Importantes acuerdos para enfrentar la situación de violencia e inseguridad ciudadana que vive el país, adoptaron la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y el comandante general de la Policía Nacional, general PNP Vicente Tiburcio Orbezo.

Fue durante una reunión convocada por Barrios Alvarado con el objetivo de articular acciones que permitan potenciar los procesos de flagrancia delictiva y la incoación (inicio) del proceso inmediato, en un contexto de crisis que ha devenido en actos de violencia.

Uno de los acuerdos es la suscripción de un acuerdo tripartito entre las entidades citadas para la articulación de todas las acciones necesarias para la implementación del proceso inmediato en casos de flagrancia.

Merced al acuerdo, el Ministerio Público se compromete a brindar acceso a la Policía Nacional al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva-Renadespple) y la Policía Nacional al Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol).

Asimismo, la Policía Nacional diseñará una base de datos con el registro de detenidos a nivel policial, a la cual tendrá acceso el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por su parte, Barrios Alvarado se comprometió a llevar a cabo la revisión y ampliación del Acuerdo Plenario Extraordinario n. 2-2016/CIJ-116 referido al proceso penal inmediato reformado, legitimación y alcances.

Este último tema fue puesto en consideración por parte de los representantes de la Policía Nacional.

PROCESO INMEDIATO

En tanto, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez se comprometió a invocar a los fiscales a promover el proceso inmediato en los casos de delitos flagrantes, a fin de dar una respuesta rápida y oportuna a la sociedad frente a la delincuencia.

Las tres instituciones acordaron designar personal de enlace para la coordinación permanente y continua frente a casos de flagrancia delictiva e inicio del proceso inmediato; y el personal de la Policía Nacional recibirá capacitación sobre estos temas, en coordinación con el Poder Judicial y Ministerio Público, entre otros acuerdos.

Estos acuerdos fueron adoptados luego de un intercambio de ideas y análisis de la actual coyuntura de violencia por la que atraviesa el país, que requiere de una atención por parte de las instituciones del sistema de justicia.

ARTICULAR ESFUERZOS

Barrios Alvarado habló de la necesidad de articular esfuerzos y una mayor comunicación entre las instituciones del sistema de justicia. “Hay que generar una comunicación efectiva y una atención rápida, sobre todo en los casos de flagrancia”, subrayó.

Recalcó la importancia de la base de datos para compartir y conocer los antecedentes policiales de las personas. “Eso da una visión más amplia al fiscal y al juez también para dictar una medida adecuada”, acotó.

También informó que a partir del 1 de julio entrará en funcionamiento la primera Unidad de Flagrancia en la Corte Superior de La Libertad en un local cedido por el Poder Judicial que compartirá con la Fiscalía, Policía Nacional y Defensa Pública.

En la reunión participaron, además, la jefa de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, Silvia Loli; el secretario general de la Corte Suprema, Carlos Peñaloza; jefes de la distintas direcciones de la Policía Nacional, entre otros funcionarios.