“El aumento de los arbitrajes es una señal adicional de nuestra crisis institucional”.

La inestabilidad y falta de predictibilidad jurídica para la inversión privada en un país se puede medir de varias formas. Una de ellas es el volumen de disputas que los Estados tienen que afrontar ante tribunales internacionales.

Al cierre del 2023, según el diario “Gestión”, el Perú encabeza la lista de países de América Latina más demandados ante el Ciadi (22/23 casos), por encima de “joyas” del continente como México (21) y Bolivia (18), y otros como Colombia (14).

En los últimos 25 años, según El Comercio, de 42 procesos arbitrales el Perú solo perdió cuatro por un monto superior a los US$149 millones, y en 12 casos, o ganó o concilió en alguna de las fases.

¿Por qué es grave esto? Porque hay una tendencia al incremento de las demandas contra el Estado Peruano sea por arbitrajes en materia de inversión o de comercio, pese a que desde los años 90 hemos suscrito más de treinta tratados de protección de inversiones. Es decir, ni siquiera los filtros contractuales puestos para evitar juicios han impedido que estos crezcan.

También es grave porque revela que las cláusulas arbitrales internacionales siguen siendo un supuesto “seguro” ante el descrédito y desconfianza que generan los tribunales peruanos. Y la verdad, viendo el nivel de corrupción, politización y mediocridad del sistema judicial local y sus operadores, cualquier inversionista sale espantado.

También es expresión de que en el caso de las asociaciones público-privadas (APP) o concesiones, venimos arrastrando un serio problema que incluye desde la elaboración de los estudios y diagnósticos previos a la celebración de los acuerdos, hasta su ejecución y supervisión.

Lo que viene sucediendo con las obras de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, ahora último con la línea 2 del metro de Lima, el caso de Majes-Siguas, Chavimochic, etc., son ejemplos palpables de lo anterior.

Y si a eso le sumamos que el Estado (ministros, viceministros, funcionarios de organismos reguladores, ni qué decir el caso de los gobiernos regionales) sufre no solo de la ausencia de recursos –técnicos y humanos apropiados y suficientes para proyectos de envergadura–, sino también del cambio constante de cuadros por la inestabilidad política –y cuando no por corrupción–, tenemos la explicación perfecta.

El incremento de los arbitrajes internacionales son una señal adicional de nuestra crisis institucional, a costa de nosotros: contribuyentes y usuarios.

¡Feliz 2024!

Fuente: El Comercio – Mario Saldaña C.