La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró 230 ataques a periodistas durante la cobertura de protestas sociales en el país en el último año. Tras las movilizaciones iniciadas el 7 de diciembre del 2022 la ANP ha denunciado ataques a periodistas por parte de las fuerzas del orden (son múltiples los casos de reporteros/as y fotoperiodistas impactados por perdigones), detenciones arbitrarias, estigmatización, trabas de acceso a información referida a las movilizaciones e iniciativas de orden legal orientadas a parametrar las coberturas.

Los datos recogidos por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP evidencian que enero fue el mes con la cifra más alta de ataques, 100 agresiones. En Juliaca, el 7 de enero, el fotoperiodista de la agencia de noticias EFE (España) sufrió el impacto de perdigón en la pierna derecha, precedido de amenazas de muerte, lo que lo mantuvo sin poder retomar su actividad por dos meses. Ese mismo mes de enero, en Lima, el 21 de enero, detuvieron arbitrariamente a cuatro periodistas de la región Puno, en circunstancias en las que hacían cobertura informativa a la irrupción policial a la Universidad Mayor de San Marcos.

La ANP ha registrado casos frecuentes de ataques a sedes de medios de comunicación tanto en Lima como en regiones, y ataques verbales y físicos recurrentes a trabajadores de medios de alcance nacional y sus corresponsales en regiones. Se han producido robos de instrumentos de trabajo, micrófono, drones, entre otros, además de ataques con palos, piedras y botellas.

Desde lo normativo, el 1 de marzo, relevamos con preocupación el intento de imponer un “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, que no era otra cosa que una propuesta “exprés” para parametrar las coberturas y contravenía las libertades informativas. En ese mismo sentido, en su mensaje de 28 de julio la presidenta de la República anunció un pedido de facultades legislativas al Congreso de la República que contemplaba la criminalización del periodismo tipificando un nuevo tipo penal de instigación a la alteración del orden público. Dicho propósito pudo frenarse dada la reacción inmediata de las instituciones de prensa en el país.

Un patrón que detectamos, en este año de movilizaciones, son las reiteradas negativas de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre sus intervenciones solicitada vía pedidos de acceso a la información pública. Las instituciones se han negado a cumplir con sentencias del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y han acudido a la vía judicial para eludir los fallos.

A la fecha, las agresiones registradas se mantienen en absoluta impunidad. No hay resultado de ninguna investigación.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se mantiene en alerta permanente ante el anuncio de las jornadas de movilización del 7, 8 y 9 de diciembre. El contexto de protestas eleva siempre el riesgo para quienes están en primera línea en actividad informativa.