La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dado un paso significativo en la regulación del mercado de criptomonedas en Perú, emitiendo una norma específica para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta nueva regulación, que entró en vigor recientemente, tiene como objetivo principal prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, garantizando así una mayor formalización y transparencia en el sector.

La norma de la SBS abarca a todas las empresas que operan con criptomonedas, incluyendo aquellas que facilitan la inversión en activos como bitcoin o ethereum, servicios de wallet (billeteras digitales), transferencias y remesas con activos virtuales, entre otros. Según la SBS, cerca de un millón de peruanos ya invierte en criptoactivos, lo que subraya la relevancia de esta regulación en el contexto económico actual.

Las empresas tendrán un plazo de cuatro meses para adecuarse a esta nueva regulación. Durante este periodo, deberán implementar políticas y procedimientos que cumplan con los estándares de la SBS, enfocándose en la identificación y verificación de sus clientes y beneficiarios finales para evitar el lavado de dinero.

Si no cumplen con estas exigencias, las empresas se enfrentarán a severas sanciones, que incluyen multas, la revocación de la licencia de funcionamiento, el retiro de su sitio web y la prohibición de descargar sus aplicaciones.

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Superintendencia, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), supervisará a las empresas de criptomonedas para asegurarse de que cumplan con las normativas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta supervisión incluye la obligación de que las empresas desarrollen un enfoque basado en riesgos, implementando diligencia debida en el conocimiento de sus clientes y verificando la identidad de los beneficiarios finales.

El PSAV deberá identificar al cliente al iniciar relaciones comerciales y mantener un proceso continuo de monitoreo a lo largo de la relación. Esto incluye etapas de identificación, verificación y monitoreo, asegurando que las transacciones realizadas sean transparentes y rastreables.

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Impacto en el mercado de criptomonedas y medidas adicionales

La regulación también establece que las empresas de criptomonedas deberán nombrar un representante encargado de informar a la SBS sobre la actividad de sus clientes y el origen del dinero utilizado para comprar criptomonedas. Esta medida busca prevenir que fondos provenientes de actividades ilícitas ingresen al mercado formal a través del uso de monedas virtuales.

Se estima que alrededor de 1.2 millones de peruanos poseen criptomonedas. Esta cifra destaca la necesidad de una regulación estricta para proteger a los inversores y garantizar que el mercado opere de manera justa y transparente.

El ministro de Economía, José Arista, anunció que esta nueva normativa permitirá una recaudación anual de aproximadamente 800 millones de soles. El pago del IGV se realizará a través del sistema bancario en cada transacción que implique a estas empresas, formalizando así el proceso y asegurando que las plataformas de criptomonedas contribuyan fiscalmente al país.

La SBS ha otorgado un plazo de dos meses para que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el sistema bancario realicen las adaptaciones necesarias en sus sistemas para gravar adecuadamente estos servicios. Durante este periodo, se realizarán las modificaciones necesarias para asegurar que la nueva normativa se implemente de manera efectiva.

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