“En el Perú, son los grupos o individuos que detentan algún tipo de poder o influencia los que utilizan las instituciones para beneficio propio en perjuicio de los demás”.

La tarde del 22 de junio un equipo de periodistas de un programa de espectáculos venía siguiendo al futbolista de Alianza Lima, Bryan Reyna, cuando de pronto el auto se detiene, y el padre del seleccionado, Luis Roberto Reyna, se baja del vehículo con un bate de béisbol en mano y comienza a destrozar, en plena vía pública, las lunas del auto en el que viajaban los periodistas. El futbolista sentado al volante no solo veía orgulloso lo que sucedía, sino que, además, parecía decirles “no saben con quién se han metido” al mostrarles una y otra vez el escudo de la camiseta que llevaba puesta.

El incidente llegó a la comisaria de Breña donde tanto el padre como el hijo fueron protegidos por los policías, quienes hasta le prestaron un buzo de la institución policial y le tomaron fotos al seleccionado. Al día siguiente, Bryan Reyna emitió un comunicado donde justificaba el acto violento del padre al sostener que los programas de espectáculos lo acosan. Comunicado que fue apoyado, además, por sus compañeros Christian Cueva, Hernán Barcos y Carlos Zambrano. Ni el club Alianza Lima, ni la Federación Peruana de Fútbol, han cuestionado el incidente. Los periodistas, dicen, han comenzado a recibir amenazas.

Y es que en el Perú vivimos en tierra de nadie, donde uno obtiene lo que quiere por la fuerza, o lo compra con dinero. Alguien que cree que puede impunemente destruir un auto y atentar físicamente contra dos periodistas, claramente se siente protegido por una fuerza que considera está por encima del Estado de derecho.

Hace unos días, la exesposa de un político lo denunció por violencia psicológica y patrimonial. En una entrevista, ella reveló que él, abogado, le decía muy confiado “di lo que quieras y anda denúnciame, en el juzgado nadie te va a creer”.

Heidy Juárez, Magaly Ruiz, María Acuña, Rosio Torres, Katy Ugarte y María Cordero son congresistas y han saltado a los diarios no por su labor congresal, sino por haber sido denunciadas por recortar el sueldo de sus trabajadores. La Comisión de Ética sancionó a Ruiz, Juárez y Torres con amonestación pública y 30 días de multa. Y es que, para el Congreso de la República, es una falta muy leve. En el colmo del descaro, Ruiz ha pedido que la multa se prorratee en 12 meses.

Tres ejemplos distintos que grafican lo que es el Perú. Donde la ley no importa, donde no existe Estado de derecho. Importa imponerse, ganar a la fuerza. El uso de la violencia se ha normalizado a tal nivel que ya nadie lo cuestiona. En el libro “Violencia y órdenes sociales”, los autores North, Wallis y Weingast, sostienen que la diferencia entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo es que, en el primero, existe un orden social de acceso abierto a las instituciones económicas y políticas, mientras que, en el segundo, este acceso está condicionado a características personales y basado en las relaciones de poder. En los países desarrollados no importa quién seas, todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos derechos. En los países en desarrollo, el crecimiento económico no es suficiente para alcanzar el progreso, pues está basado en la exclusión, las relaciones asentadas en privilegios y la apropiación de rentas. Además, en los países desarrollados el Estado garantiza la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el respeto al derecho de propiedad y los contratos, así como también el ejercicio de las libertades individuales. Una diferencia adicional es que en los países desarrollados existe lo que Thomas Hobbes llamó “el monopolio de la violencia”. Esto es: que solo el Estado, a través de la ley y la fuerza pública, puede ejercer la violencia (orden, persecución, sanción), sin que ningún otro grupo pueda hacerlo.

En el Perú, son los grupos o individuos que detentan algún tipo de poder o influencia los que utilizan las instituciones para beneficio propio en perjuicio de los demás. En los ejemplos anteriores, el futbolista utiliza a la policía, el político al Poder Judicial y las congresistas al Congreso. Todo, impunemente, mientras una sociedad mira desde sus pantallas sin atreverse a levantar la voz.

Fuente: El Comercio – María Cecilia Villegas