A los lectores de esta columna, les parecerá un error el título de la misma, pues los legos en Derecho han escuchado de siempre, que infinidad de autoridades son acusadas del delito de “abuso de autoridad”.

Es muy frecuente que quienes se sientan perjudicados por alguna decisión de autoridad pública, en forma ofuscada arremetan contra ella y, apresuradamente, sin la correspondiente evaluación de la situación la denuncian ante el Ministerio Público (Fiscalía) por el supuesto delito aludido. Esto no significa que todas las denuncias de abuso de autoridad sean deleznables.

El delito de “abuso de autoridad” se tipifica en nuestra legislación penal para el caso del funcionario “… que abusando de sus atribuciones comete u ordene un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien…”

Habitualmente, sobre todo los alcaldes, terminan sus funciones abarrotados de denuncias, investigaciones fiscales y procesos judiciales de índole penal, por el delito de “abuso de autoridad”.

Pero hay una actitud peor que la expuesta, de las personas en que cada vez que la Policía Nacional o nuestras Fuerzas Armadas, deben actuar para garantizar el orden público, mantenerlo o restituirlo en caso necesario, sobre todo en los “estados de excepción”, denuncian a los policías y militares, así como a las autoridades políticas de las que dependen, por delito de homicidio, lesiones, daños y otros que su imaginación enfermiza les aconseja.

No dudamos que existan casos de excepción en que pueda haber exceso en el uso de la fuerza por policías y militares, pero por lo general se les acusa incluso cuando han actuado en forma absolutamente legal, no solo cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, sino obedeciendo la normatividad legal sobre el uso legítimo de la fuerza.

Se acusa, como se dice, de rey a paje, pues se compromete a quien ejerce la presidencia de la República, bajo la aseveración de que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, sin querer percatarse, que jefaturar no es lo mismo que comandar y que ni el presidente de la República ni sus ministros preparan ni aprueban los planes de acciones de fuerza, cuando hay necesidad de preservar la paz en nuestro territorio.

Los mandos militares y policiales, así como quienes dirigen los operativos para preservar o recuperar la paz social, también son denunciados e incluso se les abre investigación fiscal, cuando no han concluido los operativos, con lo cual se perturba y posterga la recuperación del orden público.

Como vemos por el irresponsable accionar de quienes abusan contra las autoridades con denuncias demenciales, originan en buena cuenta que el ejercicio de cargo ministerial sea de “alto riesgo” al tener que afrontar infinidad de procesos.

Lo mismo sucede a los que dirigen la Policía y Fuerzas Armadas, y a quienes comandan los operativos, que por largos años están sometidos a indebidas investigaciones y procesos judiciales de nunca acabar, casi eternos.

Deberíamos estudiar la posibilidad de que las denuncias sean rechazadas liminarmente, de ser el caso, esto es cuando son presentadas, e incluso legislar sobre responsabilidades e indemnizaciones, de quienes denuncian indebidamente.

Hay abuso contra la autoridad.