“El Gobierno tiene la tarea de avanzar en la Inteligencia y en la recuperación del orden. Cambiamos el poder por la vía pacífica o cambiamos por el uso de la fuerza, el chantaje y los muertos”.

La presidenta Dina Boluarte ha dicho que no renuncia. Ha pedido, además, adelantar la votación para ratificar el adelanto de elecciones. El Congreso quiere esperar hasta marzo para cumplir ese procedimiento. Boluarte pide que se acelere el proceso, si es que no se pueden adelantar incluso las elecciones. Nada de esto, sin embargo, va a detener a los violentos. Las tomas de aeropuertos, los ataques con piedras a ambulancias y los bloqueos de carreteras no buscan una solución pacífica. Buscan enfrentamiento, provocación y una paralización estratégica de las economías locales. Una carretera, un aeropuerto o una mina son piezas claves en el desarrollo económico. Esta es la tarea de la violencia: destruir el desarrollo del país. Eso incluye, por supuesto, el orden y el Estado de derecho. Al atacar a policías se busca la mala reacción, la confusión y el exceso en el uso de la fuerza.

Se produjeron más de 40 muertes en los ataques a este tipo de instalaciones. Además, casi una decena en circunstancias relacionadas a los bloqueos, emboscadas y el ataque a una ambulancia. Cómo no lamentar el fallecimiento de compatriotas. Cómo no pedir discusión sobre el futuro político del país. En estas asonadas, sin embargo, no se busca una mesa de diálogo o algo parecido. Se busca la destrucción. Las muertes deben investigarse a través del Ministerio Público. No se pueden quedar en el olvido, se tiene que saber la verdad. Se debe establecer la responsabilidad y la sanción. El Gobierno está enfrentando una o varias asonadas más o menos articuladas por un objetivo: echar abajo al régimen. Además, se quiere echar abajo el orden y el derecho. Una asamblea constituyente en este contexto de desorden y desobediencia civil es invocar a poderes dictatoriales.

No hay un sentido ni una pretensión de arreglar los problemas de la administración pública. Esto es lo esencial. Se requiere mejorar la seguridad ciudadana, la salud pública, la educación, la economía de la gente. ¿Cuáles son los planes operativos en estos sectores violentos para un cambio de rumbo? ¿Cómo mejorar la economía de la gente si se cortan las vías de transporte para la carga y los pasajeros? ¿Cómo mejorar la economía si se atacan y queman las operaciones mineras, se liquida el turismo y los aeropuertos que conectan al Perú? Es el ataque al derecho y la libertad de la gente pacífica. Es el ataque a lo que produce y mejora las economías.

No se puede negar la presencia de infiltrados de la minería ilegal, el narcotráfico y del Movadef. La presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Rocío Leandro Melgar, fue detenida por financiar y organizar manifestaciones. En esas manifestaciones murieron más de diez personas. Ella fue parte de Sendero Luminoso y estuvo presa por terrorismo. Desde el 2011 es parte del Movadef.

Ni todos los manifestantes ni todos los grupos movilizados son de esta línea. Este ejemplo, sin embargo, revela claramente qué tipo de motivación hay detrás de las turbas destructoras. El Gobierno tiene la tarea de avanzar en la Inteligencia y en la recuperación del orden. Cambiamos el poder por la vía pacífica o cambiamos por el uso de la fuerza, el chantaje y los muertos. El desafío es defender lo que nos queda de civilización.

Escribe: Federico Salazar – periodista / El Comercio