“Todos coincidimos con el alcalde en la necesidad de destinar recursos para cubrir la brecha de infraestructura que padece nuestra capital, pero falta un poco de realismo en el corto plazo”.
Al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le sorprenden los cuestionamientos de algunos periodistas que califican de irresponsable la emisión de bonos municipales por S/1.205 millones a 20 años con un período de gracia de cinco años realizada por su gestión. A la oposición en el Concejo Metropolitano, lo que nos sorprende es la presteza con la que la máxima autoridad local ha decidido omitir las alertas de la Contraloría General de la República y del Consejo Fiscal, y saltarse los dispositivos legales del Ministerio de Economía y Finanzas.
En la primera alerta, el máximo órgano de control cruzó dos listas de proyectos que remitió la gestión de López Aliaga y encontró que 17 proyectos –por un valor superior a los S/40 millones– se repetían en ambas listas. También se advirtió que no eran más de diez los proyectos con libre disponibilidad de terrenos.
No dudo del amor por el Perú que profesa la autoridad edil, pero entrando al segundo año de su gestión es momento de dejar el discurso grandilocuente para aterrizar en el terreno técnico. El pasado 31 de enero, el Concejo Metropolitano –a propuesta de la gestión municipal– aprobó el financiamiento total de 23 proyectos de inversión por más de S/729 millones con cargos a los recursos del saldo de balance del 2023, provenientes de la primera emisión de bonos municipales.
Como la actual gestión tiene la mayoría, entre regidores oficialistas y aliados, los acuerdos se aprueban sin mayor debate en el Concejo Metropolitano. Pese a ello, solicité que me precisaran cuántos de los 23 proyectos de inversión contaban con perfil técnico, y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad de Lima me entregó un cuadro indicando que 13 de los 23 proyectos aprobados no cuentan con expediente técnico.
Es decir, el Concejo Metropolitano aprobó un paquete de proyectos de inversión donde más del 50 % no cuenta con expediente técnico. La misma oficina reconoce, en el documento emitido, que “todos los proyectos de inversión son pasibles de sufrir modificaciones de costo, entre otras, durante la elaboración del expediente técnico”. En pocas palabras, los costos pueden incrementarse, como suele pasar en el aparato público ante las demoras del armado de los expedientes técnicos. La administración edil estaría así entrando al primer círculo vicioso de las contrataciones de obras públicas. Se lo advertimos desde ya, para que no le pase lo mismo que con Rutas de Lima, donde su propia funcionaria continuó trámites para la viabilidad de vías alternas que el alcalde tuvo que desconocer públicamente.
La segunda alerta provino del Consejo Fiscal, un organismo técnico que vela por las finanzas públicas, que advirtió sobre “una peligrosa situación de sobreendeudamiento” en la que los pasivos representarían casi 4,5 veces los ingresos corrientes de la municipalidad. La deuda que ha contraído la actual gestión la pagarán los siguientes alcaldes. Cuando asuman sus respectivas gestiones, ellos se quejarán de lo mismo que hoy acusa López Aliaga: una municipalidad con problemas financieros.
Ahora bien, el Gobierno ha emitido el Decreto de Urgencia 003-2024, cuyo artículo 10 limita hasta el 31 de diciembre a los gobiernos subnacionales a gestionar operaciones de endeudamiento. La respuesta del alcalde ha sido aprobar una ordenanza para no respetar el dispositivo legal firmado por el Ministerio de Economía. No se puede pretender desconocer la vigencia de un decreto de urgencia a través de una ordenanza municipal; solo el Congreso tiene la atribución de modificarlo o derogarlo.
Pese a que el decreto de urgencia se encuentra vigente, en el último Concejo Metropolitano se autorizó a la Gerencia Municipal a impulsar las gestiones para una nueva operación de endeudamiento, esta vez con el Banco de la Nación, hasta por el monto de S/1.000 millones, bajo las garantías de flujo del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a un plazo de ocho años, y destinado a 11 proyectos de inversión. Una deuda más que deberán asumir los sucesores de López Aliaga.
Todos coincidimos con el alcalde en la necesidad de destinar recursos para cubrir la brecha de infraestructura que padece nuestra capital, pero falta un poco de realismo en el corto plazo.
Es momento de aterrizar propuestas concretas, cambiando la concepción hacia infraestructura de vital importancia. Existen problemas urgentes que se solucionan con gestiones más rápidas sobre medidas ya establecidas, como las escaleras nuevas que se han construido, siguiendo la línea de Luis Castañeda, a quien tanto invoca López Aliaga.
Es momento de que el alcalde de Lima deje las declaraciones grandilocuentes y empiece a ejecutar técnica y responsablemente, sin poner en riesgo a la municipalidad.
Fuente: El Comercio – Aron Espinoza – regidor de Lima por Podemos Perú
