Contrataciones políticas con sueldos de hasta S/30 mil estarían comprometiendo la atención y el desarrollo de infraestructura en el sector salud.

En abril de este año, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso recibió al presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, quien brindó un informe sobre el estado de la situación financiera de la institución y los planes estratégicos corporativos. Durante su exposición, la autoridad mencionó que la entidad cuenta con 63 mil trabajadores, a los que se destina un presupuesto de 8,824 millones de soles (50,8%) de los 17,477 millones asignados para el Año Fiscal 2025.

Pero la vida de los asegurados sigue en juego, más trabajadores no se refleja en un mejor servicio. En Cusco, trabajadores han denunciado la creación de cargos innecesarios y contrataciones de allegados políticos con altos sueldos, mientras persisten la escasez de medicamentos y la paralización de obras. Carlos Ordoñez, secretario general del sindicato, advirtió que “están entrando familias enteras. Se han creado más puestos con sueldos de S/15 mil, S/20 mil y hasta S/30 mil. En algunos casos, se han incrementado los salarios en más del 50 % o hasta el 100 %”, denunció. Según el dirigente, muchas de estas contrataciones se estarían haciendo sin criterios técnicos y afectarían directamente la calidad del servicio médico. “Ponen políticos que no conocen la institución. Están lapidando nuestros fondos, ya no hay dinero para medicamentos ni para ampliar infraestructura”, alertó Ordoñez.

Fuente: Cusco Informativa

La petrolera estatal se mantiene en una situación financiera insostenible, con su directorio anterior sugiriendo privatización, mientras la actual gestión reconoce pérdidas.

La situación financiera de Petroperú fue catalogada como «insostenible» por el directorio renunciante de la petrolera, presidido por Oliver Stark, quien lo comunicó al Gobierno en septiembre de 2024. En aquel entonces, el directorio sugirió entregar la administración a una entidad privada, reduciendo activos al máximo e incluso considerando la quiebra. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Dina Boluarte a estas alertas técnicas es percibida como tardía e inadecuada, optando por reemplazar al directorio anterior.

La situación se agrava con el reconocimiento del actual presidente de la petrolera, Alejandro Narváez, de una pérdida de $223 millones para este año, a pesar de haber prometido resultados positivos al asumir el cargo. Además, se critica que Narváez atribuya el fracaso a otras entidades, como el BCR. Ante las inyecciones de liquidez que se anuncian bajo «decretos de urgencia», el Colegio de Abogados de Arequipa (CCA) ha solicitado declarar la inconstitucionalidad de este nuevo rescate, un llamado que se considera que las instituciones de la sociedad civil deberían respaldar.

Fuente: Perú 21