas, ofensas o difamaciones, sino también de ataques públicos o amenazas de muerte. (…) No se puede venir aquí, un país donde el terrorismo ha hecho tanto daño, muertes y destrucción, a señalar tan alegremente que tal o cual persona tiene vínculos sin ningún tipo de prueba y sin usar los canales legales que corresponden”, comentó.

Ortiz Perea también recordó el juicio por difamación que entabló contra el exprofesor Wilfredo Risco, quien aseguró en un diario local que la activista por los derechos humanos pertenecía a las filas de Sendero Luminoso. La ministra también aseveró que estas acusaciones vuelven a aparecer “cada vez que hay un hecho político, por ejemplo, la extradición y condena de Fujimori, o el hecho de que estemos asumiendo un rol político”.

“A mí me hubiera gustado realmente que ese proceso hubiera culminado con una condena, principalmente porque creo que falta en nuestro país jurisprudencias (sobre difamación). (…) Hay que ponerle un alto a esas campañas de difamar a las personas porque piensan distinto, porque ejercen derechos o las razones que fuesen”, acotó.

 “Nosotros como familiares del caso Cantuta somos personas públicas desde el año 92 y desde entonces hemos vivido este ‘terruqueo’ que ahora casi se ha generalizado y normalizado. Le hemos hecho frente por una lucha de derechos, verdad y justicia”, agregó. (La República).